Redacción

Chile cayó cuatro puestos y bajó una categoría en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa, que ayer emitió su tercer informe anual con las variaciones detectadas entre agosto de 2021 y agosto de 2022.

Este indicador, que busca ser un barómetro de medición de la acción institucional en estas materias, ofrece una imagen panorámica de la situación que se vive en 22 países del continente americano en cuanto al ejercicio de estos derechos.

Como en las ediciones anteriores, se evaluaron los factores que intervinieron sobre la libertad de prensa, agrupados en cuatro dimensiones: Ciudadanía informada y libre de expresarse, Ejercicio del periodismo, Violencia e impunidad, y Control de medios, agregando a ello la influencia de los entornos institucionales -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- en las situaciones desfavorables a la libertad de expresión y prensa.

El promedio global, fue de 53,69 puntos (de un máximo de 100), lo cual refleja un descenso de 1,92 puntos en comparación con los resultados de la segunda edición, cuando fue de 55,61.

El descenso

Chile ocupó el primer lugar en la edición 2020 de esta medición, en la que ningún país estuvo enmarcado en la categoría de Libertad de expresión plena (más de 80 puntos), pero fue el mejor ubicado en Baja restricción.

En la medición de 2021 fue ascendido a Libertad de expresión plena, aunque obtuvo el segundo lugar solo por debajo de Uruguay, que también llegó a esa categoría.

Esta vez la baja fue pronunciada pues, además de volver al grupo de Baja restricción, Chile quedó sexto bajo Canadá y Jamaica, que subieron al nivel máximo, y también más atrás de Uruguay, República Dominicana y Costa Rica.

Nuestro país sumó 73,65 puntos y en los cuatro puestos que bajó, según el documento"pesó en este periodo la muerte de una periodista (Francisca Sandoval) que recibió un impacto de bala mientras cubría hechos de violencia en medio de las manifestaciones por el Día del Trabajador, además de hitos como el cambio de gobierno y el trabajo de la Convención Constitucional".

Se agregó a estos hechos "la crisis migratoria, que sirve de caldo de cultivo para campañas de fake news. Destaca el resultado del país en cuanto al análisis del Control de medios, en donde quedó en el segundo puesto con 23,86 puntos de un máximo de 25. Así como que ninguno de los poderes públicos ejerció mayor influencia en las situaciones contra la libertad de expresión".

Casi al cierre del plazo, a la medianoche del lunes, los pactos de partidos políticos entregaron las listas de candidatos para el Consejo Constitucional, que finalmente tendrá cinco listas: "Unidos por Chile" que une al gobernante Apruebo Dignidad con el Partido Socialista y el Partido Liberal; "Todo por Chile", que sumó a los también oficialistas PPD y Partido Radical con la Democracia Cristiana; "Chile seguro" con las colectividades de Chile Vamos; "Pacto por la Gente" del Partido de la Gente; y el Partido Republicano.

Tras muchos trascendidos y rumores, los nombres para competir en la elección del 7 de mayo que arrojará 50 integrantes del órgano constituyente quedaron sellados y entre ellos hubo varios que ya han ocupado cargos políticos o son conocidos en alguna medida por sus actividades pasadas.

En la lista "Unidad por Chile" aparecen el histórico exsenador del PS Ricardo Núñez como postulante en la Región de Atacama, el exministro del trabajo Yerko Ljubetic (ex DC y hoy en Convergencia Social) que busca un cupo por la Región Metropolitana al igual que el exalcalde de El Bosque Sadi Melo (PS). Por la Región de Valparaíso el PS presenta como independiente en su lista al exrector de la Universidad de Valparaíso Aldo Valle, cuyo compañero será el exdiputado Marcelo Schilling. Y el director de cine Miguel Littin se suma en O'Higgins también como militante socialista.

En "Chile seguro" el fuerte se volcó a la elección de la Región Metropolitana con la exministra de Transportes Gloria Hutt (Evópoli), el exministro del Interior Rodrigo Delgado (UDI), el exministro de Desarrollo Social Bruno Baranda (RN).

La fuerte inflación que afectó al país durante el año 2022 y que aún persiste en la economía nacional significó un duro perjuicio al poder adquisitivo de los chilenos. Así quedó reflejado en el Índice de Remuneraciones Reales que ayer publicó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Este indicador mide la evolución de las remuneraciones ajustadas por la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y tuvo una caída acumulada de 1,7% en el sueldo real de las personas al cierre del año pasado.

Por otra parte, sin considerar la inflación, las remuneraciones registraron un alza de 10,8% en doce meses -menor al IPC de 12,8% con el que terminó 2022-, mientras que el costo de la mano de obra subió 10,5% el año pasado.

Por sector económico, el ente estadístico indicó que comercio, industria manufacturera, actividades financieras y de seguros y minería consignaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores.

"La remuneración media por hora ordinaria fue $6.162, anotando un alza interanual de 10,6%. Este valor se ubicó en $5.847 para las mujeres, lo que significó una variación anual de 11,1%, mientras que para los hombres se situó en $6.435, registrando un aumento de 10,3% en el mismo período", sostuvo el INE.

El costo medio de la mano de obra por hora total fue $7.112, consignando un crecimiento de 10,4% en doce meses. Este valor se ubicó en $6.750 para las mujeres, lo que implicó un incremento interanual de 11,1%, y de $7.428 para los hombres, registrando un alza de 9,9% en el mismo período.

Percepción a la baja

Además una encuesta del portal Trabajando.com arrojó que siete de cada diez trabajadores no perciben un reajuste anual en sus salarios conforme a la inflación que registre el país.

El sondeo, aplicado a 5.191 personas, arrojó que solo el 23% vio un aumento de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor acumulado con que cerró el 2022.

En tanto, el 68% de los consultados afirmó que no recibe reajuste por inflación, mientras que 3% recibe un bono y otro 7% respondió no saber.

"El reajuste salarial en base al IPC no es una obligación legal del empleador. Se convierte en un derecho adquirido cuando el empleador lo ha realizado por más de dos años seguidos. En otros casos está establecido por contrato o por acuerdos sindicales", explicó María Jesús García-Huidobro, gerenta de Trabajando.com.