El fiscal jefe de Calama, Cristian Aliaga, formalizó por el delito de fraude al fisco a un tercer ex funcionario de la Corporación Muncipal de Desarrollo Social (Comdes) de Calama, por la compra presuntamente irregular de un inmueble para albergar el proyecto de una clínica dental, mismo que luego fue modificado a un "centro de integración educacional".

La compra de este inmueble, concretada en enero de 2018, se habría efectuado con fondos destinados a la Atención Primaria de Salud, de manera directa y sin la aprobación de los servicios públicos competentes, beneficiando en definitiva al familiar de una de las personas imputadas, quien era dueño de la propiedad adquirida, ubicada en calle Condell número 2043.

En audiencia realizada ayer por la mañana en el Juzgado de Garantía de Calama, fue formalizado por esta causa el ex jefe de Planificación de la COMDES, Carlos Brito Contreras, mientras que una segunda persona citada, la exjefa del departamento de Finanzas de la misma institución, María Calderón , no se presentó, por lo que se emitió una orden de detención en su contra.

De esta manera, y a la espera de la comparecencia de Calderón, aumentó a tres el número de ex funcionarios formalizados como parte de esta investigación que lleva adelante el MP, pues antes ya se había notificado la apertura de una indagatoria contra el exdirector ejecutivo de la Comdes, Gregorio Rodríguez , y la exdirectora ejecutiva de esa corporación, Jubitza Tapia.

Durante la audiencia, a esta última, además, se le notificaron nuevos hechos, pero se mantuvo la calificación del delito por el cual se le investiga.

Todo comenzó en 2001, cuando el juez Juan Guzmán, realizó un oficio para que las 89 cajas fueran "custodiadas" por el Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile. Lo anterior, debido a que el Servicio Médico Legal (SML) no reunía las condiciones necesarias para cumplir con esta labor. Para 2016 el SML ya contaba con las instalaciones aptas para "cuidar" los restos óseos sin investigar, por ello solicitaron su regreso al organismo. Sin embargo, estos fueron devueltos en enero de 2019.

Posteriormente, el pasado miércoles 2 de febrero se concretó una reunión en Calama entre la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza; la subdirectora médica del SML, Marisol Prado y la Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Antofagasta, Calama, Tocopilla y Santiago para informar y disculparse por el hecho.

Tras ello, la agrupación acusó negligencia del estado y, en un comunicado emitido en sus redes sociales, sentenciaron que "es una situación gravísima que debe ser investigada y que se encuentren las responsabilidades. Esto es parte de la política de impunidad" del país.

Al respecto, Prado asumió la responsabilidad de la institución y comentó que "hoy no tenemos una explicación completa con respecto a qué transcurrió, cuál es el tiempo, por qué se fueron hacia la custodia de la Facultad de Medicina (U. de Chile), y cómo volvieron, pero estamos haciendo todas las investigaciones para hacer la construcción de la historia y del por qué estas cajas llegan hoy y nosotros nos enteramos".

Además, Plaza explicó que se enteró de la situación "a fines del año pasado" y que de manera inmediata se comunicó con el Ministerio de Justicia y personas a cargo de los DDHH en el SML.

"Calama"

Del total, se halló una caja que contiene el rótulo "Calama" y, según lo explicado por la subdirectora médica del SML, el pasado 25 de enero la caja fue abierta y se descubrieron cinco muestras óseas, por lo que se ofició inmediatamente a la Corte de Apelaciones.

Allí la ministra Plaza ordenó las pericias pertinentes y los restos fueron derivados a un laboratorio especializado en identificación genética en Austria, con el fin de realizar los análisis científicos correspondientes. También, añadió que se podría obtener los primeros informes del estudio entre tres a seis meses más.

Familiares

Doris Navarro, presidenta de AFAEDA Antofagasta, señaló que "para nosotros fue sorpresivo, que a esta altura de los 50 años (del golpe de Estado), se venga a saber que existían estas 89 cajas y el mea culpa de los que vienen entrando se aceptan, pero es también una responsabilidad del estado, de no haber agilizado esto, se nos han muerto familiares de detenidos desaparecidos sin saber su paradero, el Estado está en deuda con todos estos familiares que aún esperan".

Por su parte, Fabiola Mutarelo, hija de Vitalio Mutarelo Soca, detenido desaparecido en septiembre de 1973 en la oficina salitrera Pedro de Valdivia, expresó que "esta noticia nos llega como un balde de agua fría porque hemos buscado durante estos 50 años algún antecedente, algún resto de nuestros familiares y ahora que nos digan que estas cajas que estuvieron a cargo de un ministro que no las gestionó es una revictimización nuevamente y recordando a los familiares que han fallecido". Además, acusó una negligencia de parte del Estado y SML.

Rodolfo Villarroel, hijo de Agustín Villarroel Carmona, ejecutado político en La Veleidosa de Tocopilla, dijo que "no diría que es una aparición, la información siempre la manejó el SML, es inaceptable. Lo que necesitamos son respuestas urgentes, respecto a las responsabilidades o irresponsabilidades de porqué esas cajas se han mantenido en secreto hasta ahora, que tuvo que venir la ministra Plaza para poder dar conocer esta noticia a los familiares".

Asimismo, comentó que existe la posibilidad de que soliciten una investigación para dar con los causantes de lo ocurrido. "Creemos que un sumario al SML no es suficiente, aquí hay una responsabilidad política también de los gobiernos anteriores respecto a esta situación", sentenció.

Sobre los hechos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió un comunicado público donde explicaron que de manera preliminar cuentan con un proceso de inventariado de osamentas que posee el SML y una reestructuración de la Unidad de Derechos Humanos del Servicio.

"Reiteramos nuestro compromiso irrestricto con la verdad, la justicia, reparación y garantías de no repetición, frente a las violaciones a los DD.HH., particularmente con las víctimas de desaparición forzada y sus familiares", finalizaron.

"Es también una responsabilidad del Estado, de no haber agilizado esto, se nos han muerto familiares de detenidos desaparecidos sin saber su paradero.El Estado está en deuda con todos estos familiares que aún esperan". .

Doris Navarro, PresidentaAFAEDA