Pymes locales acusan millonarias deudas de empresas extranjeras
REGIÓN. De acuerdo a la denuncia, los empresarios prestaron servicios a marcas internacionales para proyectos de energías renovables. Muchos actualmente están al borde de la quiebra y sin una solución para revertir la situación.
A más de $120 millones asciende la deuda que 50 pequeños y medianos empresarios, según acusan, los tendría al borde de la quiebra. El problema se habría producido por el no pago de servicios realizados a distintas empresas por un total de 25 proyectos de energías renovables.
Se trataban de iniciativas de energías eléctricas de compañías extranjeras, los que, para poder llevarlos a cabo, era necesario de trabajo colaborativo de grandes, medianas y pequeñas empresas para tareas como el transporte de personal, alojamiento para trabajadores, servicio de alimentación, arriendo de maquinaria, entre otras labores.
Una de las afectadas es Blanca Zapata, quien prestó servicios de arriendo y traslado de maquinarias para el proyecto La Cruz Solar, en la comuna de María Elena. "Me invitaron, por única vez, a trabajar para el proyecto de energía, del cual mi cliente contratador era una empresa chilena-mexicana. El contratista de la obra era una empresa española, al igual que los dueños del proyecto (…). Era un trabajo importante. Me pidieron 17 máquinas, de las cuales algunas de las que debían ir obligatoriamente con operador, como por ejemplo las grúas y las perforadoras. Para realizar los traslados, tuve un compromiso importante de mi capital de trabajo y el acuerdo con mi cliente fue que ellos me pagarían un anticipo a los 15 días de llegar las máquinas al lugar y al mes me pagarían la diferencia. Entonces era un riesgo bajo".
"Pasó el mes y no cumplieron con el acuerdo. Después los dueños del proyecto se fueron de Chile, se llevaron a sus trabajadores y yo me quedé con mis operadores en una pensión de María Elena sin saber qué pasaba", añade Zapata. Y asegura que la empresa subcontratista mexicana CIO le debe $250 millones por los trabajos que realizaron.
"Ha sido un camino de peregrinación tratando de cobrar, porque la respuesta formal de la empresa dueña, X- Elio, es que no tenían vinculo contractual con nosotros, lo que es verdad, porque están los vacíos legales que permiten una estafa. Yo quedé con una deuda de $250 millones más IVA que nadie me pagó y de ahí llegó Dicom, Tesorería, el embargo de mis bienes y no he logrado que me paguen un peso".
Misma situación aqueja a Paola Vera, quien lleva 16 años trabajando en el rubro de las energías renovables de la mano de su empresa Vera Spa. Misma empresa que, a raíz de la falta de pagos, cayó en insolvencia el año pasado. Comenta que fue contratada por la empresa española ION Spa, por el arriendo de excavadoras y retroexcavadoras para dos proyectos de la empresa Elecnor. Por uno de estos, realizado en Llanos del Viento, en Antofagasta, todavía no recibe pagos, ni menos respuestas.
"Toda mi producción de los meses entre noviembre a enero y parte de febrero no me lo pagaron, y en total sumo casi $45 millones. Hasta el día de hoy nadie se quiere hacer responsable", asevera.
El Congreso
Ante la situación que viven estas empresas locales, desde la Cámara de Diputadas y Diputados se trabajó en una modificación a la Ley 20.416, para establecer normas de protección a las Pymes como proveedores contratistas o subcontratistas durante la ejecución de un proyecto. La normativa actualmente está en conversaciones en el Senado. "Actualmente está el proyecto en la comisión de Economía del Senado. Moción que lamentablemente no ha sido priorizado por el Ejecutivo. En este sentido, insistiremos al gobierno para que otorgue suma urgencia a la tramitación de esta iniciativa la que, entre otras cosas, obligaría a las empresas mandantes a hacerse responsable de los pagos de sus proveedores, ya sea en calidad de contratistas o subcontratistas", declara el senador Pedro Araya (ind. - PPD).
Asimismo, sobre las medidas que están tomando desde el Gobierno por esta temática, la seremi de Economía, María Teresa Véliz, asegura que "hemos tenido que acompañar a estas empresas para buscar una solución a sus problemáticas, tanto con la reorganización de sus deudas, como la condonación o eventualmente convenidos de pago por sus deudas tributarias".
"Como Gobierno no queremos que estas situaciones se sigan repitiendo, por lo que hemos trabajado con ahínco en buscar soluciones, como la materialización de ideas que, en este caso, son los requisitos que se le agregan a los contratos próximos y que están relacionados con exigir el pago hasta el último eslabón de la cadena, así como el pago efectivo a 30 días y otros más", sostiene Véliz.
Licitaciones
Uno de los puntos a corregir por los afectados son los acuerdos por las licitaciones, esto porque, para la realización de los proyectos de energía sustentable en terrenos fiscales, deben ser cedidos a empresas privadas por medio de licitaciones públicas, las cuales se realizan a comodato por 20 o 30 años.
"Los terrenos donde se construyen todos estos parques son terrenos fiscales. Es el Estado quien entrega estos terrenos a estas empresas extranjeras que quieren venir a invertir en energías renovables en Chile. Eso es una de las cosas que más yo reclamé, porque no es justo que se les entreguen estos terrenos a privados sin una normativa de protección, porque son las mismas empresas extranjeras que nos están quebrando a las pymes chilenas", critica Paola Vera.
Sin embargo, la seremi de Energía, Dafne Pino, comenta que lo que ocurre en el ámbito de las energías renovables es una problemática de larga data, de las que se están haciendo gestiones para ayudar a las empresas afectadas. La secretaria regional afirma que "sostuve reuniones sucesivas con las Pymes afectadas" y que el conflicto fue presentado al extitular de Energía Claudio Huepe, y también al actual ministro Diego Pardow. Ambos, asegura Pino, "escucharon la situación que han vivido las y los afectados. Además, nos hemos reunidos con las empresas mandantes y las hemos invitado a adherir al compromiso de buenas prácticas en la construcción de proyectos de energías, iniciativa elaborada por el Ministerio de Energía con la finalidad que el desarrollo de los proyectos de energías renovables avance de forma sostenible".
Finalmente, Pino agrega que "con las medidas que surgen desde la región (la obligación de cumplir con la Ley 21.131 de pago a 30 días y multa por incumplimiento), se logra introducir un importante factor de justicia en el proceso de licitaciones, ya que permitirá, desde ahora, contribuir a solucionar un problema que por años ha afectado a contratistas y subcontratistas de la región y que por mucho tiempo habían quedado desprotegidos ante variadas situaciones de incumplimiento de pagos por parte de los concesionarios".