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Eliminación de los ruidos molestos

La comuna de Antofagasta está en el primer lugar del ranking nacional de denuncias, lo que deja en evidencia que es un problema grave y que debe ser abordado. Lo positivo es que en el rubro de la entretención ha surgido la necesidad de establecer criterios y ceñirse a la norma en un ambiente de convivencia.
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El último miércoles se conmemoró el Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido. Una efemérides que para muchos pasa inadvertida, no obstante, para un grupo no menor les recuerda el problema que los aqueja y los incentiva a seguir luchando para que sus barrios estén libres de todo tipo de emanaciones de ruidos molestos. En la capital regional, si se analizan las estadísticas de denuncias que dispone la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), se podrá coincidir que en ciertos sectores se vive una situación grave.

El ranking de denuncias es liderado por la comuna de Antofagasta (628), seguida por Santiago (615), Providencia (504) y Concepción (489).

El mayor número de las denuncias se concentra en locales nocturnos como Discotecas y Pubs, los que funcionan con música en vivo o envasada, hasta avanzada la madrugada en un volumen que transgrede la norma para las llamadas fuentes fijas.

Los vecinos del Barrio Croacia están entre los más perjudicados y los que presentan mayor cantidad de denuncias. De allí la importancia del simbolismo de silenciar sus altavoces una hora, el miércoles pasado, al que se sumaron varios de este tipo de negocios.

Fue una muestra, pero no es una solución al problema final y que apunta a recobrar la tranquilidad en los sectores residenciales. Acabar con el bullicio ensordecedor tiene alternativas bien claras y exigen un compromiso de las fuentes emisoras, en este caso los locales nocturnos: tienen que invertir en medidas de aislación de ruidos o someterse al pago de multas hasta terminar en una clausura definitiva.

Lo positivo es que en el rubro de la entretención ha surgido la necesidad de establecer criterios y ceñirse a la norma en un ambiente de convivencia. Creen que pueden lograr avances en ese sentido y ser parte de la solución y no del problema.

La mirada vecinal no es distinta. Los dirigentes de estos barrios, exigen inversión en la búsqueda de insonorizar estos espacios de entretención. Junto a ello, definir horarios de trabajo en la semana y así entregar tranquilidad a los residentes.

Es posible caminar por esa vereda, pero necesariamente deberá ser bajo la convicción que los infractores deben solucionar sus problemas en beneficio de los vecinos.

El 7 de mayo, un desafío para la democracia

"Un esquema resultado de los esfuerzos por evitar la experiencia anterior, pero que podría tener el efecto negativo de debilitar la futura convención". Cristián Rodríguez Salas, Director del Instituto de Políticas Públicas UCN
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El domingo 07 de mayo, nuevamente los ciudadanos deberán concurrir por medio del voto obligatorio a elegir a los y las 50 representantes que integrarán el Consejo Constitucional, el que deberán redactar una propuesta constitucional que se plebiscitará el 17 de diciembre de este año.

A diferencia del fallido proceso anterior, el contexto sociopolítico que rodea el proceso actual es muy diferente del anterior. En primer lugar, en la Región de Antofagasta al igual que en resto del país, los negativos efectos de la experiencia pasada y las preocupaciones ciudadanas por la contingencia han disminuido de manera preocupante la atención frente a la nueva elección. La Encuesta Barómetro Regional de Antofagasta, realizada por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte constató que los principales problemas señalados por los entrevistados, como son la delincuencia, la inmigración ilegal incontrolada y el costo de la vida han tenido como resultado una aguda disminución en el apoyo ciudadano a la democracia, que experimento un agudo descenso del 73 % de adhesión el año 2021 al 42 % en abril del 2023.

En segundo lugar, el proceso actual se organizó de muy diferente manera, ya no habrá hoja en blanco para escribir el nuevo texto, sino un esquema preestablecido por los partidos y el Congreso Nacional como es el Acuerdo por Chile, un estatuto que impone 12 principios que deberán ser integrados y que no podrán ser traspasados. A lo señalado, se agrega una Comisión compuesta por 24 expertos que redactaran un borrador que servirá de base para el trabajo del Consejo Constitucional; y adicionalmente, al final del proceso se incorpora un Comité técnico compuesto de 14 integrantes, el cual tendrá por misión revisar el apego de las normas aprobadas a las bases institucionales aprobadas en el Acuerdo por Chile. Un esquema resultado de los esfuerzos por evitar la experiencia anterior, pero que podría tener el efecto negativo de debilitar la legitimidad de la futura carta constitucional.

