Una solicitud de avanzar en una propuesta de conciliación fue presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la minera Albermarle en el proceso de la demanda por daño ambiental, caratulada como D-12-2022, en contra de tres compañías mineras por la eventual afectación del acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, ubicado en la comuna de San Pedro de Atacama.

La propuesta se efectuó en una audiencia realizada el pasado 30 de enero, ante el Primer Tribunal Ambiental, ya que es el órgano jurisdiccional que deberá pronunciarse si las empresas Escondida, Zaldívar y Albemarle han provocado o no daño ambiental, luego que el CDE y comunidades indígenas presentaran la demanda.

En la ocasión no solo participaron los abogados de las empresas mineras, sino también de la Comunidad de Peine como demandante y el Consejo de Pueblos Atacameños que actúa como tercero coadyuvante, es decir, que tiene interés en el resultado que tendrá esta causa.

La ministra presidenta Sandra Álvarez y los ministros Mauricio Oviedo y Juan Opazo resolvieron que el Consejo de Defensa del Estado y Albemarle -quienes solicitaron la audiencia- deberán presentar un documento definitivo de conciliación que esté concordado con las comunidades indígenas.

Dicho documento deberá ser presentado en un plazo de 90 días corridos y en ese trabajo pueden sumarse las otras dos empresas mineras si así lo estimasen.

En la audiencia, las comunidades indígenas aseguraron que están dispuestas a tener un diálogo y solicitaron que el tribunal pueda actuar como facilitador.

Cde

El abogado del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Rivera, explicó que "la solicitud se justifica de acuerdo con dos principios rectores para el CDE. El primero es que no hay ninguna propuesta de transacción que no tenga la venia de los tribunales ambientales en función del principio de indemnidad que establece la Ley N°20.600 y el segundo, obtener reparación íntegra del daño".

Respecto al documento trabajado, el abogado de la empresa Albermarle, Rodrigo Montoya, dijo que se han reunido con el Consejo y con servicios públicos con competencia ambiental y que también se envió la propuesta a las comunidades indígenas involucradas.

Montoya explicó que "la propuesta tiene tres pilares que van concatenados y que tienen como objetivo final evitar la extracción de agua", y agregó que "para lograr el fin de dicha extracción se requiere un paso previo que es salir de la cuenca".

En la audiencia también estuvieron presentes los abogados de Cía. Minera Zaldívar de Antofagasta Minerals y Minera Escondida de BHP, quienes aseguraron que existe un espacio de conversación. No obstante, esta última empresa dio a conocer que ya ha tenido acercamientos con las comunidades; mientras que Zaldívar dijo que aún no se han contactado ni con el CDE ni con los pueblos originarios.

Funcionarios de la delegación presidencial regional procedieron al desalojo de un paño ubicado en el sector norte de Antofagasta, en las inmediaciones de La Chimba, en donde se encontraban instaladas cinco empresas en forma irregular.

El operativo de recuperación de espacio público solicitado por Bienes Nacionales, contó con el trabajo coordinado entre Bienes Nacionales, Delegación Presidencial Regional, Carabineros de Chile y la PDI.

Si bien el sector irregular fue notificado de su desalojo con antelación, éste se concretó la tarde de ayer.

El jefe de gestión territorial de la Delegación Presidencial Regional, Daniel Morales explicó que - al igual- "como ocurre en otros sectores de la región en general, y en la ciudad, en particular, se está procediendo a un plan de recuperación de espacios públicos. En este caso, por solicitud de Bienes Nacionales se comenzó con la recuperación de este paño ubicado en el sector norte, y se continuará con esta labor en los próximos meses, siempre en forma coordinada con Carabineros y PDI, y los servicios pertinentes según el caso".

Respecto a los próximos pasos, el jefe de gestión territorial explicó que se cuenta con una planificación que conforme a la coordinación de los distintos organismos involucrados se procede a su programación, y se continuará en esta labor de fiscalización.

La dirección de Vialidad anunció su cartera de iniciativas programadas para este 2023, según indicó el seremi de Obras Públicas, Oscar Orellana.

Se trata principalmente de caminos básicos, mejoramientos, puentes, obras de seguridad vial y conservaciones globales de rutas, explicó el seremi, quien indicó que estas iniciativas tienen como objetivo principal la conectividad e integración de las regiones. "Se está impulsando un paquete de importantes obras que permitirán generar mayores oportunidades de desarrollo, con una inversión total nacional de 685 millones de dólares", citó la autoridad regional.

Inversión

Orellana detalló que, en la región, Vialidad tiene programado ejecutar más de $87 mil millones con fondos del ministerio, y otros $9 mil millones más a través de financiamiento proveniente del Gobierno Regional. "En total contabilizamos más de 55 iniciativas que serán financiadas para proyectos viales en la región", afirmó.

En este contexto, destaca la próxima ejecución de las obras de mejoramiento de la Ruta 23-CH -que considera un presupuesto estimado que supera los $20 mil millones por ser una vía estratégica que conecta a Calama con San Pedro de Atacama.

La autoridad regional también resaltó el próximo inicio de las obras de pavimentación de la Ruta B-39 ex B-385 con una inversión que bordea los $50 mil millones, para pavimentar más de 60 kilómetros de camino asociado al corredor bioceánico por el Paso Sico.

De igual forma se anunciaron otras iniciativas regionales, como las conservaciones en las provincias de Antofagasta, El Loa y Tocopilla, en donde se destacan las rutas B-357, B-12, B-145, B-262, Ruta 1 y Ruta 5, entre otras, que fueron priorizadas con las autoridades locales y las comunidades.

"Esta semana dimos el vamos a la reposición del Puente Quillagua y de igual forma continuaremos iniciando otros y retomado aquellos que no se han podido terminar debido a la crisis económica, como el caso de la Ruta 1 Norte de Tocopilla, pero que saldrán adelante gracias al impulso e inyección de recursos que está realizando el MOP para este 2023", enfatizó Orellana.

Un bus que ingresaba por el sector de La Negra de Antofagasta fue fiscalizado el jueves por la tarde, detectando a 16 personas extranjeras con su situación migratoria irregular, quienes fueron denunciadas por la Policía de Investigaciones (PDI).

"Producto de un trabajo coordinado entre Carabineros de Chile y la Dirección de Aduanas de Antofagasta, se ha fiscalizado un bus donde habría ingresado irregularmente un número todavía no determinado de personas extranjera", informó la delegada presidencial regional, Karen Behrens.

Luego de las diligencias, la PDI confirmó que en el bus interprovincial se realizaron 60 fiscalizaciones migratorias de personas extranjeras, de las cuales 44 habían sido denunciadas por ingreso irregular. Sin embargo, 16 de ellos no contaban con ingreso regular al país y no habían sido denunciados.

Se trata de seis venezolanos, siete bolivianos, dos de haitianos y 1 dominicano, denunciados por haber hecho ingreso irregular al país, transgrediendo la Ley 21.325 de Migración y Extranjería.