Congreso despacha el proyecto de Royalty a la gran minería del cobre y queda listo para ser ley
APROBADO. De acuerdo a las proyecciones del Ministerio de Hacienda, en la Región de Antofagasta se distribuirían recursos por un total de $23.145 millones, los que beneficiarán tanto al Gobierno Regional como a todas las comunas que la integran.
Ayer, en sesión especial y luego de más de cuatro años de tramitación, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó, por 101 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, las enmiendas realizadas por el Senado al proyecto de Royalty a la Gran Minería del Cobre, finalizando de esta forma su tramitación parlamentaria y despachándose para ser promulgado como Ley.
En general, el proyecto establece un nuevo esquema tributario para los explotadores mineros que produzcan más de 50.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF) al año que considera un impuesto ad valorem de 1% sobre las ventas anuales de cobre, y un componente sobre el margen minero con tasas entre 8% y 26% según margen operacional. Se fijó una carga tributaria potencial máxima entre 45,5% y 46,5% dependiendo del volumen de producción.
Esta nueva estructura impositiva empezará a regir a partir del 2024 y, en régimen, espera recaudar 0,45% del PIB (equivalente a aproximadamente US$ 1.350 millones), de los cuáles US$ 450 millones serán distribuidos directamente para impulsar el desarrollo productivo de las regiones y comunas en todo el país.
Recursos para la región
La futura Ley de Royalty, que cambia la tributación de la gran minería del cobre, establece que US$ 450 millones de la recaudación esperada se invertirán en aumentar las capacidades financieras y de gestión de los gobiernos regionales y municipios de todo Chile, a través de tres mecanismos.
Estos son el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, por US$ 225 millones a beneficio de los Gobiernos Regionales y que serán distribuidos según los criterios del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, por US$ 170 millones a favor de las comunas más vulnerables que presentan una mayor dependencia al Fondo Común Municipal (FCM). En total, más de 302 municipios recibirán recursos por esta vía.
Fondo Comunas Mineras, por US$ 55 millones para aquellos municipios que mantengan dentro de sus territorios faenas relacionadas directamente con la actividad minera, como yacimientos, fundiciones y refinerías, relaves, puertos, entre otros. En total son 32 comunas beneficiadas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O'Higgins.
De acuerdo a las proyecciones del Ministerio de Hacienda, en la Región de Antofagasta se distribuirían recursos por un total de $23.145 millones, los que beneficiarán tanto al Gobierno Regional y a todas las comunas de la zona. Si este monto se divide por la población existente, el aporte sería de $33.454 per cápita. Como ejemplo, el municipio de Antofagasta recibiría $2.951 millones, Calama $2.336 millones, Tocopilla $1.893 millones y Taltal $1.319 millones.
Años de incertidumbre
Para el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, la aprobación del proyecto de Ley de Royalty pone fin a un periodo de casi cinco años de incertidumbre para el sector, que a su juicio ha afectado las inversiones en la industria minera.
"Éramos escépticos en cuanto a que en la Cámara Baja pudieran atenderse nuestras argumentaciones técnicas, incluso temíamos que pudiese empeorar lo que salió del Senado. Ello no ha ocurrido y ha sido aprobado en la instancia, por lo tanto se convierte en ley", precisó el directivo.
"Hay que reconocer que lo que salió en definitiva es mejor que lo que en principio pretendía el Ejecutivo con una carga tributaria máxima de 50%. El ministro Marcel entendió nuestros argumentos e hizo varios ajustes al proyecto. Lo más relevante de esta iniciativa es que, por primera vez, se destinan recursos directos a las regiones mineras, lo que antes no ocurría debido a la centralización fiscal", agregó Riesco.
Asimismo dijo que la autoridad debería estudiar incentivos para la inversión, tal como ocurrió en el pasado con el DL 600: "Por ejemplo, podría haberse considerado un plazo de invariabilidad tributaria no inferior a los 15 años, con el propósito de dar certeza y seguridad al sector para desarrollar sus proyectos futuros".
"Esperamos que, a partir de los recursos que se generen, el Estado haga avances significativos en términos de eficiencia de las instituciones vinculadas al sector", añadió.