Hace unas semanas la decisión del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, de iniciar el plan de demolición de las que denominó "narco-casas", fue largamente cubierto a nivel nacional, incluso su par de Antofagasta, Jonathan Velásquez, viajó hasta la capital para conocer los detalles del procedimiento. Era primera vez que una autoridad realizaba una acción de esta índole contra el narcotráfico, y que abrió una nueva estrategia para combatirlo.

Obviamente, esta decisión se amparó en la ley de Urbanismo, que permite a los municipios ordenar demoliciones de inmuebles que incumplen la normativa habitacional en cuanto a los deslindes y ampliaciones sin autorización.

Es decir, en el fondo se busca demoler viviendas que son utilizadas para acopio y venta de drogas, pero el resquicio legal que se utiliza para hacerlo, es la Ley de Urbanismo.

Esta medida, ha tenido más comentarios a favor que en contra, porque logra romper la cadena de financiamiento de estas bandas, las que incluso siguen operando mientras sus líderes cumplen condenas de presidio.

Con ese golpe se logra limpiar los barrios del tráfico de estupefacientes y de paso deja sin recursos a los operadores, quienes quedan atados sin poder seguir adelante con su negocio ilegal.

No son pocos quienes han manifestado que imitarán lo hecho en La Florida. El alcalde de Antofagasta se mostró abierto a adoptar procedimientos similares, previo estudios y análisis de los inmuebles que intervendrían.

Mientras que el jefe comunal de Calama, Eliecer Chamorro, viene trabajando en lo mismo hace meses. Ya en enero informó que contaban con el catastro proporcionado por los estudios de inteligencia de las policías con el apoyo de la fiscalía local y estaba pronto a ponerlo en marcha.

Con ello estamos frente a un momento importante de cómo las autoridades idean estrategias para combatir al narcotráfico que avanza en los distintos barrios del país, provocando dependencia y abriendo una cadena de robos, balaceras y muerte. Por ello, era tiempo de actuar y aspirar a que estas medidas sumadas a las de persecución del delito sean efectivas.

El narcotráfico es un delito sumamente peligroso y de ello somos testigos a diario en nuestras fronteras y fuera de ellas. Por eso se debe cortar su avance con creatividad y decisión.

Soplan nuevos aires en el Ministerio Público, que duda cabe. En las últimas semanas y meses hemos podido observar un jefe nacional de servicio en terreno, de manera permanente y abocado a organizar procesos investigativos de alcance suprarregional y hasta nacional. Primero en la macrozona sur, en la zona norte y, recientemente, en las causas que han afectado enormemente el sur de nuestro país. No estábamos acostumbrados a ver una autoridad operativa y, sin duda, ello nos permite tener nuevas esperanzas en que la labor investigativa tomará un curso de mayor eficiencia en los próximos años.

Con el fin de colaborar y aportar en dicha tarea me pareció pertinente referirme a algunos temas que hoy más que nunca resultan de interés público en materia de persecución penal.

El año 2015 fue aprobada la Ley de Fortalecimiento al Ministerio Público que, en su artículo 37 bis, estableció la creación del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos. Las unidades que formaron parte de este sistema se crearon justamente para generar información agregada de los delitos de mayor connotación social evitando el tratamiento caso a caso y, a la vez, para que pudieran formular orientaciones de persecución con el objetivo de lograr una gestión más eficiente.

Por otra parte, en agosto del año 2019, fue desarrollado un estudio por el Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, con el fin de "evaluar el Sistema de Análisis Criminal y de Focos Investigativos, SACFI. A partir de dicho estudio pudo evidenciarse los positivos resultados en términos de investigación de aquellos casos que eran tratados en el marco de estas unidades (llamados "casos foco").

Dicho lo anterior y a modo de ejemplo, puede señalarse que, en el caso de la Fase I de implementación de dichas unidades, se obtuvo que el 23,6% de los imputados de casos foco fue formalizado, mientras que para casos no foco ese porcentaje fue de 10,7%. En paralelo, el porcentaje de condenas privativas de libertad en causas foco fue de un 10% versus el 6% de las causas no foco.

Cabe también señalar que los casos no foco donde hubo alguna condena con privación de libertad provienen mayormente de flagrancia (entre el 80% y el 90%), mientras que esos porcentajes para casos foco son entre 40% - 50%. A todas luces este sistema creado el año 2015 e implementado de manera gradual en el Ministerio Público ha sido efectivo y eficiente, sin embargo, no se entiende que la saliente administración de la fiscalía haya destinado menos del 5% del gasto a estas tareas y hayan sido aplicadas a un porcentaje muy menor de casos. ¡Inexplicable!

