Hace poco el gobernador, Ricardo Díaz, comentó que fruto del acuerdo entre Corfo y SQM y gracias al buen momento en el precio y demanda del litio, habrá una recaudación adicional para la región de 107 mil millones de pesos. Una cantidad que supera los poco más de $90 mil millones, correspondientes al Fndr y que financian gran parte de los proyectos de desarrollo, y otros de menor envergadura, que se ejecutan en las nueve comunas.

Es una remesa importante que obliga a pensar cuál será el mejor destino que se les puede dar a esos recursos.

Nuestra zona, es rica en materias primas, pero nunca ha recibido la retribución que corresponde para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Persiste el concepto de ciudades-campamentos de los grandes centros mineros. Esto significa cumplir con estándares mínimos para que quienes vivan acá cuenten con los servicios para poder desempeñar sus obligaciones laborales.

No hay un incentivo para hacer ciudad, algo prioritario en estos tiempos.

Por esta razón es importante que nuestras autoridades puedan ver más allá de lo inmediato. Que sean capaces y que tengan la altura que se requiere para estructurar un programa a largo plazo, con metas alcanzables y con una gobernanza que traspase los distintos gobiernos.

El objetivo no puede ser otro que generar las instancias para contar con ciudades más amigables, desde la infraestructura hasta el tejido social, en las que sus habitantes -de todos los sectores-, tengan sus necesidades satisfechas en aspectos sensibles como educación, salud, deporte, cultura y entretenimiento.

Hace mucho tiempo que se habla de terminar con el concepto de campamento y no se ha avanzado mucho. Hoy se cuenta con recursos para sentar esas bases y generar una estrategia de aquí a treinta años.

No es un imposible si se toma con seriedad el desafío. Hay que buscar la sinergia mediante acercamientos entre el mundo estatal y privado, sumando al académico y al ciudadano y proponer cómo queremos ver a futuro a nuestra región. Es un ejercicio que no puede seguir postergándose, se necesita ahora.

A comienzos de los noventa iba pasando por calle Latorre frente a la desaparecida Librería Universitaria, atendida por la gentil y erudita Germana Fernández, cuando me llamó la atención el libro "CHILE LA MEMORIA PROHIBIDA", compuesto de tres tomos. Luego de echarle una mirada lo adquirí. Este recogía investigaciones y testimonios de hombres y mujeres que habían sufrido aberrantes violaciones a sus derechos, los cuales no constituyeron simples excesos de individuos aislados, sino que correspondió, como se ha comprobado, a una política de Estado, durante el gobierno militar. Después de leer el libro se lo presté a un exitoso empresario de la construcción local de derecha, quien, al devolvérmelo, en una tarjeta personal escribió: "Carlos, yo no tenía idea, gracias". Quedé satisfecho con el mensaje recibido, pues sabía que quien me agradecía, era un hombre honesto y cristiano, que con seguridad la información recibida, le había sacado la venda de sus ojos.

Ahora bien, en una columna de hace una semanas, el economista Sebastian Edwards comentó que su hijo Benjamín, nacido en California, le había pedido que le recomendara lecturas "sobre lo que había sucedido en Chile en los tempranos 70, especialmente después del Golpe de Estado. Hice una lista de 10 textos sobre la Guerra Fría, del marxismo leninismo, del MIR, de Patria y Libertad, del paro de octubre, de las JAP y del desabastecimiento (sic)". Sin embargo, confiesa, que luego de caer en sus manos el libro "La búsqueda", de Cristóbal Jimeno, hijo de Claudio, asesor del presidente Allende, quien fue asesinado a días del golpe militar y luego hecho desaparecer. "Bastó que leyera unas pocas páginas para convencerme que esto era lo que debía leer mi hijo". Edwards alaba a Cristóbal porque "no claudicó, hasta saber la verdad y que los hechores fueran juzgados y condenados (sic)". Continúa agregando: "Este volumen no solo debe ser leído por mi hijo, lo deben hacer todos los chilenos y chilenas al conmemorarse el 11 de septiembre de 1973, incluso como lectura obligatoria en los establecimientos escolares. Es un texto esencial que, sin odios ni revanchismos, pero con firmeza, nos habla de situaciones que no debieran volver a repetirse jamás (sic)". Titula su columna como "El libro de los 50 años"

