"El problema de las expulsiones ya era apoteósico en el gobierno anterior, ahora se ha hecho más difícil". De esta forma la ministra del Interior, Carolina Tohá, graficó el largo periodo que se vienen arrastrando las más de 20 mil expulsiones pendientes por concepto de ingreso clandestino al país, aun cuando ya están tramitados sus respectivos decretos para concretarlas.

El informe de la jefa de gabinete del Presidente Gabriel Boric se dio esta semana en la Cámara de Diputadas y Diputados, primero en la comisión investigadora de la corporación de la macrozona norte -donde participa el diputado regional, Jaime Araya (ind. - PPD) -, y posteriormente en el hemiciclo. La secretaria de Estado apuntó a la complicada logística que significa realizar estas expulsiones a cabo, algunas a causa de la actual Ley de Migraciones, pero principalmente aseguró que existen dificultades con los países de origen de estas personas para regresarlos, como el caso de Venezuela, nación que no daría las facilidades y documentación necesaria para tramitar las expulsiones.

Lógicamente, la situación generó debate entre los diputados de la Región de Antofagasta, dado a que la macrozona norte del país es la principal afectada por la migración irregular. Por lo mismo, algunos congresistas solicitaron mayor desglose de la cifra para abordarla a nivel local (ver recuadro).

Las mejoras

En tanto, el diputado Araya comenta a este Diario que "las mejoras que se deben impulsar son, primero, como señaló la ministra Tohá, simplificar la notificación, y en eso la notificación por correo electrónico satisface el estándar que requiere la Ley de Procedimiento Administrativo para su ejecución. Esto le permite al extranjero infractor ejercer los derechos y recursos que la ley le permite. Por lo tanto, sería un procedimiento administrativo completamente ajustado a derecho".

A esto añadió un segundo punto, que, en opinión del parlamentario, sería "los plazos de expulsión, porque 48 horas para ejecutar la orden desde que se notifica me parece un plazo excesivamente corto. Entiendo que el Gobierno ha impulsado en el Senado una ampliación a cinco a días, pero creo que sigue siendo un plazo bastante exiguo, dada a la complejidad que implica una expulsión. Debiera ser un plazo no menor a 30 días corridos desde que se notifica la expulsión para que se ejecute conforme a derecho".

Mientras, la diputada Catalina Pérez (RD) aborda los obstáculos del gobierno venezolano a la hora de devolver a los ciudadanos de este país a sus tierras: "Para esto son transcendentales los diálogos regionales que el Ejecutivo ha iniciado". Y también resalta que "el proyecto que aprobamos esta semana va en la línea correcta de hacer más expedito el trámite de la expulsión administrativa a través de la posibilidad de realizar la primera notificación vía carta certificada o correo electrónico".

Del mismo modo, la congresista Yovana Ahumada (ind.) observa "es sumamente complejo cuando tenemos un problema con el país de origen de quienes queremos hoy día expulsar, ya que no son recibidos o hasta el minuto no se quieren recibir".

Además, agrega que "no tenemos claridad de dónde están, cómo poder ubicarlos. Porque no es que ellos estén retenidos en alguna parte, sino que andan libres".

Por lo pronto, Ahumada sostiene que "debiéramos al menos tener un trabajo de la Cancillería para poder comenzar la devolución de estas personas a través de las fronteras", recalcando que se requiere un diálogo "con nuestros países vecinos".

Gastos

Con todo, para el diputado Araya recalcó que "no porque sea caro y difícil de hacer se tienen que dejar de ejecutar las órdenes de expulsión, eso es lo fundamental", en base a la información dada a la Cámara por el director nacional de Migraciones, Luis Thayer, quien expresó que cada expulsión estaría costando aproximadamente $2 millones 700 mil.

"El tema de los recursos es fundamental que queden disponibles. La complejidad que está trayendo a nuestro país la migración irregular tiene que resolverse y los costos no pueden ser un impedimento, tal como señaló la ministra del Interior", subrayó Araya.

En esa línea, el diputado Sebastián Videla (ind. - P. Liberal) afirmó ayer que "vamos a oficiar para conocer en detalle cómo se han generado estos gastos para que las personas salgan del país. Vamos a seguir en detalle cómo se va ejecutando para poder seguir haciéndolo, pero con un gasto óptimo".

Críticas

En tanto, el diputado José Miguel Castro (RN), criticó los argumentos dados por la ministra Tohá, asegurando que sus "explicaciones comienzan a aburrir, ya que sabemos, que más que notificaciones o recursos, lo que hay detrás de esta desidia es una resistencia ideológica para expulsar".

Hasta el palacio de La Moneda llegaron la mañana de ayer las senadoras RN Paulina Núñez y María José Gatica para entregar una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric solicitándole dar suma urgencia a 20 proyectos de la llamada agenda de seguridad, entre los que se cuentan iniciativas que endurecen las penas a quienes agreden a carabineros y les brindan una mayor protección. junto a ellas también fue el alcalde de Puente Alto, Germán Codina.

La acción de las senadoras de Renovación Nacional se dio luego de la muerte, ocurrida el martes, del cabo primero de Carabineros, Alex Salazar, y busca "que el Gobierno muestre voluntad política para abordar y dar urgencia a los proyectos de ley que ya están en el Congreso".

La senadora Núñez criticó que, "mientras el país lamentaba el asesinato de un carabinero, la ministra Carolina Tohá citaba al general Yáñez para llamarle la atención. Lo queremos decir con todas sus letras: no era el momento ni correspondía".

La legisladora de Antofagasta subrayó que "el hombre que atropelló al cabo Salazar podría haber recibido 40 años de cárcel si el proyecto de ley Naín hubiera sido aprobado, pero a la propuesta le faltaron sólo tres votos para convertirse en ley, de los entonces diputados Boric, Jackson y Vallejo y hoy, con suerte, recibirá 10 años de presidio".

La senadora Gatica, en tanto, explicó que "estamos acá para reiterarle al Presidente Gabriel Boric cuáles son las prioridades de las chilenas y chilenos, porque no podemos seguir esperando para tener seguridad, hacer valer el estado de derecho y que las familias se sientan tranquilas." En esa línea, argumentó que "en el Congreso hay cerca de 20 proyectos de ley en esta materia, al menos dos de los cuales inciden directamente en la entrega de mayores facultades y protección a nuestra institución de carabineros de Chile".

"Me preocupa muchísimo". Así manifestó el diputado de Antofagasta, Sebastián Videla sobre la aprobación del proyecto minero Comahue que se ubicará en la comuna, provincia y Región de Antofagasta, a una distancia aproximada de 22 kilómetros de la capital regional.

No obstante, este proyecto también se realizará a 4 kilómetros de la reserva nacional La Chimba, lugar al norte de Antofagasta que alberga 350 especies nativas. "Esto se debe cuidar y debemos hacer lo posible por protegerlo", acotó.

En este sentido, el parlamentario expresó que, "hemos dicho en reiteradas ocasiones el daño y la afectación al medioambiente por parte de este proyecto, por lo que mismo accionaré con todos los mecanismos que tengan como diputado, vamos a fiscalizar y evaluar otras acciones".

El diputado enfatizó que, "es lamentable que se ponga por delante otros beneficios y no el bienestar y salud de los ciudadanos de la región. Seguiré adelante con todas las acciones para lograr cambios en este proyecto".