El actual proceso constitucional no estará exento de dificultades y de riesgos. La centralidad de las preocupaciones por la aguda situación de inseguridad que golpea al país y la región, no solo han afectado negativamente la valoración ciudadana en la democracia y sus instituciones, sino que también han terminado invisibilizando o al menos debilitando la importancia de los grandes temas institucionales que definirá el Consejo Constitucional que se elegirá el 7 de mayo. También, son difíciles los pronósticos sobre los resultados, cuando esta será solo la segunda ocasión en que el voto obligatorio empujará a las urnas a un amplio porcentaje de ciudadanos mayoritariamente desafectados de la política, que solían no participar de los procesos electorales en el pasado, y que componen una población atemorizada por los embates de la inseguridad.

Un contexto que esperamos sea superado en las urnas, con el objetivo de facilitar los acuerdos institucionales que posibiliten las transformaciones políticas, sociales y económicas que el país y las regiones esperan de este nuevo ensayo.

El plebiscito que viene

"La ciudadanía espera un texto justo, equilibrado y flexible". Carlos Tarragó, Fundador Corporación Proa
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Las encuestas de opinión, con relación al próximo acto eleccionario del Consejo Constitucional a realizarse en mayo próximo, adelantan que, mayoritariamente los electores muestran apatía por el proceso. No obstante, la indiferencia ciudadana, se espera una votación masiva dada la condición del voto obligatorio. Esta situación supone un gran riesgo populista, ante la posibilidad que los electores no filtren a los candidatos por su trayectoria y méritos para aportar racional y argumentalmente al estudio y análisis del texto a proponer y, contrariamente, se inclinen por candidatos más publicitados o por rostros más vistos y habitués de programas televisivos faranduleros.

Nadie duda el tremendo desafío que tienen entre sus manos los integrantes tanto de la Comisión de Expertos, del Comité Técnico de Admisibilidad y del futuro Consejo Constitucional. Estos, de acuerdo con el interés nacional, deberían tender a despojarse de la vestimenta política que los identifica y estar dispuestos a ceder en sus aspiraciones ideológicas, con el propósito de consensuar una propuesta a la ciudadanía que, logre la adhesión mayoritaria del electorado.

En el ínterin los políticos, con excepción de ciertos representantes de conglomerados ultristas, han ido emitiendo señales prudentes y equilibradas en cuanto a que en esta oportunidad hay que ofrecerle al país un proyecto que cuente con una amplia mayoría. Lo contrario sería caer en un estado que nadie espera y que podría ser perjudicial y retardatorio para muchos aspectos ciudadanos que han sido postergados y que claman soluciones urgentes.

Estimo que la ciudadanía espera una propuesta constitucional sin sesgos refundacionales ni defensa de intereses corporativos minoritarios; que considere implementar las medidas y cambios que conduzcan al país, hacia un nivel de desarrollo económico sostenible, donde la iniciativa privada sea el motor principal de la economía; con una carta de navegación diáfana respecto de los pasos necesarios a establecer un Estado democrático y social de derecho, que impulse los cambios necesarios tendientes a que todo ciudadano logre vivir con dignidad.

Al respecto, nadie objeta que la delincuencia es el problema más crítico que afecta al país y por esto, tanto el poder ejecutivo como el legislativo están haciendo esfuerzos para afrontarlo en forma ágil, oportuna y severa. No obstante, la urgencia con que se debe abordar este flagelo, no debe dejar de lado, que la masiva manifestación ciudadana de noviembre de 2019 fue una expresión transversal y reivindicatoria, donde las carencias sociales y abusos denunciados, fueron reconocidos por moros y cristianos. Olvidar lo anterior sería asumir el gesto del avestruz, con el riesgo de insuflar más presión a una caldera social que está esperando la propuesta constitucional, para bajar o subir la tensión interna.