Los episodios de violencia que amenazan a las comunidades escolares han vuelto a manifestarse en este reinicio de clases cuando apenas han transcurrido tres semanas del masivo retorno a las aulas, ocurrido en un contexto de creciente inseguridad en el país.

Ante los habituales episodios de maltrato entre escolares, el Ministerio de Educación (Mineduc) implementó el año pasado una denominada Estrategia de Bienestar y Convivencia para el Sistema Escolar. Sin embargo, como muestra de que este tipo de comportamientos persiste, este mes en la comuna de Calama se sorprendió a un alumno portando un arma en un establecimiento municipal de la región de Antofagasta.

Un caso al que se agrega una investigación de oficio activada por la Fiscalía de Antofagasta para identificar al o los autores de las amenazas que afectaron a la comunidad educativa del Liceo Andrés Sabella de la capital regional también este mes. El mensaje, difundido en redes sociales, anunciaba un tiroteo en el liceo municipal que obligó a suspender las clases esa jornada.

Ambos episodios se suman a otros hechos de violencia que han puesto en riesgo la seguridad de las comunidades escolares en distintas zonas del país. Uno de los hechos más graves ocurrió tras una balacera registrada la semana pasada en las afueras de un colegio en Valparaíso, que terminó con un fallecido. En el lugar se habría percutado más de 20 disparos en contra de la víctima fatal; en un hecho delictivo que no registró lesionados dentro del recinto escolar.

Carlos Díaz, presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, en conversación con El Mercurio de Antofagasta, abordó el clima de violencia escolar al interior de recintos educacionales como en las afueras de estos tanto a nivel país como en la Segunda Región.

Díaz encabezó esta semana la entrega de una carta en La Moneda con el fin de que el Gobierno active un plan concreto para enfrentar esta contingencia. "Hemos dejado una carta a la Ministra del Interior debido a los serios problemas de violencia, asaltos y balaceras que peligrosamente se están instalando en las afueras de nuestros establecimientos educacionales. Tenemos denuncias de distintos lugares y comunas del país, como el caso colegios donde en sus afueras se han acribillado a personas. Esto nos parece una situación gravísima, sobre la cual no podemos continuar si no se implementan medidas concretas que vayan en línea de resolver esta situación por parte ya no del Ministerio de Educación, sino del Ministerio del Interior, porque estamos hablando de un clima de violencia gravísimo que se está instalando en nuestro país", dijo.

El representante del gremio de profesoras y profesores en el país incluso vincula algunos de los más graves hechos de violencia a la expansión delictual. En el caso de la balacera y homicidio registrado en las afueras de un colegio en Valparaíso, trascendió que la víctima corresponde a un reconocido "narco" de la zona. "Indudablemente que hay una situación fuerte del crimen organizado que está operando en muchos territorios del país. Las balaceras ya sea por festejos o por situaciones de duelos, ya son una práctica recurrente, y ya no hay ningún reparo ni siquiera porque estas en las afueras de un establecimiento municipal. En Valparaíso hace unos días veíamos como se acribilló a una persona en las afueras de un establecimiento educativo. Esto también tiene que ver con el clima de violencia lamentable que denunciamos el año pasado, cuando reconocimos un incremento fuerte de la violencia tras la pandemia. Aunque el año pasado muy poco se hizo sobre el tema", explica Díaz.

