Al menos seis personas han murieron en dos nuevos terremotos de magnitud 6,4 y 5,8 que ocurrieron anteanoche en la provincia turca de Hatay, Turquía, según informaron ayer varios medios locales, mientras que el Ministerio de Sanidad ha indicado que otras 294 personas han resultado heridas.

El principal temblor se produjo sobre las 17.04 GMT en el distrito de Defne, al sur de la ciudad de Antioquía, en la provincia de Hatay, una de las once que hace dos semanas quedaron devastadas por dos sismos que habían causado la muerte de al menos 41.000 personas y heridas a más de 105.000.

Los trabajos de búsqueda de supervivientes de estos dos nuevos sismos continuaban ayer en Defne y en Samadang, donde tuvo su epicentro el segundo temblor, tres minutos después del primero, con una magnitud de 5,8.

Balance

El ministro de Sanidad, Fahrettin Koca, señaló que 18 de los 294 heridos contabilizados estaban están en estado crítico.

También preocupa la estabilidad de varios embalses de agua en la región, que ya habían sufrido daños estructurales en los temblores del pasado día 6, aunque desde el Gobierno se señaló que no hay, de momento, riesgo de colapso.

Los nuevos temblores causaron escenas de pánico y las autoridades locales han pedido el envío urgente de tiendas de campaña, ya que la población no quiere regresar a sus viviendas por temor a nuevos derrumbes de edificios.

El ministro del Interior, Suleyman Soylu, ya advirtió el lunes de la posibilidad de que haya más personas atrapadas entre las ruinas de los edificios que han colapsado ahora.

El ministro indicó que se están realizando labores de búsquedas de personas atrapadas en tres edificios que han colapsado

Refik Eryilmaz, alcalde de Samandag, aseguró a la emisora NTV que varios edificios habían colapsado y que no se sabe si había gente en su interior.

También dijo que es posible que algunos vecinos se hubieran refugiado del intenso frío en los restos de las construcciones dañadas en los terremotos de hace dos semanas, y reclamó desesperadamente el envío de tiendas de campaña para alojar a la población.

Desde el sismo del pasado día 6, ninguno de los edificios en Antioquía es aún habitable, pero hay equipos de trabajo de desescombro que pueden haber sido atrapados por algún desplome.

Además, muchos supervivientes tienen el hábito de reunirse alrededor de fogatas ante los edificios derrumbados para ayudar en la identificación de cadáveres, y pueden estar en riesgo si se desploma algún edificio vecino que aún quede en pie.

AFAD, la agencia de gestión de emergencias de Turquía, señaló ayer que se han producido varias réplicas de magnitud 4.

La provincia de Hatay, donde se han producido los nuevos sismos, es una de las once que hace dos semanas quedaron devastadas por los terremotos de magnitud 7,7 y 7,6 que demolieron miles de edificios, causando la muerte de al menos 41.000 personas y heridas a más de 105.000.

Con las tareas de búsqueda de supervivientes casi concluidas, se teme que aún pueda haber decenas de miles de cuerpos entre los escombros.

Albergados

Unas 865.000 personas se alojan actualmente en tiendas de campaña en el sur de Turquía, donde los terremotos del pasado día 6, anunciaron ayer las autoridades.

A las 865.000 personas que actualmente viven en tiendas se suman otras 23.500 que han recibido casas prefabricadas y 376.000 que se albergan en instituciones del Ministerio de Educación o del de Deportes, explicó el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

El jefe del Estado señaló que los edificios destruidos suman casi medio millón de viviendas u oficinas.

Los dos nuevos terremotos de anteayer, con epicentro en la provincia mediterránea de Hatay, la más destruida por el movimiento tectónico, revelan la necesidad de más tiendas para evitar que nadie busque refugio en casas sin derrumbar, han advertido las autoridades locales.

Erdogan señaló que 2,5 millones de personas en la región reciben comida a diario por la Media Luna Roja y prometió reedificar en un año no solo los centros de las ciudades afectadas sino también 70.000 casas en municipios rurales.

