Concejales se unirán a querella contra el alcalde por presunto fraude al fisco
CIUDAD. Ediles Karina Guzmán, Norma Leiva, Waldo Valderrama e Ignacio Pozo, dieron su apoyo al requerimiento presentado por Luis Aguilera, respecto de las irregularidades en el último contrato de recolección de basura. Abogada explicó cómo se habrían configurado los delitos.
Un apoyo transversal entre los concejales de la comuna, tuvo la querella presentada ante el Juzgado de Garantía por el edil Luis Aguilera, en contra del alcalde Jonathan Velásquez, por los presuntos delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.
El primero en dar su apoyo a la iniciativa, que busca investigar y aclarar las irregularidades ocurridas durante el último contrato del servicio de recolección y disposición de basura (el cual habría sido modificado tras su aprobación en concejo por instrucción del mismo alcalde) fue el concejal Waldo Valderrama, quien evidenció la gravedad de la situación.
"Es sumamente preocupante lo sucedido. Resulta irónico que quien acusó a medio mundo de corrupción, haya terminado demostrando ser igual o peor que aquellos a quienes señalaba. En este sentido, es importante tomar medidas para esclarecer lo ocurrido y aplicar las sanciones correspondientes. La transparencia y la ética son valores fundamentales en cualquier ámbito, especialmente en la administración pública, y es nuestra responsabilidad velar por su cumplimiento", dijo.
Agregó que "estoy estudiando unirme a la querella presentada y considero que es necesario revisar exhaustivamente los demás contratos que pudieran estar involucrados en situaciones similares".
Una opinión similar, manifestó Karina Guzmán, al sostener que "me parece de extrema gravedad lo que está sucediendo, lo conversé con el concejal y me voy a hacer parte de la querella y de todas las otras acciones que podamos tomar. Recuerdo este contrato, lo rechacé porque ya veníamos viendo que habían cosas que no correspondían, y que podían perjudicar a los vecinos (...) por eso, me voy a hacer parte de esta querella para que esta situación se esclarezca y podamos terminar con los actos que pueden ser constitutivos de delitos".
Pronunciamiento
Respecto de esta situación la concejala Norma Leiva, explicó que "por ley el contrato que se firma debe ser copia fiel del contrato que se trae a aprobación del concejo, acá no hay cabida para errores administrativos, estamos hablando de la pérdida de millones de pesos que salen del bolsillo de todos los antofagastinos y como concejales debemos velar por el buen uso de los recursos públicos".
"Como concejo municipal hemos decidido actuar manera conjunta y estudiaremos la posibilidad de hacernos parte de esta querella. No podemos seguir permitiendo que esta administración de explicaciones sin asumir sus responsabilidades. Los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delito, por tanto, urge un pronunciamiento de un órgano de mayor jerarquía como lo son los tribunales de justicia".
En tanto, el concejal Ignacio Pozo, manifestó al respecto que "se va a proceder a realizar una investigación por fraude al fisco. Lo encuentro lamentable porque nuevamente vemos una autoridad que venía de un ambiente independiente, que venía a renovar la política, a cambiar y a sacar a todas aquellas personas que nos hacían daño y hoy esa persona está siendo investigada (...) hablamos de fondos públicos que no se utilizaron para sus fines, alterando una cláusula que fue aprobada por el cuerpo colegiado y eso es muy grave y por lo mismo me uniré a la acción que está realizando el colega".
Configuración de delitos
De acuerdo con la querella, que durante la jornada del martes fue declarada admisible, habrían sido las irregularidades presentadas durante el último contrato del servicio de recolección y disposición de basura el origen de los presuntos delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.
Sobre el punto, la abogada penalista y quien representa al concejal Luis Aguilera en la acción contra el alcalde, Karina Ibarra, manifestó que "en una primera instancia, estaba todo en orden con este contrato, porque el concejo aprobó este trato que se habría llegado con la empresa Demarco S.A., donde se estableció un monto determinado para que se pagasen estas prestaciones y condiciones por parte de la empresa Demarco, donde una de estas obligaciones era que ellos tenían que disponer de estos 200 contenedores de basura. Eso fue lo que se aprobó, pero luego, mediante la orden de servicio instruida por el alcalde, se realizó una modificación de carácter sustancial. Esto no es una indicación que no tenga un efecto trascendental o importante, aquí hay una defraudación en el erario fiscal, de 100 contenedores de basura; aunque un contenedor de basura esté evaluado en el contrato a $1, aquí hay un servicio que no ha sido prestado y eso fue autorizado de puño y letra por parte del alcalde, al establecer que se realizaran todas las adecuaciones necesarias para poner el contrato en marcha", dijo.
Agregó que "más allá del destino donde puedan estar estos recursos, o cuál es el beneficio a cambio de la omisión de eso, la pregunta es ¿por qué se está favoreciendo a una empresa particular para que, en sus prestaciones de servicios, incurran en menos gastos incumpliendo además con la ciudadanía en relación a 100 contenedores de basura, siendo que en el contrato que fue aprobado son 200? Existe además esta contravención en relación a que existe un delito que está en el artículo 193 del código penal, que habla de falsificación de instrumento público, porque precisamente hay un numeral que establece una adulteración del contenido del contrato", dijo.
"Hablamos de fondos públicos que no se utilizaron para sus fines, cambiando una cláusula que fue aprobada por el concejo, lo que es grave".
Ignacio Pozo, Concejal