En medio de masivas protestas en las regiones de Arica y Tarapacá, ante la crisis por la migración irregular y el alza de la delincuencia, hoy el Gobierno espera sellar finalmente el acuerdo transversal por la seguridad, mientras reitera los llamados a la oposición a que vuelva a sumarse a la iniciativa, luego de que se restaran como una respuesta política por los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric a finales del 2022.

Más allá de si el Ejecutivo logre un acuerdo que incluya a la oposición o no, los parlamentarios regionales delinean una serie de iniciativas urgentes que se deben impulsar como respuesta a la crisis de seguridad pública y sensación de inseguridad en el país, una vez que se retome el periodo legislativo en marzo.

Migración

Gran parte de estos proyectos tienen relación a respuestas más concretas a la migración irregular. Por ejemplo, el senador Pedro Araya (Ind. - PPD) menciona que "insistiremos al Gobierno que otorgue suma urgencia a la iniciativa que presentamos, hace unas semanas, con distintos senadores y senadoras, respecto a acelerar los procesos de expulsión de extranjeros que hayan ingresado por pasos ilegales, o que se encuentran en el país y no quieren regularizar su situación".

Para el diputado José Miguel Castro (RN), en tanto, "es importante avanzar primero con los proyectos de ley que tienen que ver con controles de identidad en infraestructura crítica y de zona fronteriza, cuestión para lo que se podrían usar los decreto fuerza ley del Gobierno. Y, en segundo lugar, es fundamental que demos una señal de ataque a la migración irregular, y para ello es fundamental que estudiemos, al menos, la posibilidad de sancionar legalmente a quienes ingresan con prohibición, para los cuales necesitamos penas bastantes severas con cárcel efectiva y expulsión inmediata una vez que se cumpla la cárcel".

Asimismo, comenta que "es fundamental además que modifiquemos también la ley de refugio para que esta no sea un paragua que ampare la migración irregular".

Armas de fuego

Por su parte, la diputada Yovana Ahumada (Ind. - bancada Avancemos Chile) subraya que "hay muchos proyectos" que se deben priorizar con urgencia, como control migratorio más estricto, y "que las penas se aumenten frente a nuevos delitos y que haya un combate coordinado con recursos reales para enfrentar esta realidad criminal".

En tanto, el diputado Sebastián Videla (Ind. - PL) argumenta que "los importantes y urgentes proyectos que quedan para marzo son las leyes relacionadas con migración y en la fiscalización más dura en fronteras y poblaciones". Al respecto, comenta que "hoy hemos visto una total impunidad frente a delitos de mayor connotación, y para enfrentar esto se debe robustecer las leyes, tales como una nueva ley de migración y entregar a Carabineros más facultades en la labor policial, tanto en detenciones y otras herramientas para ello".

En esa línea, su par Jaime Araya (Ind. - PPD) recalca que "el Gobierno debe ponerle discusión inmediata a los proyectos que establecen que el uso de armas de fuego, en la comisión de delitos, siempre representará un peligro para la seguridad de la sociedad". Además, añade que se debe dar urgencia legislativa a las mociones "para perfilar de mejor forma y agravar penas en casos de sicariato y secuestro extorsivo".

"En lo personal espero (que el Gobierno) pueda dar urgencia al proyecto que combate el microtráfico, así como el proyecto que extiende el plazo de detención de extranjero en situación migratoria irregular", enfatiza el diputado.

Con todo, dentro de las iniciativas empujadas por el Gobierno, la diputada Catalina Pérez resalta el "aumento histórico del presupuesto en seguridad, que hoy trae cifras positivas de disminución del delito, la creación de un servicio de protección a las víctimas o la estrategia nacional contra el crimen organizado, que ha permitido desarticular bandas criminales en el norte y sur de nuestro país".

Infraestructura crítica

Por lo pronto, la semana pasada el Congreso despachó la ley de Infraestructura Crítica, una iniciativa que permitirá a las Fuerzas Armadas resguardar zonas catalogadas de esta forma en caso de peligro grave o inminente. También da el paso para que colaboren con el resguardo de las fronteras.

Ahora, la pregunta es cómo implementar esta nueva ley. El diputado Araya sostiene que, "una vez que la CGR tome razón del DFL que dictará el Presidente, inmediatamente las Fuerzas Armadas podrán desplegarse en la frontera con todos sus medios humanos y materiales para que exista control fronterizo. Además, estarán dotadas de las facultades de controlar identidad, de realizar registro de pertenencias o vehículos y de detener, para efectos de poner a disposición de las policías".

Para realizar lo anterior, el parlamentario explica que, una vez "identificados los sectores críticos o zonas rojas, donde se producen los ingresos irregulares, el oficial general a cargo debe disponer la planificación de las operaciones".

En esa línea, el diputado Videla enfatiza que "el Gobierno debe tener claro que esto debe implementarse con carácter de urgente en las regiones del norte, porque ya se detuvo a un sicario extremadamente peligroso y que era buscado por la Interpol".

Del mismo modo, Castro indica que "es fundamental que se apliquen las facultades que otorgamos de orden público en las fronteras, de manera tal que las Fuerzas Armadas puedan ayudar y no solo cooperar en cuestiones de orden logístico y de transporte. Para ello es prioritario que el gobierno dicte los decretos con fuerza ley que se comprometió a dictar de conformidad con la reforma constitucional".

En tanto, la diputada Ahumada señala que "es urgente crear una política de frontera, además de formar a militares que se verán expuestos a este nuevo rol frente a la implementación de infraestructura crítica".

Sebastián, Videla, Diputado, (ind. - PL)

"Los proyectos urgentes que quedan para marzo son las relacionadas con migración y fiscalización más dura en fronteras y poblaciones".

José Miguel Castro, Diputado, (RN)

"Es fundamental que estudiemos, al menos, la posibilidad de sancionar legalmente a quienes ingresan con prohibición".

Yovana, Ahumada, Diputada

(Ind.)

"(Es importante) que las penas se aumenten frente a nuevos delitos y que haya un combate coordinado con recursos reales".

El senador Pedro Araya Guerrero (ind. - PPD) aseguró ayer estar con "sorpresa y desconcierto" tras una respuesta emanada por escrito desde la Seremi de Salud, tras un oficio enviado por el parlamentario a la autoridad sanitaria, como también a la Policía Marítima y a la Municipalidad de Antofagasta, entidad que aún no responde.

Según Araya, la respuesta de Salud "evidenció desconocimiento, por una parte, del contenido de la ley que prohíbe fumar en playas, lagos y ríos, y por otra, de las atribuciones que le competen a la autoridad en cuestión".

"Es insólito y una falta grave que la seremi de salud no conozca la ley que prohíbe fumar en las playas. Lo anterior, viene a confirmar las denuncias ciudadanas que hemos recibido, las que dan cuenta de infractores en estos espacios abiertos, además de la nula fiscalización de los organismos", indicó.

La normativa establece que la autoridad sanitaria fiscalizará el cumplimiento de la presente ley y en caso de constatar alguna infracción, denunciará el hecho ante el juez de policía local. Asimismo, los inspectores municipales, así como la policía marítima, fluvial y lacustre, también velarán por el cumplimiento de la mencionada normativa, reportando eventuales infracciones a los tribunales señalados.