"Tenemos la convicción que debemos proteger nuestros territorios. Hoy gracias a este acuerdo se reconoce el rol que ya de manera informal ejercíamos por mandato popular", declaró el martes el gobernador y presidente de la Agorechi, Ricardo Díaz, durante la ceremonia de firma del Compromiso Transversal por la Seguridad, documento que pretende ser una hoja de ruta para las autoridades en esta materia, como también en la prevención del delito y el acompañamiento a las víctimas.

Con 92 iniciativas legales, el acuerdo busca dotar a los gobiernos regionales de competencias en materia de prevención del delito, además de protección y apoyo a víctimas. Para los municipios, en tanto, la propuesta incluye modificar la ley orgánica constitucional para fortalecer su rol preventivo.

En detalle, los gobiernos comunales podrán incorporar criterios de seguridad en los instrumentos de planificación urbana y territorial; reformar los Consejos Comunales de Seguridad para dotarlos de mayor eficacia e incidencia, a través de la creación de un comité operativo de funcionamiento mensual; fortalecimiento de los planes de seguridad comunal incluyendo compromisos explícitos y verificables de las diversas instituciones involucradas, además de incorporar nuevos contenidos sobre protección de víctimas y perspectiva de género.

Asimismo, se establece la creación de una categoría funcionaria dedicada a las funciones de seguridad y fiscalización. Mientras, desde la Subdere se desarrollaría capacitaciones para inspectores municipales de seguridad y fiscalizadores, y se propone que puedan participar en la verificación del cumplimiento de medidas cautelares y de protección. Estos mismos funcionarios también podrían trasladar a detenidos hasta instalaciones policiales en caso de que retengan a personas en delitos flagrantes, para que estén a disposición de Carabineros o PDI, previa autorización de las policías.

"Atados de manos"

El alcalde de Mejillones y presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta (AMRA), Marcelino Carvajal, sostuvo que "me parece que estamos en el camino que quisiéramos todos". Planteó que, de acuerdo a las responsabilidades o facultades de cada organismo estatal, "muchas veces nos encontramos con una seguridad pública, especialmente la municipal, que está atadas de manos".

"Podremos ver los temas de medidas cautelares, podríamos también enfocarnos en los trabajos que hacemos en los consejos de seguridad de la comuna, donde podremos participar con los vecinos de los diferentes sectores para que conozcan la realidad y sean parte de este proceso, para bajar a las organizaciones comunitarias el tema de la seguridad", destacó el representante de municipios locales.

En esa línea, el jefe comunal de Mejillones profundizó que "cuando hablamos de que debemos ver el diseño y planificación de la ciudad, está claro que es para atacar el tema con alumbrado, sectores más amigables".

Coincidió la alcaldesa de Sierra Gorda y presidenta de la Amunochi, Deborah Paredes: "Este compromiso que dotará a los municipios de mayor protagonismo en seguridad en el contexto de la crisis que hoy viven las ciudades del norte, responde a las demandas propuestas por Amunochi al Gobierno en las reuniones sostenidas, y especialmente en la última sesión del Comité Asesor Interministerial". y añadió que "fortalecerá la función de los fiscalizadores municipales e inspectores de seguridad.

En tanto, la alcaldesa de Tocopilla, Ljubica Kurtovic, comentó que es "increíble que se oriente la gestión en seguridad a los municipios, porque básicamente no contamos con facultades ni responsabilidades en este tema. Las municipalidades se rigen por la Ley Orgánica Municipal, el Estado y las instituciones públicas a través de la Ley Orgánica constitucional de la República. Partiendo desde esa importante información, sugiero que se estudie en terreno cada zona del país".

Sobre ese punto, la jefa comunal argumentó que "el sur tiene sus particularidades y el norte también, entonces generar un criterio único, también es otro error". Por esto, indicó que "espero se reevalúen las orientaciones y se haga cargo de manera institucional el Gobierno y las instituciones policiales y de seguridad".