El número de homicidios dolosos en México subió un 6,43% anual en enero pasado hasta los 2.582 asesinatos, un promedio de más de 83 al día, según informó este martes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Estos datos se comparan con los 2.426 del primer mes de 2022 e implican una subida mensual de 2,1% ante los 2.529 asesinatos de diciembre pasado.

Pese al repunte, la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, argumentó que la cifra es 16% menor al máximo histórico de 3.074 homicidios de julio de 2018. "La tendencia se mantiene a la baja. En las víctimas de homicidio doloso hay una disminución importante con respecto a los años anteriores", afirmó la secretaria en la conferencia matutina del Gobierno.

Con estas cifras, hubo un total de 31.127 víctimas de homicidio en los últimos 12 meses, una media de 85 diarias y una disminución de 5,5% frente al mismo periodo anterior, cuando hubo 32.936, un promedio diario de 90. La funcionaria afirmó que los homicidios han decrecido un 10,8% en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) frente al final del periodo del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Rodríguez expuso que seis estados concentran casi la mitad de los homicidios: Estado de México, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Guerrero, que en conjunto representaron 1.189 de estos crímenes.

Menos femicidios

Los datos de la secretaria de Seguridad también exhiben una subida interanual de 13,72% en los delitos del fuero federal en enero, cuando hubo 6.042.

Aunque es el inicio de año con más crímenes de los últimos tres, Rodríguez dijo que "en la incidencia delictiva de los delitos del fuero federal hay una reducción de 33,3% (frente al inicio del Gobierno). En lo relativo a la mayoría de los delitos, han estado con reducciones importantes". La funcionaria anunció caídas de 37,5% en los crímenes de delincuencia organizada, de más de 21% en delitos financieros y de 11,2% en los cometidos por servidores públicos.

En contraste, hubo 72 femicidios, asesinatos de mujeres por razones de género, una reducción de 11,11%.

"En el caso de femicidio también se ve el delito a la baja de 28,7% (frente al inicio del sexenio). Recordar que es a partir de 2020 cuando se tipifica y se empieza este delito a contar", aseguró Rodríguez.

La salud de cientos de miles de personas que viven cerca del centro de pruebas nucleares de Corea del Norte está en peligro por la diseminación de residuos atómicos a través del agua, algo que puede afectar también a alimentos norcoreanos exportados ilegalmente a otros países, según un estudio reciente.

El análisis, publicado ayer por la ONG surcoreana Transitional Justice Working Group (TJWG), considera que entre 270.000 y 540.000 personas que viven en un radio de 40 kilómetros en torno al centro de pruebas de Punggye-ri (noreste del país) o en las zonas regadas por los arroyos Namdae y Monte Mantap-Changhung podrían verse afectadas por residuos atómicos.

Punggye-ri, situado en la provincia de Hamgyong del Norte, a unos 380 kilómetros al noreste de Pionyang, ha albergado las seis pruebas nucleares subterráneas realizadas por el régimen norcoreano desde 2006, cada cual con un poder explosivo mayor que la anterior. El último de estos tests, el de septiembre de 2017, equivalió al estallido de al menos 140.000 toneladas de TNT y generó un terremoto artificial de magnitud 6,3 en la escala abierta de Richter.

Según TJWG, la manera en la que los hogares en la región obtienen agua es "preocupante", ya que un censo de 2008 indica que el 15% de las familias en la zona potencialmente afectada usa para beber aguas subterráneas, de pozos, manantiales etc, pero la falta crónica de electricidad hace inservibles la mayor parte del tiempo las estaciones de bombeo, por lo que el volumen seguramente sea mayor.

Para analizar el impacto potencial de estos tests sobre los acuíferos en el país más hermético del mundo, la ONG empleó, además de datos existentes sobre las detonaciones nucleares, los atlas geográficos más completos elaborados por las dos Coreas o su base de datos -que consta de 800 entrevistas con desertores en la última década- para completar información sobre localizaciones y demás contexto.