El Gobierno dio el vamos a la tramitación en el Congreso del proyecto de Ley de Rentas Regionales, titulada como "Regiones más Fuertes", cuyo objetivo es avanzar en financiamiento, descentralización y responsabilidad fiscal regional. La moción, ingresada con suma urgencia, fue derivada a la Comisión de Hacienda.

Con esto, se busca disminuir brechas internacionales asociadas a ingresos, gasto e inversión frente a países desarrollados, como también avanzar en la modernización del Estado y combinar mayores grados de autonomía fiscal con más mecanismos de transparencias, rendición de cuentas, control y probidad en el uso de los recursos públicos (ver recuadro). El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que "es un proyecto que constituye el salto más importante que vamos a tener en materia de descentralización fiscal desde la vuelta a la democracia".

Mientras el gobernador Ricardo Díaz, quien también preside la asociación de gobernadores regionales (Agorechi), llamó a los parlamentarios a respaldar la ley en su trámite en el Congreso.

Análisis

Entre las exautoridades de la región la moción genera opiniones contrarias. Para el exintendente Pablo Toloza (UDI) "es un proyecto que en sí es positivo para la región, para que haya mayor recurso y una mayor transferencia de autonomía en el uso de estos recursos". No obstante, indicó que "tengo ciertas aprehensiones".

"En primer lugar, tengo una prevención respecto de que, si no estamos colocando la carreta delante de los bueyes, en el sentido de que no es sólo entregar más recursos a la región, porque si uno analiza, por ejemplo, la gestión del Gobierno Regional en materia de recursos del año pasado fue muy mala. No se ven proyectos realmente emblemáticos que sean para el desarrollo de la región. Entonces, no sé si es la sola entrega de mayores recursos soluciona el problema de la región", argumenta el también exonvencional.

En ese sentido, para Toloza el paso previo a esta iniciativa es una fuerte "capacitación o una mejora, para poder ejecutar en forma eficiente esos mayores recursos, porque evidentemente nuestra región tenemos un problema importante desde el punto de vista de la ejecución de proyectos y sobre todo en la formulación de proyectos".

Mientras, la exgobernadora Fabiola Rivero (PS) comenta que "es un paso concreto para dotar de mayor autonomía a las regiones e implica un doble desafío. Por un lado, ser capaces de tener una masa crítica de personas capacitadas para el diseño, levantamiento y ejecución de proyectos, dotadas de un alto compromiso social y con altos estándares de probidad. Por otro, implica una exigencia a la clase política, en orden a asesorarse con equipos de trabajo que estén a la altura de lo que dicha independencia del nivel central representa".

Por su parte, el exintendente Jorge Molina menciona que "era muy buena oportunidad para que en esta ley se señalara la obligación de hacer presupuestos participativos, tanto para los gobiernos regionales como para los municipios, porque allí hay una gran asintonía entre el requerimiento ciudadano y las definiciones que se adoptan en definitiva".

Pero, con todo, la exautoridad sostiene que "mientras más capacidad de planificación prospectiva tengan los gobiernos regionales, mejor desempeño van a tener. Superar las trabas que ponía tanto la Dirección de Presupuestos como el Ministerio de Hacienda, como también el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, es un gran avance esta ley porque efectivamente les transfiere facultades de decisión a los gobiernos territoriales, cosa que no hicieron los tres decretos supremos por los cuales el Gobierno del Presidente Piñera transfirió competencias que eran en ordenamiento territorial a través de vivienda, en programas sociales, a través de FOSIS, (pero) no transfirieron ni recursos ni funcionarios y por lo tanto dejó un vacío muy grande en la ejecución presupuestaria".

Más crítico es Marco Antonio Díaz (RN), intendente durante el segundo Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Si bien destaca que se elevarían los controles asociados a la probidad en la gestión de recursos públicos, sentencia que en la modificación al FNDR estaba la posibilidad de "materializar la redistribución justa para Antofagasta": "Es inconcebible que mayor recaudación desde Antofagasta suponga menor participación al momento de recibir recursos en términos de proporción".

Modificaciones de las actuales fuentes de ingresos de los Gobiernos Regionales, cambios sustantivos a los actuales fondos, particularmente al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y otras transferencias del Gobierno Central.

Mayor autonomía y flexibilidad presupuestaria a los Gobiernos Regionales para decidir sobre el destino de sus ingresos, junto con establecer un régimen financiero propio, con mejores instrumentos de gestión presupuestaria.

Se fortalecen las herramientas de responsabilidad, disciplina fiscal, la rendición de cuentas, la transparencia en el manejo de los recursos y la participación ciudadana para resguardar la probidad en la función pública regional.

De igual forma, Hacienda resalta que la propuesta permite a los GORES solicitar autorización a esta cartera para poder financiar iniciativas de inversión relevantes para el desarrollo regional, mediante operaciones de crédito público.