"Caso viáticos": nuevo capítulo podría incluir a la CDE
SIERRA GORDA. Solo cuatro de los 16 involucrados habrían devuelto los montos señalados por el Juzgado. Se acusa a la alcaldesa Paredes de no fiscalizar el cumplimiento de la medida.
Un nuevo episodio suma el llamado "caso viáticos" en la comuna de Sierra Gorda. Tras el fallo otorgado por el Juzgado de Cuentas de la Contraloría Regional, el cual fue ratificado por la Corte Suprema en septiembre del año pasado, esta semana se ha acusado a gran parte de los sancionados de aún no cumplir con el castigo que se les dio. En consecuencia, se está solicitando la intervención del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que fiscalice este hecho.
La sentencia consistía en la devolución de los dineros que componían los viáticos que concejales y funcionarios municipales recibieron en capacitaciones realizadas en diversas partes del mundo. Este hecho fue denunciado en 2016, y según Contraloría estos pagos no estaban debidamente justificados, por lo que debían ser devueltos. El monto total de estos se estima por sobre las 1.600 UTM, equivalente a una suma superior a los 100 millones de pesos.
El principal denunciante de este caso, Manuel Ramírez -excandidato al Concejo de la misma comuna-, ha indicado que solo cuatro de los dieciséis involucrados han hecho una devolución efectiva: la actual alcaldesa Deborah Paredes, la exconcejala Jenny Lagunas y otros dos funcionarios de la municipalidad. Otros sancionados han señalado públicamente que también han cumplido con lo requerido, pero según el denunciante no exisitiría la validación oficial .
"Aquí hay que ser categórico y claro, a la gente de la comuna se le está mintiendo. Lamentablemente a través de conversaciones con vecinos o publicaciones de redes sociales han informado falsamente que han pagado. Si yo estuviera mintiendo, alguna de las personas involucradas se querellaría contra mí, pero no ha sucedido porque la verdad está en la carpeta investigativa del proceso", afirmó el denunciante.
Es por ello que se busca llevar el caso al CDE, con el fin de que este pueda ejercer las acciones necesarias para ejecutar el cobro. Ramírez ha distribuido la información que posee entre los estamentos públicos involucrados, con el fin de que el consejo intervenga lo más pronto posible.
"La Contraloría debe enviar los documentos al Juzgado de Cuentas, el cual se lo debe enviar al consejo, y ellos empiezan a realizar los cobros judiciales a través de demandas. En caso de que los deudores no tengan dinero para cancelar, se hace un embargo de sus bienes de mayor valor. Yo he hecho todo lo posible para acelerar el proceso, pero ha pasado bastante tiempo", señaló.
Otras aristas
Sumado a lo anterior, el denunciante también está abordando el conflicto desde otras dos aristas. Por una parte, ingresó una denuncia a Fiscalía por daño al patrimonio público, con lo cual los deudores se arriesgan a cumplir penas de cárcel entre 541 días y cinco años y un día. Por la otra, se encuentra recabando antecedentes para presentar una querella por abandono de deberes .
Dijo que hay suficientes argumentos para denunciar que desde el municipio y el Concejo "no están fiscalizando ni resguardando los recursos municipales. Yo estoy esperando un par de informaciones para interponer una acción en contra de quienes no están cumpliendo con su rol".
También asegura que este proceso lo ha puesto en problemas: "Por hacer este tipo de denuncias, yo y otros vecinos recibimos bastantes llamados con amenazas. Se trata de una auténtica persecución política, en donde se quitan beneficios como represalias".
El Mercurio de Antofagasta intentó hablar con la alcaldesa Deborah Paredes para conocer su respuesta ante las afirmaciones planteadas por el denunciante, pero a la hora de cierre de esta edición esa comunicación no fue concretada.
"Aquí hay que ser categórico y claro, a la gente de la comuna se le está mintiendo. Lamentablemente a través de conversaciones con vecinos o publicaciones de redes sociales han informado falsamente que han pagado".
Manuel Ramírez, Denunciante