Realidad de Antofagasta

Según datos de la Superintendencia de Educación, en la Región de Antofagasta entre 2021 y 2022 se registró casi un 300% de aumento en las denuncias por maltrato escolar. El representante del Colegio de Profesoras y Profesores afirma que este tipo de episodios han impactados en las comunidades escolares de la Segunda Región. "Hemos tenido noticias desde allá sobre serios problemas en algunos establecimientos educacionales. Ya el año pasado hubo incluso movilizaciones de los docentes de las comunidades. Ha habido amenazas de tiroteos y la situación de Antofagasta no es ajena a lo que está ocurriendo en el resto del país. Vemos con mucha preocupación, ya desde el año pasado, lo ha venido ocurriendo en la Región de Antofagasta. También ocurre la misma tónica a nivel nacional (en Antofagasta), con el crimen organizado por un lado, aunque también robos, violencia e ingresos a los establecimientos educacionales con armas; lo que no va en línea con el uso de útiles escolares. Además el año pasado también tuvimos muchas denuncias en colegios de Antofagasta sobre situaciones en que se generaron episodios de violencia a partir de cosas que ingresaban los estudiantes y peleas al interior de los establecimientos", comenta Díaz.

"Es una situación que si se sigue solo observando desde fuera, sin tomar medidas concretas por parte de los sostenedores, por parte de los gobiernos locales y del gobierno nacional esta situación se puede escapar de las manos. Estamos hablando de hechos que ocurren en distintas comunas del país, pero que pueden recrudecer si no se toman las medidas respectivas (…) Particularmente en Antofagasta, en los establecimientos educacionales que están en los sectores periféricos, nosotros venimos escuchando desde hace mucho tiempo situaciones de violencia grave, en donde no hay respuesta de las autoridades. Creemos que la Corporación Municipal tiene mucho que decir, y la verdad es que creemos que han estado al debe. Hay que tomar medidas, y ese es el llamado que hacemos a la Corporación Municipal de Antofagasta y al Gobierno Regional también, para resguardar la seguridad al interior de los espacios escolares y también fuera de ellos", añade.

"Estamos hablando de hechos que ocurren en distintas comunas del país, pero que pueden recrudecer si no se toman las medidas respectivas".

Carlos Díaz, presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores

Durante su intervención en la Comisión de Hacienda del Senado donde esta semana se retomó la discusión de la propuesta de royalty a la minería, el vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Cristián Argandoña, sostuvo que la iniciativa "mantiene una carga tributaria excesiva, como lo avalan distintos cálculos".

"Si bien reconocemos la necesidad de generar adecuaciones, para contribuir mejor en el financiamiento de las necesidades sociales del país, esta propuesta afectará la competitividad del sector, constituyéndose en la práctica en una amenaza a la continuidad de varias operaciones y limitando severamente las inversiones futuras", complementó el ejecutivo.

Argandoña planteó además la necesidad que tiene el país de reencantar a la inversión: "Debemos impulsar cambios en nuestra legislación que otorguen mayores grados de certeza jurídica, agilizar el otorgamiento de permisos y generar una instancia pública que vele por una más expedita tramitación de proyectos".

Asimismo, recalcó que serequiere "consensuar los cálculos del royalty, compartiendo los supuestos de cada modelo y arribar a un escenario probable y compartido, para entregar un solo dato a la Comisión de Hacienda del Senado, que prontamente deberá pronunciarse sobre las indicaciones presentadas por el Ejecutivo sobre esta importante materia".

Rechazo En números

En su intervención, el vicepresidente de Sonami indicó que la carga tributaria actual de las empresas mineras con operaciones en Chile, se sitúa entre el 38% y 39% de sus utilidades antes de impuestos, mientras que la propuesta gubernamental "mantiene una carga tributaria excesiva y muy superior al nivel de nuestros competidores".

"Según los análisis de distintos actores, las tasas efectivas de la propuesta de royalty a la minería fluctúan entre el 42% y 63% dependiendo si las empresas tienen bajo/alto margen y si hay o no retiro de utilidades (en función del porcentaje del retiro)", añadió.

Cristián Argandoña puntualizó además que los países con que Chile debe compararse (Australia, Canadá y Perú) tienen tasas impositivas efectivas que oscilan entre el 36,4% y 41,7%. "Las tasas impositivas efectivas que el gobierno pretende con la propuesta de royalty, son significativamente superiores (en torno a 46% o más)", afirmó el directivo de la sociedad multigremial.