El megaincendio que afectó recientemente a la ciudad de Viña del Mar, que consumió a unas 300 viviendas al expandirse las llamas desde un área de bosque hacia una quebrada, volvió a reflejar con fuerza la vulnerabilidad de los asentamientos instalados en zonas de riesgo, como ocurre con el creciente número de campamentos del país.

Como muestra de esta contingencia, hace unas semanas pobladores de un campamento en Antofagasta denunciaban la instalación de asentamientos en obras aluvionales del sector centro alto de la ciudad.

"Han estado vendiendo esos terrenos y viviendas. Ya han vendido varias. Aunque uno se puede meter, porque si no le ofrecen bala, por eso uno no dice nada", comentaba una pobladora de un campamento del sector norte de la ciudad.

En la misma zona, hace unos días residentes del sector denunciaron quemas de basura y escombros. "Se han construido más casas en el lugar de las obras aluvionales. Hicieron además su desagüe y un basural, donde a la basura le prenden fuego. A nosotros esto nos da mucho miedo, porque venimos saliendo no hace mucho de un gran incendio en el campamento. No vaya a ser que se queme una casa y después sigan otras", afirma la residente de un campamento próximo, quien prefiere mantener su nombre en reserva.

"Siempre es lo mismo, queman su basura y con fuegos muy grandes", añade.

Progresivo deslizamiento

Según un reciente catastro del Centro de Estudios Territoriales de Techo-Chile, en la macrozona norte y centro norte del país un 88,4% de los campamentos, y 59.539 familias que habitan estos asentamientos, permanecen expuestos a amenazas de distinto tipo. Entre estas figuran remociones en masa, inundaciones, sismos, incendios forestales y sequía.

Como muestra de estos peligros, el progresivo deslizamiento de tierra de uno de los sectores del cerro aledaño a la población Irarrázabal, en el centro norte de la ciudad, mantiene en alerta a los vecinos ante un posible derrumbe. Pobladores de esta parte de la ciudad comentan que la causa se hallaría en el aumento viviendas del campamento Balmaceda y otras "tomas" ubicadas cerro arriba. La emergencia además reviste un riesgo sanitario, debido a que la remoción de tierra contiene aguas grises, a lo que se agrega el peligro de colapso de la matriz de agua potable. Un eventual suceso que afectaría a unas 50 mil familias de esta zona de la ciudad. "Hay que regular estos terrenos porque existe el potencial de una gran afectación para los vecinos y vecinas y es por eso que tenemos que actuar con sentido de urgencia", explicó el gobernador regional, Ricardo Díaz, luego de constatar en terreno la amenaza de los deslizamientos de tierra en las inmediaciones de la población Irarrázabal.

Jadille Baza, presidenta Nacional del Colegio de Arquitectos de Chile, recientemente reconocía los peligros de la habilitación de asentamientos en zonas de alto riesgo. Según la representante del gremio, independiente de las causas que originan siniestros como el de Viña del Mar, la planificación y gobernanza urbana no han estado a la altura de los desafíos que consideran habitar asentamientos humanos consolidados. "Consideramos que el crecimiento exponencial del hábitat informal, la insuficiente conservación de las áreas naturales suburbanas, así como también la falta de mantención y limpieza de la ciudad, han atentado contra los esfuerzos que se han adoptado para prevenir eventos como éste", dijo.

Falta de planificación

De acuerdo al Catastro Campamentos 2022 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), en el país se contabilizan 1.091 campamentos, que cuentan 71.961 hogares. En la Región de Antofagasta, en tanto, se registran 85 de estos asentamientos, conformados por 7.384 hogares.

Para Marcelo Lagos, académico del Instituto de Geografía de la Universidad Católica, los asentamientos humanos localizados en zonas de riesgo configuran una característica en el país. "Por ello no resulta sorprendente que cada cierto tiempo tengamos desastres de diferentes jerarquías. Si en nuestro país asentamientos formales pueden ser destruidos por un aluvión, quemados por incendios, inundados por un tsunami o sepultados por lahares volcánicos… ¿qué queda para los asentamientos informales?, dónde el habitar territorios en riesgo pasa a ser un hecho secundario ante la precariedad y complejidad de sus vidas", expresa.

"Los recientes incendios en Viña del Mar son sólo la punta del iceberg que nos revela todo lo que no se hizo con anticipación. Son décadas de falta de planificación urbana, de gobernanzas débiles o inexistentes, de descuido de ecosistemas frágiles, pobreza, entre otros. Por lo mismo, buscar responsabilidades y aprendizajes implica comprender que el riesgo y el desastre se construyen socialmente a lo largo del tiempo. El problema hoy es que la creación de territorios en riesgo está superando la reducción de riesgos, lo que implica que necesitamos nuevos enfoques para disminuir el riesgo de desastre. Hacer más de lo mismo ya no es suficiente. Tarea que se complejiza si consideramos que las elecciones sociales, políticas y económicas actuales no están ayudando en esta tarea", añade Lagos.

"Son décadas de falta de planificación urbana, de gobernanzas débiles o inexistentes, de descuido de ecosistemas frágiles, pobreza, entre otros".

Marcelo Lagos, Académico, Instituto de Geografía UC

59.539 familias de la macrozona norte y centro norte del país que viven en campamentos permanecen expuestos a amenazas de distinto tipo.

Una afectación completa a los servicios de Movistar tuvieron los clientes de la comuna de Mejillones producto de un nuevo robo de cables, el primero reportado por la compañía este 2023.

De acuerdo con la empresa, el hecho se registró el 8 de enero, cerca de las 17 horas cuando desconocidos vandalizaron la fibra óptica, confundiéndola con los cables de cobre. Producto de esto, localidades como María Elena, Hornitos y Caleta Buena, también fueron afectadas.

Según detalló la compañía telefónica, el robo repercutió en la caída del 100% del parque de clientes de Movistar sin servicios de internet, telefonía y TV, junto con afectar el acceso a servicios esenciales que se alimentan de esta conectividad, como cajeros automáticos, aplicaciones de salud o de emergencias.

La compañía Movistar, luego de un plan de gestión y mitigación por la contingencia, alrededor de las 22:00 horas pudo retomar progresivamente sus servicios. El delito provocó la caída del servicio de 2.500 clientes en Mejillones y de otros 16 sitios móviles que impactaron a los clientes de la comuna de María Elena.

Además, alrededor de 25 clientes empresas quedaron desconectados, entre los cuales destacan bancos, farmacias, municipalidades, empresas portuarias, bencineras, centros de salud y grandes empresas nacionales.

Desde Movistar informaron, además, que durante el año pasado la región se ubicó entre las cinco más afectadas por el crimen organizado, registrándose cerca de 370 casos de robo de cables en el año.