Uno de los grandes anhelos de la población regional, en los últimos meses, es sentirse seguros en los espacios públicos y en sus hogares, ello debido al aumento sin control de los delitos violentos. No es solo la percepción, muchos de los habitantes de las comunas de mayor densidad demográfica de la zona, han tenido una experiencia directa o de algún cercano con la criminalidad.

Por ello el gobierno lanzó el plan Calles sin Violencia, que tiene como objetivo devolver la tranquilidad a la ciudadanía, en un ataque frontal contra la delincuencia.

El plan, a fines de abril, empezó a funcionar en Calama y de acuerdo a versiones de Carabineros, los delitos han tenido un descenso de un 20%. Gracias a una labor focalizada en sectores conflictivos y en la persecución de los autores de crímenes violentos.

Las fiscalizaciones y controles se han multiplicado y ya dan sus primeros frutos con la detención de quienes son identificados como autores de algunos de los hechos de sangre y también de muchos que eran buscado por la justicia para cumplir sus condenas.

El inicio resulta auspicioso, más aún si a ello se suman los anuncios hechos por el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, quien dijo que se destinarán $22 mil millones al Ministerio Público, que servirán para aumentar la dotación de profesionales destinados a investigar y resolver casos graves, como los homicidios.

Esta era una de las aristas que faltaba apoyar, porque del buen trabajo del órgano persecutor depende el éxito del combate a la criminalidad. Investigar, buscar, detener y enjuiciar, aplicando el rigor de la ley, es lo que se debe hacer para contrarrestar la delincuencia y, principalmente, el crimen organizado.

La labor ya está iniciada y así como ya está rindiendo frutos en Calama, se espera similar éxito para Antofagasta.

Los resultados de la reciente elección de consejeros constitucionales trajeron novedades, pero también reafirmó tendencias que emergieron del plebiscito de salida del septiembre del 2022. Qué consecuencias tendrá el 7M sobre la futura Constitución, sobre el realineamiento de las fuerzas políticas y sobre la suerte de la agenda de políticas públicas del actual gobierno.

Las elecciones pasadas dieron una amplia mayoría a Republicanos, que les permitirán tener un control del horizonte de posibilidades políticas que tendrá el recién electo Consejo Constitucional a cargo de redactar el nuevo texto de la constitución. A partir de aquello ¿se puede señalar que el país o la región experimentó un giro conservador definitivo, que permitirá olvidar las demandas por transformaciones que requiere la sociedad chilena? Da la impresión, que aquellas aspiraciones solo quedaron temporalmente suspendidas por una coyuntura de explosivo aumento de la inseguridad, la inmigración ilegal y alza del costo de la vida, pero las preocupaciones por pensiones, salud y educación dignas siguen estando pendientes en la sociedad, las cuales no deberían ser soslayadas o ignoradas por ninguna fuerza política que más allá de lo identitario o testimonial aspire a gobernar en el futuro.

No se pueden sacar conclusiones tan rápidas o definitivas sobre el futuro en medio de un presente extremadamente líquido, determinado o dominado por una explosiva contingencia de inseguridad y temor que vive la sociedad chilena. Un porcentaje significativo de un electorado despolitizado y anti-establishment, situado más allá de izquierdas y derechas, llevado a las urnas de la mano del voto obligatorio expresó un mandato por un bien básico como es la protección, que a las fuerzas políticas en el gobierno les ha costado procesar y priorizar, un vacío que la oferta republicana ha llenado con nitidez.

Sin embargo, si aquellas condiciones de inseguridad pudieran ser superadas, nada impedirá en el futuro próximo el regreso de aquellas demandas suspendidas por la contingencia, de ahí la oportunidad que tendrán las fuerzas políticas con mayoría en el Consejo Constitucional para no repetir los errores del pasado reciente y ofrecer una carta que permita superar las turbulencias actuales.

En esta oportunidad, las fuerzas políticas vencedoras tendrán la posibilidad de transformar el éxito en una demostración de capacidad para superar las desconfianzas ciudadanas e impedir capitalizar un nuevo fracaso del proceso que les toca liderar. En cambio, para la izquierda la derrota debería abrir un nuevo espacio para superar las actuales divisiones generacionales de las dos almas que lideran el gobierno y apostar a construir una agenda destinada a fortalecer el papel del Estado, sin ello será imposible políticas públicas sostenibles más allá del ciclo político de un gobierno.

El slogan de la tienda, cuando ésta contaba con una larga y transparente trayectoria comercial era "La Polar, llegar y llevar". Pero como el tiempo lo trastoca todo, en la actualidad uno podría recurrir a la canción "Todo cambia", del chileno Julio Numhauser, interpretada magistralmente por Mercedes Sosa y renovar el citado slogan por el de "La Polar, llegar y estafar".

Hagamos historia. En 2009, su gerente general, Pablo Alcalde, fue elegido "el ejecutivo de la década" en una encuesta de La Tercera. El premio reconocía "el trabajo de un ejecutivo, que ha dedicado su vida profesional a entregarle excelencia a los negocios integrando una gran capacidad humana". Todo un panegírico con base de barro, como se develaría más adelante. Alcalde había llegado a la empresa en 1999, estando ésta al borde de la quiebra y la había catapultado hasta ser una de las multitiendas más importante del país. Luego en abril de 2011, como presidente de compañía, informó un balance macizo e intachable, auditado por Pricewaterhouse Coopers. Sin embargo, a los meses, en junio del mismo año, La Polar reconoció malas prácticas en su gestión crediticia ante la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, dado que unilateralmente había repactado deudas, durante seis años, a más de 400.000 clientes, quienes sin saberlo terminaron adeudando más del doble de lo que debían. Con esta anormal martingala contable, de informar una morosidad baja, la empresa no tuvo la obligación de provisionar dinero por ella, pues la deuda, había sido renovada y mostrada como una cuenta vigente y sana, lo que redundaba en su rentabilidad y en el valor de las acciones que subían como espuma, favoreciendo a sus accionistas e incluyendo jugosos bonos a directores y ejecutivos.

Ahora el fraude es otro. La Polar comercializó vestuario falsificado de grandes marcas. La prensa ha cubierto esta nueva triquiñuela delictual, con gran despliegue, pero poco se ha referido al daño que han tenido los clientes, quienes en su mayoría deben pertenecer a los quintiles más bajos de la economía. En una declaración oficial la empresa declaró "La Polar admite trazabilidad falsa en presuntos productos falsificados y anuncia querellas contra proveedores". Obviamente la redacción nebulosa e intrincada, no dice con claridad que la tienda engañó a sus clientes vendiéndoles prendas de marcas top a altos precios, que eran falsificadas. De paso intenta achacar la responsabilidad a proveedores.

Un conocido dicho, habla de la necesidad de eliminar una manzana podrida para evitar la pudrición del resto. En el caso de La Polar, dada la reincidencia de una situación ilícita, se podría pensar que la podredumbre era más profunda. Un diputado al referirse al caso expresó que, entre La Polar y los vendedores de cuneta, solo se diferencian por la corbata ¡Cuánta razón tiene!