Las autoridades peruanas esperan la pronta extradición del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) desde Estados Unidos, después de que se confirmara que el Departamento de Estado concedió entregarlo al país andino por delitos de corrupción vinculados con la empresa brasileña Odebrecht.

"La Fiscalía de la Nación, como autoridad central en materia de extradiciones, informa que se ha tomado conocimiento que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América concedió la extradición de Alejandro Toledo Manrique, por los delitos de colusión y lavado de activos", detalló la Fiscalía en Twitter.

El Ministerio Público agregó que la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación "viene realizando las coordinaciones con las autoridades nacionales y extranjeras para la próxima ejecución de su extradición".

Al respecto, el jefe de la Oficina de Extradiciones del Ministerio Público, Alfredo Rebaza, señaló que la Fiscalía espera que el expresidente esté "en días" en el país andino.

"Podría tardar unos días, no sabría decir cuántos, pero entendamos que la decisión de Estados Unidos en ambas etapas, la judicial como la del Ejecutivo, ha otorgado al Estado peruano la extradición", declaró en el Canal N

Ahora, dijo, "nace una etapa de coordinación" entre la Fiscalía, los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior, y la Policía Internacional (Interpol), con las autoridades de Estados Unidos.

Toledo es acusado en su país de recibir decenas de millones de dólares en sobornos de Odebrecht a cambio de favorecerla en sus negocios en Perú, cuando aún era presidente.

En concreto, el exmandatario ha sido investigado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, con relación a contratos concedidos ala empresa brasileña para la construcción de la Ruta Interoceánica entre Brasil y Perú.

El exmandatario fue detenido en 2019 en California, donde ha residido durante los últimos años, y estuvo 8 meses en prisión por riesgo de fuga, aunque pudo salir de la cárcel y pasar al arresto domiciliario en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia de la covid-19.

En septiembre pasado, la Justicia de Estados Unidos dio luz verde a su extradición a Perú, al haber hallado pruebas suficientes que justifican esta medida, aunque la decisión final quedó en manos del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.

En el capítulo peruano del caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica, también estuvieron implicados los expresidentes Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), así como la tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori.

Su Defensa

La defensa legal de Toledo anunció que presentará un recurso de apelación ante la Corte del distrito Norte de California de Estados Unidos para pedir la suspensión del proceso de extradición en su contra, informó la procuradora Ad Hoc para el caso Lava Jato.

"Ha anunciado la defensa del señor Toledo que presentará una acción ante la corte del juez Hixson, quien certificó la extradición, para pedir la suspensión de la ejecución de la extradición o de la entrega. Estimamos que sea denegado este pedido, porque los últimos pedidos de la defensa de Toledo han venido siendo denegados", afirmó la procuradora Ad Hoc Silvana Carrión en la emisora RPP.

Carrión también anunció que el Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos presentaría ayer un pedido para revocar la fianza impuesta a Toledo para abandonar el penal de Maguire, en California, en marzo de 2020.

Explicó que dicha revocación va a contribuir a agilizar el proceso de extradición del exmandatario peruano y permitirá que sea entregado a la Policía estadounidense.

"Si la corte resuelve el pedido de revocatoria de la fianza, el señor Toledo puede ser detenido y puesto a disposición del U.S. Marshals, que es el servicio de Policía de Estados Unidos, y a través de este órgano se hace la ejecución de entrega al Estado Peruano. Nosotros estimamos que esto tome días", añadió Carrión.

Diez palestinos, incluido un menor, murieron ayer y más de un centenar resultaron heridos por disparos del Ejército israelí durante una operación militar en la ciudad cisjordana de Nablus, en una de las jornadas más violentas en la zona en los últimos años, y que las autoridades palestinas tildan de "terrorismo organizado".

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) confirmó la muerte de los diez palestinos -entre los que hay un menor de 16 años, un anciano de 72 años y un hombre de 61- y aseguró que de los 102 heridos registrados, al menos seis están en estado de gravedad. Según la agencia oficial de noticias palestina Wafa, dos de los heridos eran periodistas que estaban cubriendo la intervención.

La Policía israelí, el Ejército y el Servicio de Seguridad Interior (Shin Bet) indicaron que sus fuerzas en Nablus entraron "con el objetivo de detener a sospechosos involucrados en ataques" contra israelíes, quienes además ya estaban planeando nuevos atentados.

Según un comunicado conjunto, los uniformados rodearon una residencia en la que se encontraban los sospechosos, que abrieron fuego y lanzaron explosivos contra las tropas.

Las tropas israelíes mataron a los tres palestinos que buscaban, indicó el parte, al identificarlos como Hossam Aslim, Muhamad Fatah y Walid Dahil.

Además del intercambio de fuego con los sospechosos buscados, el Ejército informó que otros palestinos armados abrieron fuego, lanzaron piedras y cócteles molotov contra sus tropas, que respondieron con disparos. Ningún soldado o policía israelí resultó herido en los incidentes.

Al menos cuatro de los palestinos muertos fueron identificados como milicianos pertenecientes a distintos grupos armados, incluidos dos de la Yihad Islámica Palestina (YIP), considerada grupo terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea. "No pasará mucho tiempo hasta que el enemigo sepa una vez más que la sangre palestina no es barata, y que nuestro pueblo no se quedará callado ante las continuas agresiones en su contra", dijo Daoud Shehab, alto cargo de la YIP en la Franja de Gaza.

Por otra parte, un portavoz de las Brigadas al Qassam, brazo armado del movimiento islamista Hamás -que gobierna en la Franja-, advirtió que "la paciencia de la resistencia palestina en Gaza se está agotando".

El incendio de grandes proporciones que afecta desde hace cuatro días la zona montañosa de Pinares de Mayarí en la provincia cubana de Holguín (noreste) sigue activo, informó ayer miércoles el diario oficial Granma.

La presidenta del Consejo de Defensa Municipal, Dagmar Abad, afirmó que "se trata de evitar la propagación de las llamas hacia otras áreas" y para ello emplean "equipos hídricos de extinción, máquinas ingenieras y el fomento de trochas".

Según el periódico Granma, el incendio empezó el domingo último y se propagó rápidamente por la velocidad del viento dañando extensas áreas de bosques, la flora y la fauna del lugar.

Las autoridades locales evacuaron a 18 pobladores de la zona afectada.

Hace unas semanas se desató otro incendio forestal que dañó más de 1.000 ha de bosques en el municipio Mayarí, también en un área montañosa de Holguín.

Cuba registró en enero de este año más de 80 incendios forestales, una elevada cifra para ese mes, según indicó el Cuerpo de Guardabosques de la isla.

Un total de 284 incendios forestales se reportaron el año pasado en la isla que dañaron cerca de 1.800 ha de bosque, de los que el 90 % fueron provocados, según el Cuerpo de Guardabosques.

Las quemas no autorizadas de hierbas o caña de azúcar, el empleo de vehículos sin malla matachispas y la actividad de los cazadores furtivos están entre las principales causas.

El período crítico de incendios forestales en la isla abarca del 1 de enero al 31 de mayo, coincidente con la época de mayor sequía.

Para este año, según estimados oficiales y por índices de frecuencia, se prevén de 320 a 445 incendios forestales, que pudieran dañar de 4.300 a 6.000 ha en el período de enero a mayo próximo.