Apoyo y críticas

En cuanto al Gobierno Regional, el convenio establece que este órgano podrá trazar y diseñar planes y políticas de prevención. Del igual forma, los gobernadores podrán participar en instancias de coordinación y se fomentará la creación de convenios de colaboración entre el Ministerio del Interior y los GORE.

La consejera Andrea Merino (PS) aseguró que "este es el Gobierno que más ha avanzado en legislación, protocolos y acuerdos unitarios con los distintos sectores del Estado para combatir la delincuencia y el narcotráfico. Y particularmente este acuerdo, lleva medidas para que los Gobiernos Regionales también puedan colaborar en áreas preventivas, y que los municipios puedan hacer más cosas de las que hoy están facultados".

En tanto, el consejero Dagoberto Tillería (UDI) dijo que "valoro todo lo que sea relacionado a combatir de alguna manera la inseguridad. Rescato que se haya tomado en cuenta a las instituciones regionales y comunales, porque estuvieron las municipalidades, gobiernos regionales". No obstante, precisó que "me saltan varias dudas, de alguna forma lo encuentro como algo insustancial, porque no escuché cuándo, cómo y con qué recursos se llevarían a cabo estas medidas. Me parecen buenas intenciones, pero no algo tan concreto como uno pudiera esperar de un acuerdo de esta magnitud".

Por su parte, la consejera Carolina Moscoso (PDG) lamentó que la representación de los CORES no estuviera presente en el acuerdo, y manifestó que "tanto regional como a nivel nacional, los consejeros regionales estamos instando a no ser sólo una entidad financiera de las acciones en torno a temas de seguridad, sino a ser parte estratégica del trabajo coordinado con actores de la sociedad civil y de gobierno subnacional".

La comisión ad hoc de 'Análisis de Proyectos Críticos' del Consejo Regional de Antofagasta (Core), visitó la obra del Complejo Deportivo Escolar Corvallis para poder realizar una inspección visual de su estado actual, tomar registro fotográfico y analizar los problemas que se han generado en el entorno del proyecto.

La consejera Paula Orellana, comentó que "esta comisión nace por la preocupación que tenemos varios consejeros regionales que aprobamos proyectos y luego no vemos cómo las obras tienen su resultado final. Sobre todo, porque vemos que en los proyectos de infraestructura hay obras paralizadas y finalmente esos recursos se pierden, no hay una respuesta hacia la comunidad y tampoco hay sanciones o responsables en cuanto a cuando las obras dejan de ejecutarse".

Cabe destacar que la obra inició su etapa de construcción con la entrega de terreno el año 2017 y a la fecha ha alcanzando el 97,1% de avance físico pero no ha sido concluida-

A la visita acudieron las consejeras Paula Orellana, Andrea Merino, Paula Celis y el consejero Fabián Ossandón, además del seremi de Deporte, Diego Rojas.

Con el objetivo de despejar dudas e informar acerca de la futura instalación del Servicio Local de Educación Pública Antofagasta, el seremi de Educación, Alberto Santander y la subdirectora de la Dirección de Educación Pública, Paulina Sáez, se reunieron con ediles y representantes de departamentos de educación y corporaciones municipales de la región.

La reunión tuvo como eje central una conversación de anticipación para proyectar la correcta instalación del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Antofagasta, el cual será integrado por las comunas de Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda y Taltal, esto en el contexto de la implementación de la Ley 21.040, la que establece una nueva institucionalidad, en donde los establecimientos educacionales que son administrados por los municipios pasan gradualmente a formar parte de los Servicios Locales de Educación Pública que ahora funcionarán como sostenedores.

"Ha sido relevante la participación de alcaldes, corporaciones, en donde se aclararon dudas, derribamos algunos mitos y creencias que existían, como así también hemos recogido las demandas y necesidades que debemos incorporar en estas modificaciones normativas para una buena instalación de los servicios locales en la región", sostuvo el seremi de educación, Alberto Santander.