A Edwards, se le reconoce una posición de derecha liberal, poseedor de una mirada bastante racional y alejada de dogmatismos, a quien nadie osaría de tildarlo de populista u oportunista. Sus opiniones precedentes, las considero bastante asertivas y apropiadas, sobre todo cuando a 50 años del gobierno de facto, aún persiste el negacionismo en buena parte de la derecha.

Corolario: Muchos de quienes estamos conscientes de los atropellos cometidos por el Estado durante el gobierno militar, no somos extremistas de izquierda ni abogamos por dictaduras de ningún signo.

Hace pocos días se dieron a conocer las nuevas cifras del catastro de campamentos realizado por la Fundación Techo(2023). Los resultados muestran una fotografía desalentadora para el país y la región. En la Región de Antofagasta, el número de campamentos lejos de decrecer aumenta desde 89 el 2021 a 135 el 2023. También las ocupaciones crecen en extensión espacial, si el año 2020 ocupaban 233 hectáreas en toda la región, actualmente superan las 730 hectáreas de acuerdo al Sistema de Información Territorial (SIT). Finalmente, el número de nuevas familias que ha decidido trasladarse a vivir en condiciones precarias y de riesgo supera los 5.600 hogares.

Las causas que podrían explicar el fenómeno social que afecta al norte de Chile son múltiples, la corriente migratoria, el alto costo de la vida, el alza de los arriendos y particularmente la crisis de la actual política pública de vivienda social basada en subsidios. La realidad ha demostrado que la política migratoria, no solo ha sido largamente superada por sus déficits regulatorios y de planificación para encauzar un fenómeno masivo, sino también por carecer de componentes sociales robustos para acoger de manera digna las necesidades básicas de los recién llegados. El mayor costo de la vida que afecta a la región de Antofagasta, multiplicado en la actualidad por el fenómeno inflacionario en ítem como los servicios básicos y los arriendos ha sido una fuerza que ha desplazado de la ciudad a miles de familias.

La actual política de vivienda social, diseñada hace décadas para una realidad que ya no va con los nuevos fenómenos urbanos, demostró ser insuficiente para resolver los problemas habitacionales de las ciudades de la región. La cobertura no alcanzó en número y con financiamiento insuficiente para movilizar activamente a la industria para producir soluciones habitacionales que permitieran frenar el déficit acumulado en tiempos razonables.

Una alternativa, que se ha planteado para enfrentar la emergencia de los campamentos ha sido la radicación y urbanización de las ocupaciones actuales localizadas en sectores sin riesgo. Una solución controvertida. Durante muchos años el Estado transmitió un relato, una promesa a las familias que ahorrando y esperando el turno podrían recibir un subsidio para acceder a la vivienda propia. Hoy en cambio, por más bordes y límites que se deseen colocar a la solución de radicación de las ocupaciones informales, el mensaje será contradictorio, un incentivo poderoso para multiplicar campamentos, un estímulo para los empresarios de los loteos ilegales.

En cambio, el Plan de Emergencia Habitacional ( PEH) anunciado por el gobierno parece ser una solución más integral, un instrumento que incorpora diversas modalidades para responder a la crisis habitacional que enfrenta el país, y en particular la Región de Antofagasta, la cuarta con mayor déficit a escala nacional. Aunque es de esperar que el Plan logre resolver nudos críticos como la gestión eficaz, el financiamiento, los cuellos de botella normativos e integre una planificación que permita un desarrollo urbano armónico. No obstante, aún queda pendiente para un futuro inmediato una política de vivienda superadora de la actual largamente sobrepasada por la realidad, que permita el acceso a una vivienda digna en tiempos razonables.