"La percepción de la migración es hoy cada día más negativa", sostiene la experta en temas migratorios y exdiplomática, Soledad Torres (55), directora general de Legal Global Chile, quien detalla que todos los actores vinculados a este materia deben contribuir a adoptar medidas proactivas que eviten soluciones "parches" para abordar esta contingencia.

Torres, diplomática de carrera entre los años 1994 y 2013, se ha especializado en áreas como derecho migratorio, políticas públicas sobre migración, crisis migratoria en Chile, crisis migratoria internacional, tráfico de personas y bandas criminales extranjeras. Esta especialista participó del encuentro denominado "Inclusión y Diversidad" en la Universidad Católica del Norte (UCN).

El encuentro, organizado por la embajada de Estados Unidos, formó parte del primero de cinco conversatorios de un ciclo que recorrerá el país con el fin de analizar distintas temáticas sociales, como parte de la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre Chile y esta nación norteamericana.

En Antofagasta, en tanto, la inmigración consistió en el tema de análisis. "Antofagasta es uno de los lugares donde existe mayor descontento con la llegada de los migrantes", reconoce Torres, sobre un panorama que ha advertido tras consultas y asesorías prestadas en distintas regiones por la entidad que representa.

"Yo no soy partidaria ni del ingreso irregular, porque es cometer una falta contra nuestra legislación. Como también soy contraria al ingreso de personas extranjeras, como también en el caso de chilenas, que se dediquen a la delincuencia. Aunque las cifras así lo dicen, esas personas son lo mínimo en relación al gran mar de personas que sí vienen a aportar a nuestro país. Y ¿por qué el tema del descontento? Porque creo ha habido un manejo del tema en general, en los medios, la misma gente y los mismos políticos, que ven al extranjero, y en este caso al migrante que viene a quedarse como una afrenta a su estabilidad. Es como la idea de que siempre tenemos que buscar un culpable, en lo que es algo propio de la naturaleza humana".

"Yo creo que el tema migratorio, con sus cosas positivas y negativas, debe ser mirado de manera más objetiva. Porque no tenemos que perder de vista que estamos hablando de seres humanos, de personas, de familias. La gente, normalmente, que es migrante no migra porque viene a usufructuar de un país. Migra porque viene a trabajar, eso en grandes cifras. Aunque siempre hay excepciones en todas las materias (…) Esa visión negativa no se instala solo en Chile. Ocurre urbi et orbi", añade Torres, abogada de profesión.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la Región de Antofagasta figura como la segunda zona del país con mayor proporción de población residente habitual extranjera (7,2%), en un registro que encabeza la Región Metropolitana (61,3%). De acuerdo a Torres, el carácter minero de la Región de Antofagasta incide en la llegada de población extranjera a esta zona del país. Un rubro en el que, según afirma, este segmento de la población registra una marginal incidencia laboral. Distinto a lo que ocurre en actividades complementarias de servicios prestados a la minería, como alimentación y residencia, entre otras.

Impacto relativo

Para esta especialista, en tanto, la intensa agenda legislativa para agilizar los procesos migratorios requeriría de una política migratoria para abordar esta contingencia en forma integral.

"Yo creo que las últimas acciones de carácter legislativa, y las dos más importantes, que corresponde una a establecer el ingreso irregular de extranjeros a Chile sea considerado como un delito, no es una novedad. Nuestra ley anterior (de migración), que duró 45 años; entre 1974 y febrero de 2022, contemplaba el ingreso irregular como un delito, por lo que contemplaba penas. Ahora al intentar reponer que sea un delito, a mi juicio, no resuelve la situación. Salvo que tenga penas más severas, salvo que tenga una aplicación, y pueda surtir algún efecto. Pero en realidad es una medida que ya la tuvimos y que durante 45 años no surtió ningún efecto", dice.

"Y la segunda (medida), que es el control de detención. Yo creo que no debería existir una situación diferenciadora hacia los migrantes. Creo que el control de detención es para todas las personas, sean chilenos o sean extranjeros; cumpliendo con los requisitos que establece la ley pueden ser sometidos a control de detención. Lo que establece este nuevo proyecto, es que aquellas personas que no tengan papeles o no puedan acreditar una cierta situación migratoria sean puestas a disposición (de policías). Eso pueda ser algo que disuada el ingreso de más personas, pero si nos vamos a la práctica internacional, el efecto de estas medidas es bastante relativo", agrega Torres.

Medidas proactivas

La actual discusión parlamentaria vinculada a temas migratorios, con el fin de enfrentar esta contingencia humanitaria y social, podría ayudar si se agrega una postura proactiva por parte de las autoridades, comenta la directora general de Legal Global Chile. "Seguimos usando cosas parches, en que no vemos los resultados (...) Porque empiezan a llegar migrantes, y qué es lo que hacemos, es generar un debate legislativo para imponer restricciones al ingreso de estas personas, sanciones, expulsiones, controles de identidad y prisiones preventivas. Cuando lo que debemos hacer, como país entero, es sentarnos y analizar profundamente; y no solo el Gobierno, sino también las organizaciones sociales, privados y todos los actores que tengan que ver con el fenómeno, para que se haga un estudio respecto a cómo enfrentar este fenómeno, Y no que estemos cada vez que pasa un problema, decir vamos a generar o cambiar una ley", detalla Torres.

A una pena de presidio perpetuo simple fue condenado el ciudadano boliviano Fabián Nava Beyuma como autor de los delitos reiterados de abuso sexual impropio y violación impropia en contra de tres víctimas menores de edad.

La acusación fue sostenida por el fiscal adjunto Alberto Gallegos Morales, quien además logró una condena de 11 años de presidio contra un segundo imputado, Lucio Yupari Paco, también boliviano, por violación impropia reiterada en contra de una de las tres menores.

Los delitos se registraron entre los años 2019 y 2020 y tuvieron como víctimas a niñas de 8, 9 y 12 años de edad al momento de ocurrencia de los hechos, domiciliadas en Antofagasta.

Durante el periodo citado, el acusado Nava Beyuma tuvo contacto frecuente con las tres menores, mientras que Tupari Paco lo tuvo con la mayor de ellas, lo que fue aprovechado por ambos para cometer los delitos, de los cuales el Ministerio Público tomó conocimiento mediante denuncia de funcionarios de organismos estatales dedicados a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Testimonios

El fiscal Alberto Gallegos destacó el alto valor probatorio dado por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en la Penal de Antofagasta, al testimonio de las tres menores, lo que resultó fundamental para arribar a este resultado. "En este caso, como en otros que hemos tenido el último tiempo, el tribunal dio gran relevancia para la condena al testimonio de las víctimas, comprendiendo que para esta clase de delitos difícilmente se cuenta con otros elementos probatorios directos, en atención a que la naturaleza de los delitos sexuales cometidos contra NNA es ejecutado bajo el resguardo del secreto y sigilo, evitando la intervención de terceros que puedan auxiliar a las víctimas", explicó.

Gallegos comentó que un elemento diferenciador de este juicio fue el uso intensivo de una de las herramientas establecidas en la Ley 21.057, denominada "intermediación", a través de la cual es un juez quien realiza las preguntas a la víctima en una sala especial, bajo las directrices establecidas en el Protocolo de Nichd.

"Que el proceso de interrogación esté regulado por este protocolo no solo asegura que la información que se obtiene en el relato no es resultado de la inducción o presión ejercida sobre el NNA, sino que además asegura que ninguna pregunta va más allá de lo necesario para el juicio, es decir, que no vamos a lastimar o interferir en el proceso de reparación del niño o niña en el afán de condenar a un acusado", sostuvo.