Drásticas medidas han tomado los dueños de pymes de la macrozona norte ante la millonaria cifra que les adeudan las empresas de proyectos energías eléctricas. Protestas, cortes de rutas en los accesos tanto de centros fotovoltaicos, eólicos y también subestaciones de energía. Todo ello ante la nula respuesta de las empresas mandantes, pese a que el principal objetivo de los representantes de las pymes es entablar conversaciones con las empresas empleadoras y que estas hagan efectivo el pago de sus meses de trabajo.

Para tratar de buscar una solución, los pequeños y medianos empresarios comenzaron a levantar una agrupación que lleva un registro de las empresas contratistas que no realizan pagos, actualizan datos de cuántas personas son las afectadas, los proyectos no pagados e incluso del monto final adeudado. Según sus cálculos, la deuda actualmente bordea los más de 12 mil millones de pesos.

Mauricio Ocaranza es quien asumió la vocería de las pymes afectadas en la macrozona norte, para él, la única manera de obtener la atención de las empresas mandantes y de las autoridades, era por medio de movilizaciones. "Esto partió a fines del 2020 y en lo personal, me quedaron debiendo dos empresas, una chilena y una argentina y entre ambas es un total de 170 millones de pesos (…) En abril de 2021 hice la primera paralización en la ruta 5 y la 24, en las que bloqueé todos los accesos de María Elena, justo en el cruce que te lleva a todos los parques, y en mayo, me tomé el primer parque, que fue el Santa Isabel y producto de esa manifestación yo logré que, a 14 pymes, le pagarán el 70% de la deuda que dejaron los subcontratistas. Sin embargo, hoy en día sigo peleando el 30% restante", señaló Ocaranza.

Paralización que tuvo respuestas positivas, pues comenta que otros proyectos energéticos saldaron las cuentas ante la amenaza posible de toma y manifestación, "fuimos a la Subestación Andes, en el Salar de Atacama en Paine, donde también se logró el 70% del pago, pero en ese instante ya eran sobre los 7 mil millones de pesos en deuda. Entonces, tomé en paralelo La Cruz Solar, proyecto que pagaron el 100%. Valle del Sol pagó el 100%, pero ese parque fue tomado por otros afectados", precisó.

Falta de atribuciones

Ante esta situación, los consejeros regionales comentan la necesidad de apurar una respuesta certera como la que se está tramitando en el congreso. "Lo hemos planteado en reiteradas oportunidades en todas las comisiones que participamos en el CORE, al gobernador, a los seremis correspondientes, incluso a los ministros porque es un sistema súper perjudicial para la gente (...) nosotros vamos a seguir insistiendo a que se les entregue una solución a todas las empresas de la región porque esto se sigue repitiendo y nosotros, como consejeros, estamos muy preocupados por la situación", dijo el CORE Patricio Tapia, quien es el presidente de la comisión de Sustentabilidad y Relaciones Internacionales, además de pertenecer a la comisión de Salud y Medio Ambiente.

Opinión que comparte Katherine San Martín, pues insiste en la necesidad de otorgar mayores atribuciones a los consejeros regionales, esto con motivo de la poca autoridad en las decisiones para la región, "ante la falta de potestad administrativa que tiene nuestro cargo de consejeros regionales no podemos elevar muchas misiones porque no tenemos la atribución, entonces no podemos exigirles a las empresas cosas que, yo como consejera y ciudadana, pueda y quiera, como por ejemplo, el contratar mano de obra local, sino que podemos sugerir. Entonces, cuando se pone la herramienta de sugerencia no existe vinculación ni instrumentos para enfrentar la realidad", señaló.

Para la consejera, el problema radica en lo legislativo, pues "las empresas dicen que la ley lo permite, que los ampara, entonces cambiemos la ley, trabajemos en cambiarla porque presión política podemos hacer, pero lo sustantivo y lo real es que a las familias todavía no les pagan", manifestó.

Demandas

A pesar de tener demandas en su contra, Mauricio Ocaranza comenta que las gestiones para saldar las cuentas no van a parar, pues expresó que, "la deuda actualizada al día de hoy son casi 12 mil millones, que son de todos los proyectos de la zona norte, porque finalmente casi todos los proyectos han tenido problemas, incluso en el proyecto Finis Terrae, el que se lo tomaron los muchachos de Copiapó y La Serena, y yo fui a apoyarlos pero Enel Green Power nos puso una demanda a las nueve personas por 690 millones, con motivo de desórdenes públicos. Pero nosotros como pymes y pequeños empresarios jamás hemos dañado parque eólico, fotovoltaico ni subestación siempre hemos estado desde la puerta para afuera".

Para la seremi de Energía, Dafne Pino Riffo, lo que ocurre con las empresas de energía renovable, se está trabajando desde el gobierno central, pues, afirmó que, "como región y capital energética, es un tema que nos preocupa dado que el desarrollo de las energías renovables debe generar valor en el territorio y ser armónico con las comunidades. Por esta razón el año pasado junto con las seremis de Economía, Bienes Nacionales, Minería y Corfo conformamos una mesa de trabajo para abordar esta problemática y planteamos algunas posibles soluciones". Propuestas dentro de las cuales se encuentra la modificación a las bases de licitación de proyectos ERNC, los que incluyen la obligación del pago a 30 días y una multa por incumplimiento de este.

"Con esta medida resguardamos a través de la entrega de terrenos fiscales a las pymes que desarrollan los proyectos", puntualizó la secretaria regional. Además, agregó que, "tenemos grandes desafíos por delante y no podemos crecer en este ámbito generando conflictos con las Pymes, que son la base para construir los parques".