Autoridades regionales difieren por decreto que autoriza despliegue de FF.AA. en zonas fronterizas
SEGURIDAD. Luego de la toma de razón de Contraloría y publicación en Diario Oficial se proyecta que medida comience a operar en próximos días.
La atribución de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública para controlar la identidad de cualquier persona que se hallare al interior de las áreas de fronteras y proceder al registro de sus vestimentas, equipaje o vehículo, detalla uno de los artículos del Decreto con Fuerza de Ley (DFL) destinado al resguardo de las áreas de zonas fronterizas.
La resolución la publicó el Diario Oficial el lunes pasado, como normas generales emanadas desde el Ministerio del Interior. Una medida adoptada por el Gobierno en respuesta a la demanda surgida desde diversos sectores por la necesidad del reforzamiento de las estrategias de seguridad ante la expansión de ingresos irregulares y el alza de casos asociados a crimen organizado.
Para Humberto Flores (Ind), alcalde de la comuna de Ollagüe, la labor de apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en áreas limítrofes resulta indispensable en zonas de frecuente flujo irregular de contrabando. "Lo que hemos solicitado puntualmente a las autoridades ha sido el control en zonas críticas que hemos identificado, donde se puede evidenciar que hay salida de vehículos o ingreso a la comuna de sustancias o elementos que no corresponden, como drogas, armamentos y alimentos. Para eso hemos solicitado el apoyo de la Brigada Motorizada (del Ejército), para que junto a Carabineros, puedan implementar patrullajes en zonas críticas. Tenemos una vasta frontera, que resulta imposible controlarla en su totalidad, pero sabemos que cerca de Puquios pueden estar saliendo vehículos robados".
"Eso es parte de lo que hemos solicitado al Subsecretario del Interior (Manuel Monsalve), quizás empleando un poco de inteligencia y apoyo de drones para evidenciar alguna situación irregular que esté ocurriendo en sectores próximos a Ollagüe", añadió Flores.
Pronta implementación
El decreto para el resguardo de las áreas de zonas fronterizas, surge como parte de la discusión de la implementación del proyecto de infraestructura crítica aprobado por el Congreso. Según comentó el lunes pasado Monsalve, se espera que esta semana personal de las FF.AA. pueda trasladarse a zonas limítrofes de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
De acuerdo a datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, durante 2022 la Región de Tarapacá registró una tasa de casos policiales por Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) de 3.066,3 casos cada 100 mil habs., que corresponde a la tasa más alta del país. Luego siguen las regiones de Antofagasta (3.014,8), Atacama (2.900,6 casos) y Arica y Parinacota (2.887,6). La totalidad de estos registros supera la tasa total país (2.462,4).
Frenar ingresos
Para el diputado Jaime Araya (Ind-PPD), quien preside la comisión investigadora sobre criminalidad en la macrozona norte, el empleo de uniformados contribuirá a enfrentar la crisis de inseguridad en esta zona del país. "La puesta en marcha de la Ley de Infraestructura Critica, habilita al presidente Boric a determinar las zonas que serán custodiadas por las FF.AA. y, desde ese punto de vista, es claro que las fronteras y rutas de nuestra región requieren un resguardo especial, que permita complementar la labor que cumplen en la actualidad Carabineros y la PDI. En ese sentido el énfasis debe estar en impedir de manera absoluta los ingresos por pasos no habilitados y detener ahora, de manera tajante, todo ingreso irregular a Chile, sean de la nacionalidad que sean, pues hemos llegado a un límite intolerable. Este fin de semana en nuestra región se perpetraron homicidios, balaceras, violaciones y portonazos; y la ciudadanía espera que las autoridades actúen para combatir tanta delincuencia", dijo.
"En tal contexto es lógico implementar controles en rutas, apoyarse con la mejor tecnología que tengan disponibles las FF.AA. y especialmente en un trabajo muy articulado entre FF.AA., Carabineros, PDI y Ministerio Público. El intercambio de información es clave para una adecuada planificación de las operaciones militares. Hay que tener muy presente, que esto es una experiencia innovadora, y por lo tanto todas las instituciones del Estado deben estar a disposición para que esta herramienta sea eficaz para la protección de la ciudadanía", agregó Araya.
Legítima defensa
Mientras que la senadora Paulina Núñez (RN) afirmó que ante la compleja situación que enfrenta el norte del país, especialmente en la frontera, surge como "muy relevante" la ley N° 21.542. "El martes pasado se dio a conocer el Decreto con Fuerza de Ley que debía dictar el Gobierno para concretar las nuevas atribuciones de las FF.AA. y las reglas de uso de la fuerza mandatadas en la ley. Lamentablemente su contenido puede mermar considerablemente el objetivo porque no se les da a nuestras FF.AA. los resguardos adecuados para cumplir la nueva función. En primer lugar no se comprende por qué se restringe la legítima defensa, incluso más allá de lo que establece el Código Penal y el Código de Justicia Militar. Si corren el riesgo de enfrentarse con el crimen organizado transnacional, deben tener todas las garantías para actuar ¿cuál es el sentido de limitarlas?".
"Por otro lado, resulta incomprensible también que no se incorpore la eximente de responsabilidad contemplada en el artículo 208 del Código de Justicia Militar, que permite hacer uso de las armas cuando no exista otro medio racional de cumplir la consigna recibida ¿Por qué no se introdujo? En ese sentido el llamado al Gobierno es a subsanar esas importantes falencias porque la macrozona norte necesita que nuestras FF.AA. tengan todas las herramientas para poder actuar y resguardar nuestras fronteras adecuadamente", agregó Núñez.