Situaciones como éstas son las que deben revertirse bajo el nuevo mandato del fiscal nacional y pensar en extender lo más posible este tipo de iniciativas, incluso cuando ello lleve aparejado una revisión presupuestaria de modo de asignar mayores recursos en la investigación.

Cuando a diario somos testigos del flagelo de la delincuencia y de cómo ésta se extiende no solo territorialmente sino también en términos de nuevos y más violentos tipos delictuales, es más urgente que nunca apostar a métodos de investigación que hayan probado su efectividad y para lo cual sea dicho de paso, el Congreso en su momento aprobó importantes montos de inversión.

Pedro Araya Guerrero

Senador Región de Antofagasta

Está semana se supo de parte de la Contraloría Regional, en base a las solicitudes del concejal Luis "Llanero Solitario" Aguilera, que en los contratos celebrados con la empresa de seguridad Ingetech, en julio 2022, existió personal que desempeñó labores carentes de la certificación OS-10 de Carabineros de Chile. La Contraloría indicó igualmente que se habían eliminados los términos de referencias, adscritos a los tratos directos, acerca de las multas asociadas al incumplimiento de la certificación OS-10. El concejal apunta al director del departamento a cargo de esa área, la Dirección de Operaciones, el famoso, controvertido y polémico Rodrigo Silva. Pero acá hay otra dirección que está fallando llamativamente y de manera grosera para no decir sospechosa, y es la dirección jurídica a cargo hoy de Marcelo Pizarro S. M., porque quizás le correspondía a ellos señalar todo la que atrae con las multas; elemento que hubiese impedido renovar contrato a la misma empresa. Alguien tenía que dar la señal de alarma. Nadie lo hizo dentro de la municipalidad… y hoy el sumario que ordenó realizar Contraloría, deben llevarlos funcionarios… municipales. Estamos hablando de un trato directo de un monto mensualizado de $126.388.333.- IVA incluido y sin cobro de multas ni Boletas de Garantía por parte de la primera autoridad comunal.

Es interesante observar que de manera concomitante a aquello, en julio 2022, la Subdirección Gestión Red Asistencial realizaba, a través de un oficio, numerosas observaciones al modelo de gestión del Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta (HCUA) indicando que este no se encontraba aprobado por la Mesa Clínica, según la Resolución N°2714 que determinó los integrantes del Servicio de Salud para participar en mesa de trabajo con la Universidad de Antofagasta, en el contexto del Proyecto del HCUA. Hasta esa fecha, esa Mesa no había podido respaldar suficiencia técnica por parte del HCUA, de acuerdo al artículo N°7 del DFL-36, dado que no había sido entregado documentación de respaldo solicitada a dicha institución.

Sin embargo, la persona a cargo de la direccion del Servicio de Salud en ese momento, Mario Rojas, validó el comodato que aseguraba la continuidad del HCUA, mediante el uso de dependencias del exhospital regional , y con bombo y platillo se sacaron fotos para la prensa, el Gobernador Ricardo "súper profe" Díaz y el nuevo rector de la UA, Marco Cikutovic, que parece seguir torpemente la misma senda que dejó su predecesor en relación con este proyecto. Considerando el equipo cercano que decidió armar, tampoco es tan sorprendente.

El proyecto HCUA es un fiasco desde sus inicios, un elefante blanco, la pregunta que conviene hacerse acá es por qué frente a tal fracaso se decide seguir apoyando y financiando con dinero fiscal y del gobierno regional, tal fracaso. Es como decir, "las cosas no resultan, y por esa misma razón no cambiemos la fórmula y no subsanemos nada". O quizás hay otros intereses en insistir con aquello. Cualquier legislador que se daría el tiempo de "chequear" todo lo que no ha sido resuelto en relación con este proyecto haría un favor a la región y ayudaría a poner un poco de orden a aquello.

Pero al igual con lo que sucede con la municipalidad, nadie quiere complicarse ni perder nada. Solo hay que esperar que los prestigios de algunos se diluyan y los negocios de otros se compliquen. Así, luego llegarán otros y los remplazarán. Es la "belleza" de la democracia. Todos pueden ser ricos y/o famosos a un momento dado.