Las demandas en mejoras en materias de seguridad y desarrollo regional volvieron a formar parte de los requerimientos expuestos al Gobierno por parte de los alcaldes que integran la Asociación de Municipios del Norte de Chile (Amunochi), durante un nuevo encuentro de esta entidad organizado hace algunas semanas en la comuna de Calama.

La cita contó con una alta asistencia de autoridades comunales de la macrozona norte, además de la participación de subsecretarios y representantes de diversas carteras, como también de directores nacionales de servicios.

La nueva reunión de la Amunochi, que se llevó a cabo el 3 de febrero pasado, incluyó una serie de compromisos adoptados en materia de migración. Entre estos figuran la adecuación de horarios de funcionamiento de control en pasos fronterizos con el fin de minimizar los problemas causados por los restringidos horarios de operaciones; definición de programa de fiscalización de transporte terrestre, en particular a buses en puntos críticos de la carretera; y plan de contingencia en localidades fronterizas pequeñas, donde la migración por escasa que sea, impacta con fuerza.

Bienes nacionales

La subsecretaria de Bienes Nacionales, Marilen Cabrera Olmos, afirmó que el tercer encuentro sostenido como Gobierno junto a los municipios de la macrozona norte permitió profundizar la coordinación entre las autoridades nacionales, regionales y municipales. "En el encuentro de la Amunochi con el Gobierno de Chile se abordaron seis temas priorizados por los alcaldes. Estos temas claramente están cruzados por la preocupación que tienen por la seguridad ciudadana. En este tema en concreto desde el Gobierno hemos avanzado en distintos compromisos y acciones ya adoptadas. En el marco del Plan Nuestro Norte se destinaron $12 mil millones para equipamiento, dotación e infraestructura en pos de la seguridad ciudadana, tanto en la zona fronteriza, borde costero y traducido en reposición del parque vehicular y equipamiento de alta tecnología para el control de las fronteras, como en los centros fronterizos de Colchane en la Región de Tarapacá y El Loa en la Región de Antofagasta".

"Por otra parte, durante el primer semestre de este año se van a conformar mesas intersectoriales que trabajarán en conjunto con cada uno de los municipios para abordar las problemáticas de los territorios, como son los asentamientos irregulares y los llamados loteos brujos, entre otros. En materia de migración y reconducción con Perú y Argentina no hay ningún problema. Sin embargo, con Bolivia no es tan así, pero estamos trabajando y para eso hay una comisión interministerial para concretar acciones en esa materia", añadió Olmos.

Compromisos

En el nuevo encuentro de la Amunochi se adoptaron además una serie de compromisos con la Subsecretaría del Interior. Entre estos, se resolvió enviar una minuta respecto de cambios y condiciones que incorporaría la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Mientras que en el caso del Ministerio de Bienes Nacionales, se determinó instalar mesas comunales para tratar los temas de terrenos, campamentos, "tomas", viviendas y también la creación nuevos de centros de tratamientos para combatir el consumo de drogas.

Los encuentros de la Amunochi con autoridades de Gobierno surgieron en medio de la crisis migratoria y de seguridad que enfrenta la zona, a lo que se agrega la alta demanda y colapso de algunas prestaciones en servicios públicos debido a la fuerte presión que ha implicado el aumento de población debido al creciente flujo migratorio.

El primero de estos encuentros se llevó a cabo en La Moneda en octubre pasado. Mismo mes en que luego se profundizaron las materias inicialmente abordadas en una segunda convocatoria a las autoridades comunales en la ciudad de Iquique. Ambos encuentros los encabezó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien por la contingencia de los incendios forestales en la zona centro sur debió ausentarse de la última cita.

Atención a las causas

Para Sandra Pastenes, secretaria ejecutiva de la Amunochi, entre las materias abordadas en estos encuentros se ha sumado el análisis de las eventuales causas de las distintas problemáticas sociales en la Macrozona norte. "Un ejemplo de esto es el tema del consumo de drogas y la falta de centros de tratamientos. También la migración desregulada, el tráfico de drogas vinculado al consumo, como también el consumo tratado como una enfermedad y el tráfico como un delito. Así se han ido trabajando varias aristas sobre lo que preocupa a nuestras comunidades. También está el tema de las tomas en los campamentos y las situaciones que ocurren al interior y en el exterior de estos asentamientos, lo cuales están asociados a una falta de vivienda, que se traducen en un tema de riesgo y de inseguridad".

"En la última reunión participó también la directora nacional de Senda, y a partir de lo que ya habíamos conversado se comprometió en algunas regiones la instalación de centros de tratamientos para personas con consumo problemático de drogas y alcohol, en particular estamos hablando del tema infanto-juvenil que sabemos ha ido aumentando. Sobre lo mismo la oferta que tenemos en la Región de Antofagasta es excesivamente reducida, lo que de ningún modo da respuesta a la demanda. Porque si bien en Antofagasta hay un centro de tratamiento, esto se debe potenciar", agrega Pastenes, también secretaria ejecutiva de la Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta.

En tanto, en temas de descentralización en la Amunochi se propuso que el Ejecutivo revise la instalación de la Dirección de Presupuestos (Dipres) regional como una forma efectiva de descentralizar. También que para la elaboración del reglamento de ley de infraestructura crítica se considere la opinión de las municipalidades. A esto se agrega una propuesta al Ejecutivo sobre un estado permanente de alerta e inversión para abordar la situación de inseguridad que afecta a la Macrozona Norte.

Una confusa situación se generó en el último pleno del Consejo Regional a propósito de la aprobación de las bases de licitación para el "Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, 2023", que buscaba definir las orientación programática del tradicional fondo que apoya la implementación de iniciativas locales de medios de comunicación.

La controversia se generó a propósito de la solicitud de la incorporación de nuevas temáticas a abordar en la versión 2023, indicaciones que fueron representadas por los consejeros que integran la comisión de sociedad civil y participación ciudadana, Mónica Muñoz y Paula Celis. Entre las categorías que buscaban incorporar se encontraban temáticas como; turismo regional, visibilización de la infancia, corredor bioceánico, promoción de la salud, violencia de género entre otras.

En el análisis de la comisión, la secretaria regional de gobierno (S) Romina Vera indicó que era posible sumar las indicaciones propuestas. Y así fue propuesto al pleno del Core. Sin embargo, el posterior análisis legal de la misma cartera de Gobierno rechazó la idea, indicando que lo establecido en el decreto N°45 que fundamenta el programa de la Segegob tiene carácter imperativo y por tanto, no se podía modificar, ni agregar temáticas.

La situación generó una insólita situación en la que lo inicialmente propuesto y recomendado por la comisión, debió ser rechazado por la ilegalidad de la propuesta, pese a la críticas transversales de los consejeros.

""Quizás podemos esta de acuerdo con la propuesta, pero por lo que indica ahora la seremi no se puede. Pido que para la próxima tengamos la información certera, para que ninguna comisión se pegue el papelón de recomendar algo que no se puede aprobar en el pleno", sostuvo el consejero Fabián Ossandón.

Finalmente, la propuesta fue rechazada, y en su lugar, fue aprobada la versión original de bases de licitación del programa.