Los cuerpos de otros dos militares que murieron en un río de la región de Puno, en el sur de Perú, fueron encontrados ayer lunes por equipos de rescate, con lo que se elevaron a cuatro las víctimas mortales de este incidente, mientras otros dos aún permanecen desaparecidos, informaron fuentes oficiales. El Ministerio de Defensa (Mindef) señaló en Twitter que durante la mañana de este lunes se rescataron los cuerpos del cabo del Ejército Peruano (EP) Elvis Pari Quiso y del soldado Elías Lupaca Inquillas.

Horas antes, el ministerio había confirmado las muertes de los cabos Franz Canazas Cahuaya y Alex Quispe Serrano.

"Hoy colocamos nuestra bandera a media asta en señal de duelo y respeto en memoria" de los fallecidos", indicó en referencia al suceso ocurrido este domingo, cuando los militares intentaron cruzar el río Ilave, en Puno, supuestamente para evitar un enfrentamiento con manifestantes antigubernamentales. En un comunicado previo, el Mindef aseguró que la búsqueda se realizará "de manera ininterrumpida" y que se ha abierto "una exhaustiva investigación para esclarecer los hechos, y determinar, de ser el caso, las responsabilidades ".

El Mindef también condenó "enérgicamente la actitud hostil ejercida contra la patrulla del Ejército (...) por parte de violentistas que les impidieron el paso" y aseguró que esto obligó a los militares "a tomar una ruta alterna que cruzaba el río con el fin de evitar un enfrentamiento con dichos elementos radicales".

El domingo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dijo que los militares integraban una patrulla que se iba desde la localidad de Ilave hacia Juli, donde manifestantes quemaron el sábado una comisaría.

Además de los fallecidos, entre los desaparecidos hay otro cabo y un soldado, mientras que cinco militares más fueron internados en el hospital de Ilave por hipotermia.

Violencia

El sábado, unas 300 personas atacaron la comisaría de la ciudad de Juli con piedras y objetos contundentes por varias horas, y finalmente la incendiaron, según informó un comunicado conjunto de los ministerios de Defensa y del Interior.

A raíz del ataque resultaron heridos 10 policías, que fueron evacuados en helicóptero, y también 7 civiles que fueron atendidos en el hospital Rafael Ortiz Ravines. En forma paralela, agregó el comunicado, otro grupo atacó la base militar de Juli, establecida temporalmente en un hotel, lo que provocó contusiones y cortes a diez efectivos del Ejército.

En la región de Puno se mantienen los bloqueos de caminos y paros de actividades desde enero pasado, cuando sus pobladores salieron a las calles a exigir, entre otros temas, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y murieron 18 civiles en la ciudad de Juliaca.

El jueves pasado, una delegación de pobladores de Puno llegó a Lima para sumarse a las protestas antigubernamentales que también exigen elecciones generales anticipadas, el cierre del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente.

El Gobierno de Boluarte ha declarado el estado de emergencia en Puno, donde el control del orden interno está a cargo de las Fuerzas Armadas, con apoyo de la Policía Nacional de Perú.

Tras la muerte y desaparición de los militares, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, envió un oficio al presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Diego Bazán, en el que le solicita presentarse ante ese grupo de trabajo "con el fin de informar sobre los lamentables hechos ocurrido en Puno".

Informe por autogolpe

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de Perú aprobó ayer el informe final que recomienda acusar a la exprimera ministra Betssy Chávez y a los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez de coautores del fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Con 17 votos a favor, dos en contra y una abstención, el grupo de trabajo que preside la legisladora conservadora Lady Camones dio luz verde al documento que sugiere acusar a los exministros por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración, en calidad de coautores.

Ahora, el informe, que elaboró el parlamentario Wilson Soto y que también recomienda suspender de sus funciones parlamentarias a Chávez y Sánchez, deberá ser ratificado por la Comisión Permanente antes de llegar al pleno para su debate y votación.

La Policía iraní aumentó ayer la presencia de patrullas en los centros educativos femeninos para evitar nuevos envenenamientos de alumnas, lo que no ha evitado nuevos casos de estas misteriosas intoxicaciones con un supuesto gas.

"Hemos incrementado el número de patrullas fijas y móviles en los alrededores de los colegios y dormitorios para proteger a nuestros queridos estudiantes", dijo el portavoz de la Policía, Montazer Mahdi, según la agencia ISNA. "Queremos asegurar a nuestros compatriotas, en especial a nuestras queridas hijas, que con la cooperación de las instituciones y la ayuda de dios pondremos fin a estos actos despreciables", indicó Mahdi.

La oleada de envenenamientos con un supuesto gas en instituciones educativas femeninas comenzó en noviembre en la ciudad santa del chiísmo de Qom y se ha multiplicado en los últimos días, sin pistas de quién se encuentra tras estos ataques.

Más de mil alumnas han sido intoxicadas de forma leve en decenas de ciudades del país y han sufrido dolores de cabeza, palpitaciones, nauseas, mareos y en ocasiones la imposibilidad de mover las extremidades tras percibir un olor a naranja podrida y productos de limpieza.

A pesar del aumento de la presencia policial, las alumnas de un colegio de primaria fueron víctimas de un nuevo caso de envenenamiento en la ciudad occidental de Kuhdasht, y fueron trasladadas a un hospital, informó el diario reformista Shargh, que indicó que las jóvenes se encuentran bien.

En otro colegio de la ciudad de Lar, en el sur del país, se produjo otro incidente similar y algunas estudiantes permanecen bajo observación médica, según la agencia Fars.

En medio de la oleada de casos y el descontento popular, el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, calificó ayer de "crimen imperdonable" estos ataques y afirmó que si se prueba que son deliberados los culpables deben "recibir el castigo máximo", que en Irán es la pena de muerte.

Según los datos del ministerio del Interior, se han producido ataques con gas en 52 colegios, un número indeterminado de alumnas resultaron intoxicadas y 28 han sido hospitalizadas, unas cifras muy lejos de las que proporcionan medios iraníes y grupos de activistas.

El presidente de Irán, Ebrahim Raisí, ha culpado de los envenenamientos a "enemigos" del país, un término que se usa con frecuencia para referirse a Estados Unidos e Israel.