Redacción

El Presidente Gabriel Boric acusó ayer, durante su visita a la Región de Tarapacá que Bolivia entorpece la expulsión de migrantes irregulares que son sorprendidos atravesando la frontera y también apuntó a Venezuela por no abrir el espacio aéreo para los mismos fines.

"He mandatado a nuestro nuevo canciller (Alberto van Klaveren) a retomar las conversaciones con nuestros países vecinos, especialmente con Bolivia, con quienes no tenemos relaciones diplomáticas desde 1978 y que hoy en día no está llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera", dijo el Mandatario.

"Tenemos que solucionarlo", añadió Boric desde la comuna de Colchane, epicentro de la crisis migratoria.

El Jefe de Estado puntualizó que "cuando llegamos al Gobierno había una cola muy grande de expulsiones sin ejecutar, que se ha ido alargando producto de las dificultades. Cada una de las expulsiones cuesta 2,7 millones de pesos, pero esto no es solamente un problema de recursos, es un problema de que no se abre el espacio aéreo, por ejemplo, en Venezuela".

"Es un problema en los trámites administrativos para poder realizar el procedimiento de expulsión. Son muy engorrosos y muchas veces dificultan el encontrar a la persona que es objeto de la expulsión", detalló poco después de que la ministra del Interior, Carolina Tohá, revelara que aún hay 21 mil expulsiones pendientes de ejecutar y pidió también cambiar la ley para agilizar los procesos.

Además, el Mandatario anunció una serie de medidas con mejoras en los complejos fronterizos de la Macrozona Norte, mayor dotación de Carabineros y pavimentación de carreteras.

En detalle, se trata de un "Plan Nacional de Complejos Fronterizos" que comenzará en los recintos ubicados en Colchane, Chacalluta y Ollagüe y continuará con una modernización de la infraestructura de los 40 establecimientos fronterizos a nivel nacional para robustecer las acciones de control y mejorar las condiciones de trabajo de la PDI, Aduanas y SAG.

Habrá un plan de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de habitabilidad de los puestos de mando y puntos de observación en la frontera norte, para tener un sistema de control de nuestras fronteras más efectivo y eficiente. Además, se impulsarán dos proyectos de ley que buscan simplificar y acelerar los procesos de expulsión y se presentará la primera Política Nacional de Migraciones.

Sobre seguridad y conectividad, se construirá una nueva comisaría para Colchane y mayor dotación policial.

La Comisión Experta que tiene como tarea elaborar un anteproyecto de nueva Constitución antes de que éste sea revisado por el Consejo Constitucional que será elegido el 7 de mayo, rechazó incorporar un capítulo especial sobre las Fuerzas Armadas y de Orden.

En su defensa de la propuesta, Katherine Martorell (RN) afirmó que "Chile enfrenta nuevas amenazas como el narcotráfico, el tráfico de personas, el tráfico de armas, el contrabando, que dan cuenta de bandas organizadas pertenecientes al crimen organizado trasnacional. Resulta necesario un capítulo específico que incluya tanto a las Fuerzas Armadas, como a Carabineros de Chile y la PDI, ya que estas instituciones no son claves para la sociedad y la democracia, y también muchas veces deben actuar de manera conjunta en defensa de la nación y de la seguridad interior de nuestro país".

Con el argumento contrario, Gabriel Osorio (PS) planteó que la discrepancia en torno a la indicación "no dice relación ni con la valoración de las instituciones ni con su fundamento ni menos aún con la noble misión que desempeñan, sino más bien con su ubicación constitucional, el cual nosotros consideramos que debiesen estar a propósito del capítulo referido al Poder Ejecutivo".

El pleno también desestimó la indicación del oficialismo que incorporaba el capítulo de "Defensoría de los Derechos Humanos". Y fue aprobada "Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo".

Así, el índice del anteproyecto quedó de la siguiente forma: (1) Fundamentos del orden constitucional; (2) Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales; (3) Representación política y participación; (4) Congreso Nacional; (5) Gobierno y Administración del Estado; (6) Gobierno y Administración Regional y Local; (7) Poder Judicial; (8) Corte Constitucional; (9) Ministerio Público; (10) Justicia electoral y Servicio Electoral; (11) Contraloría General de la República; (12) Banco Central; (13) Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo; (14) Procedimientos de cambio constitucional; y (15) Disposiciones transitorias.