Boric no vio antecedentes de indultos o "la situación hubiese sido distinta"
SEGURIDAD. Vocera reconoció errores en perdones entregados a fines de 2022. UDI pidió a Contraloría revertir decretos, aunque Gobierno afirmó que "no es posible". Oficialismo reconoció que algunos beneficiados son delincuentes. RN dice que serían 7.
A once días de que el Presidente Gabriel Boric indultara a un exfrentista y 12 detenidos en las manifestaciones tras el 18 de octubre de 2019, al menos cinco de ellos condenados antes por diversos delitos, lo que el propio Mandatario reconoció como una "desprolijidad". Ante esto, ayer la ministra vocera, Camila Vallejo, afirmó que "si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta". La oposición cuestionó cómo llega la información al Jefe de Estado.
Vallejo explicó que para otorgar los indultos se usaron dos criterios: "Que en el contexto del estallido social hubiesen cometido delitos y que fruto de ello estuviesen condenados. Esto es un compromiso que se señaló incluso antes de asumir el cargo" de Presidente.
Y, en segundo lugar, "se excluyeran personas que tuviesen antecedentes complejos previo al estallido y ese segundo criterio fue el que no se cumplió, fruto de una serie de desprolijidades de las cuales se asumieron las responsabilidades políticas", admitió la autoridad y aludió al ahora exjefe de gabinete del Mandatario, Matías Meza-Lopehandía, y la exministra de Justicia, Marcela Ríos, quienes renunciaron el fin de semana.
"Si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista la situación hubiese sido distinta", afirmó la ministra secretaria general de Gobierno, junto con destacar que "no es posible (revocar los indultos), por una serie de criterios que tienen que ver con el derecho que se crea en este acto administrativo, con el principio in dubio pro reo, (...) no hay vicio jurídico".
Buscan revertir decreto
Diputados de la UDI fueron a Contraloría para solicitar "revertir los decretos (de indulto), y para eso depende del Gobierno presentar un mecanismo que permita echar pie atrás", señaló Juan Antonio Coloma.
El legislador también se refirió a las palabras de Vallejo, quien, a su juicio, "dio los argumentos de la acusación constitucional: reconocer las desprolijidades y que con todos lo antecedentes sobre la mesa estas personas no hubieran sido indultadas, por tanto, no basta con reconocer desprolijidades".
La jefa de bancada de senadores RN, Paulina Núñez, cuestionó además que "el haber tenido todos los antecedentes sobre la mesa dependía, ni más ni menos, que del propio Presidente", por lo que "me produce una inseguridad total que el Presidente esté firmando documentos, algunos tan complejos como los indultos, sin tener todos los antecedentes a la vista".
La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, dijo ayer en Tele 13 Radio que "lo dijimos, el momento de la decisión de los indultos probablemente iba a traer un efecto político como este. El Presidente estaba en la convicción personal de tomar esta decisión más allá de los efectos que podía producir y a mí no me asombra", ya que "la sensación (negativa) de la ciudadanía en seguridad es muy extendida".
El presidente de la Cámara de Diputados, (PL) Vlado Mirosevic, afirmó que "el indulto del señor (Luis) Castillo es claramente un error. (...) No es un luchador social, es un delincuente lamentablemente, y no está en el propósito original del Gobierno haberlo indultado".
Según el diputado Andrés Longton (RN), uno de los que firmó la acusación constitucional contra la exministra de Justicia, Marcela Ríos, uno de los motivos de la acción es que "entre el grupo de indultados se encuentran al menos siete casos que constituyen una infracción a la ley, en distinta medida", que corresponderían a los que se buscarán invalidar.
"Me produce inseguridad que el Presidente firme documentos sin tener antecedentes a la vista".
Paulina Núñez, Senadora RN
Posibilidad de revertir beneficios
La Moneda señaló que "no es posible" revertir los indultos, frente a lo que el abogado penalista Gabriel Zaliasnik explicó a La Segunda que "más que revocar, se puede ver la posibilidad de una invalidación o bien una nulidad de derecho público. Ambas hipótesis son naturalmente discutibles". En caso de invalidar, "tendría que argumentarse que los indultados no cumplían con los requisitos. Es decir, tendría que sostener que se produjo una ilegalidad", esta vez desde el propio Ejecutivo.