Un nuevo conflicto sumaron a su historial, la Corporación Municipal de Desarrollo Social y el Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación (SIPPE), esta vez, debido a la incertidumbre que plantea el proceso de recuperación de clases.

De acuerdo a lo instruido por la seremi de Educación, la Cmds estaría obligada a realizar la recuperación de clases por el periodo que los profesores mantuvieron el paro (la que de acuerdo a los docentes corresponderían a dos semanas desde el 27 de abril al 12 de mayo), no obstante la corporación estaría negándose a aquello, por considerar que el paro, además de ilegal, fue realizado sólo por una minoría de docentes y establecimientos.

"Yo no puedo hacer recuperar a las personas que sí fueron (a clases), los estaría pasando a llevar a ellos, es un tema complejo, porque si tuvimos dos clases, una de biología y la otra de historia y solo uno fue ¿vamos a hacer ir a los niños para que tengan solo una clase? Es complejo, también tengo que ver la otra parte", explicó Belguin Cisternas, secretaria ejecutiva de la CMDS.

Asimismo, manifestó que "hay dictámenes de la inspección que indican que yo no puedo obligar a las personas que hicieron la clase, a recuperar, tendrían que darme un consentimiento para aquellas personas que ya asistieron".

Es preciso destacar que, pese a que oficialmente hubo cerca de 12 establecimientos municipales en paro durante las dos semanas, logrando la adhesión de 32 recintos en algún momento, hubo establecimientos como el Instituto Superior de Comercio (ISCA), que cumplieron más de un mes sin clases, debido a que sus funcionarios se apegaron al artículo 184 bis del código del trabajo, tras constatar diversos riesgos a su salud e integridad física.

Descuentos

Sobre el punto, la presidenta de SIPPE, Ivette Gareca, quien estuvo presente en el concejo, sostuvo que desde la corporación les notificaron que además de no realizar las recuperaciones, se harían los descuentos correspondientes por los días paralizados.

"Nosotros fuimos al concejo a exigir la recuperación de clases, pero sin descuentos como ya está anunciado por parte de la corporación, porque dicen que si se hacen las recuperaciones tienen que hacer descuentos, pero ahí entramos en la discusión de ¿quién va a hacer las clases si nos descuentan?", dijo.

Agregó que, producto de la falta de respuesta que han tenido respecto del petitorio, "vamos a realizar algunas acciones administrativas por posible abandono de deberes del alcalde, en su calidad de presidente de la Corporación, entendiendo que las escuelas no están en las condiciones que deberían estar; tampoco hay plan de recuperación, por lo que se pone en riesgo las arcas municipales, ya que si no hay recuperación, no hay subvención", dijo.

Sobre el punto, el presidente de la comisión de Educación del concejo municipal, Waldo Valderrama, explicó que "la Cmds sigue con la postura que había planteado anteriormente, de no hacer recuperación de clases y descontarle los días a los profesores, lo que me parece bastante lamentable (...) también lamento la falta de comunicación que han tenido con el sindicato, ya que ese fue precisamente uno de los puntos que más exigieron los docentes, el poder tener mejor condición de diálogo con los distintos órganos que componen las unidades educativas, a fin de avanzar".

Reunión

Posterior al concejo municipal, realizado ayer, se celebró una reunión entre el municipio y el seremi de Educación, Alberto Santander. Al respecto, el secretario ministerial explicó que "la reunión se dio en un tenor de buscar un trabajo en conjunto, poniéndonos a disposición para cooperar en todo aquello que esté dentro de nuestras facultades. Entre los temas tratados se habló de los proyectos de infraestructura que Cmds nos ha presentado, de la oferta de matrícula en la comuna, sobre las temáticas referentes a la alimentación en los establecimientos educacionales e hicimos énfasis en la obligatoriedad que tienen las entidades sostenedoras de realizar la recuperación de clases para dar cumplimiento al plan de estudios".

Detener el avance del crimen organizado a través de nuevas herramientas de investigación que apunten a desbaratar la economía de los delincuentes. Ese es el espíritu de la iniciativa presentada por la diputada Catalina Pérez (RD) y los parlamentarios del Frente Amplio, que se enmarca en una serie de acciones destinadas a optimizar la inteligencia económica del Ministerio Público con el objetivo de golpear uno de los puntos centrales de la actividad criminal: el dinero.

La propuesta busca profundizar la persecución de la ruta del dinero al rastrear, con autorización fundada del Juez de Garantía, movimientos sospechosos en un mayor catálogo de delitos, tales como sicariato, tráfico de personas migrantes, elaboración de estupefacientes, trata de personas, tráfico y venta de armas, entre otros.

La iniciativa busca contribuir a los objetivos establecidos en la Política Contra el Crimen Organizado que fue presentada por el Presidente Gabriel Boric en diciembre de 2022.

La diputada Pérez declaró que "buscamos desbaratar la economía de los delincuentes entregando herramientas al Ministerio Público para rastrear movimientos de dinero sospechosos y atacar el negocio del crimen organizado. La persecución de la ruta del dinero es fundamental para contener el avance de las organizaciones delictivas que tanto daño hacen a nuestros barrios y así evitar que sigan reproduciendo su modelo criminal mediante sus cuantiosos patrimonios que utilizan para captar nuevos integrantes o para corromper instituciones públicas y privadas, por ejemplo".

El proyecto cuenta con las firmas de los diputados Catalina Pérez, Jorge Brito, Consuelo Veloso, Ericka Ñanco, Jaime Sáez, Diego Ibañez, Gael Yeomans, Lorena Fries, Camila Rojas y Claudia Mix.