Con el fin de conocer la realidad territorial "de primera mano" y el avance del proyecto de ley de royalty minero, la Asociación Municipalidades del Norte de Chile (Amunochi) que agrupa a 22 comunas, sostuvo una reunión con el ministro Mario Marcel.

El proyecto de ley de royalty minero considera a cerca de 300 comunas para ser beneficiadas directamente, a través del Fondo Común Municipal, que se va a duplicar, y además de las 29 comunas mineras que recibirán un aporte sustantivo. El tributo está asociado a la extracción de un recurso no renovable y es actualmente discutido en la comisión de Hacienda del Senado.

Marcel explicó que los recursos serán fijos y no tendrán incidencias por los vaivenes del precio del mineral. "Más aún en los primeros años -si se comienza el 2025- lo que recibirán las regiones será mayor al 35%. Esto significa alrededor de 450 millones de dólares que serán distribuidos a través de los fondos. Nosotros como ministerio de Hacienda, tenemos el compromiso del aporte hacia los regiones", aseveró.

El royalty minero dará paso, en caso de ser aprobado, a la creación de tres fondos: el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo; el Fondo de Compensación a Comunas Mineras; y el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial. "Los dos últimos fondos (Compensación y Apoyo a la Equidad) no son mutuamente excluyentes por lo tanto hay municipios siendo mineros son altamente dependientes de los recursos mineros", aclaró.

Sostuvo que en el caso del Fondo a Comunas Mineras, "nos preocupamos de comunas que no sólo sean de explotación minera, sino que también donde los puertos, relaves e industrias asociadas a la minería, lo que amplió la cantidad de comunas. En un principio teníamos 18 comunas y subimos a 32 especialmente de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo -que en el conjunto de los fondos recibirán 22,6% del total de los fondos. Esto implicaría que en algunas regiones todo los municipios perciban recursos".

Dudas

No obstante para Amunochi el proyecto en ciernes deja dudas en cuanto a la recaudación del royalty y respecto a los eventuales ingresos a las regiones y a los municipios que puedan ser descontados de otros aportes centrales como son: el Fondo Nacional de Desarrollo Regional o el Fondo Común Municipal. Lo anterior por efecto de la aplicación del principio de equilibrio fiscal. De hecho, en su momento, una situación similar se produjo en el Gobierno Regional de Antofagasta con los ingresos litio.

Es así como en el contexto de la reunión, los municipios de Amunochi manifestaron al ministro de Hacienda sus aprehensiones. Ante esto, el secretario de Estado aseguró "que nada de esto ocurriría -respecto al descuento de otros aportes fiscales-, porque se incluyó un artículo en la ley royalty, para tales efectos".

Ante la solicitud de Amunochi, el ministro se comprometió a enviar el mencionado artículo y los elementos que fueron considerados para desarrollar la distribución del royalty, considerando que algunas regiones -como Antofagasta- tendría una asignación menor, en relación a las toneladas de cobre que aporta anualmente. Así, por ejemplo, uno de los elementos que se considera la fórmula con la cual se hace el cálculo es el volumen de población, pero no el único; de ahí que los representantes de Amunochi consideren importante contar con los antecedentes de todos los factores.

Comunas fronterizas

En tanto Mario Marcel aseveró que los dilemas de las comunas fronterizas -que no están en el proyecto del royalty-, donde se han concentrado los problemas relativos a la migración y requieren infraestructura, se han planteado a la Subdere, con el propósito de generar una iniciativa o ubicarla dentro de la Ley de Presupuesto.

"Queremos recoger esto para discutirlo en los próximos meses en alguna iniciativa, como los impuestos correctivos que también tendrán devoluciones para los municipios", indicó.

Gerardo Espíndola, alcalde de Arica, afirmó que históricamente y de manera injusta la industria minera no ha entregado lo que corresponde al país, lo que también revela la falta de un Estado que exija los impuestos que corresponden.

"Por esto vemos con esperanza la ley del royalty, pues se empieza a avanzar con la justicia para el país y los territorios mineros. Nosotros, como alcaldes, prestamos todo el apoyo al gobierno para que se avance en el royalty", aseveró.

El edil dijo que en este marco de discusión se debe avanzar hacia la equidad de los territorios, "especialmente y a modo de ejemplo la Región de Arica y Parinacota, es la que recibiría menos recursos con esta ley -no considera recursos por Fondo de Comunas Mineras considerando que en la comuna de Camarones existe un yacimiento de cobre. Nosotros estamos dentro del ecosistema minero que es el que genera mayores ingresos al país, sin embargo, no entendemos aún porque nuestra región es la que recibe menos recursos, además tenemos una situación fronteriza. Dado nuestra ubicación debemos recibir un tratamiento distinto", señaló Espíndola.

Para el conjunto de gremios industriales del norte, los homicidios de Daniel Palma, cabo primero, y Rita Olivares, suboficial mayor de Carabineros, quienes murieron tras sufrir un impacto de bala en la cabeza, ha causado profunda indignación y agudizó la necesidad de una agenda de seguridad pública con amplio respaldo de todos los sectores.

Los representantes gremiales del norte indican que la misma impresión arrojó el reciente informe "Claves Ipsos", en el que 800 chilenos dan a conocer su percepción sobre los problemas de seguridad pública en el país y el rol del Gobierno en esta materia.

Panorama

Considerando los últimos 12 meses, 85% de las personas encuestadas declaró que los problemas de seguridad pública han aumentado, mientras que el 12% dijo que se han mantenido igual y solo el 3% cree que han disminuido.

Al ser consultados sobre cuáles son los actores que tienen mayor responsabilidad a la hora de enfrentar los problemas de seguridad pública, 76% mencionó al Gobierno como el principal responsable, seguido por los Tribunales de Justicia (64%) y Carabineros junto a la PDI (58%).

"Si bien los actores mencionados tienen una gran responsabilidad, la verdad es que todos somos responsables de mejorar nuestras condiciones de seguridad, ya sea colaborando con las policías, demandando más legislación en materia de seguridad o, en nuestro caso, alzando la voz desde regiones, a la vez que ofrecemos nuestra total colaboración para avanzar en una agenda por un país más seguro", dijo Juan José Ronsecco, presidente de la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (Corproa) junto a las organizaciones empresariales de la macrozona norte.

"Gran parte de las encuestas de percepción respecto de calidad de vida, establecen que la seguridad es el tema más preocupante, eso tiene que ser un llamado de atención para las autoridades. La agenda de seguridad pública requiere trabajo, dedicación e inversión a corto plazo, porque los actos delictivos se multiplican y eso es lo que la ciudadanía no quiere, seguir esperando a que ocurran las desgracias y convertirse en víctimas, comerciantes, vendedores, conductores del transporte público, adultos mayores, gente honesta y trabajadora que teme por su seguridad. Un estado permanente de estrés e inseguridad al que se debe poner freno a la brevedad", sostuvo Marko Razmilic, presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta.

El informe Ipsos también señala que, en relación con los temas de actualidad nacional que el Gobierno debiera priorizar, el 56% menciona la delincuencia, seguido por la inflación (35%) y la salud (30%).

"La macrozona norte está disponible para dialogar, apoyar una agenda que involucre a todos los sectores y trabajar por una alianza público-privada que impacte decididamente en promover más seguridad en nuestras regiones", agregó Ronsecco.

Cabe mencionar que durante el año 2022 murieron siete policías, siendo el año con más carabineros asesinados en dos décadas. En lo que va de 2023 ya se registran tres asesinatos de funcionarios.