La permeabilidad de la frontera con Bolivia surge hoy como un factor de creciente inquietud por un continuo flujo migratorio que se aprontaba a registrar al cierre de 2022 un récord en denuncias por ingresos clandestinos.

Una inquietud acrecentada debido a que este país no ha impedido la salida de migrantes hacia Chile, en su mayoría venezolanos, pero rechaza las reconducciones de estos hacia su territorio, como lo dispone la nueva Ley de Migraciones (21.325). Esta realidad la reconocía en julio pasado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado Luis Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), ante las escasas reconducciones concretadas en Colchane, Región de Tarapacá. A esta pequeña comuna fronteriza se le considera como el epicentro de la crisis migratoria en el país.

"El 94% de las reconducciones se produce por Colchane hacia Bolivia y el 95% de estas han sido rechazadas", comentaba Thayer, sobre la determinación de las autoridades bolivianas de no aceptar reconducciones de quienes no posean nacionalidad boliviana. Una medida de alto impacto para el flujo migratorio irregular, debido a que en Colchane ocurre hasta el 70% de los ingresos por pasos no habilitados.

Según datos de la Policía de Investigaciones (PDI), hasta noviembre pasado se empinaban en 51.135 las denuncias por ingresos clandestinos. Este registro se aproximaba a superar las 56.586 denuncias de este tipo reportadas en 2021: el mayor registro hasta la fecha. Más aún porque desde 2016 en el tercer trimestre del año repuntan los ingresos por pasos clandestinos, según reconocen expertos en temas migratorios.

Álvaro Bellolio, exdirector del Sermig en la administración anterior y actual director del Observatorio de la Migración Responsable, en una reciente presentación en la Cámara de Diputados criticó el escaso aporte de las autoridades bolivianas para contener el flujo de extranjeros que busca ingresar de manera continua al país en forma irregular. "Se deben tomar las reconducciones con Bolivia. No puede ser que Bolivia no tenga ninguna responsabilidad en que entren 50 mil personas a través de sus fronteras", dijo.

Para Bellolio resulta necesario además precisar la identidad y vínculos entre hijos y padres en sectores fronterizos para evitar el eventual tráfico de menores. Un caso de alto riesgo, especialmente, por la documentación precaria que portan los migrantes venezolanos, según afirma. "Este un tema en que requiere una coordinación internacional y una preocupación urgente de la que hacerse cargo (…) También entender, cuáles son las razones por la que extranjeros están ingresando clandestinamente y cuál es la permisividad que está entregando Bolivia, que no le importa qué niños crucen de Perú a Bolivia, pasen por su frontera, crucen el desierto, pase a Chile y no hagan cargo. Porque al final las fronteras son de a dos".

Necesaria intervención de Cancillería

Según el diputado por la Región de Antofagasta Jaime Araya (Ind-PPD), luego de haberse superado el litigio pendiente por el río Silala, surge como un factor de máxima urgencia que la Cancillería plantee al gobierno boliviano el flujo constante de migrantes irregulares hacia Chile. "No es posible que una parte de los venezolanos que ingresan de manera irregular nuestro país recorran todo el territorio boliviano, ingresen a Chile, provenientes de Bolivia y Bolivia no haga nada; y además no permita las reconducciones", opina.

"Es algo que se tiene que hacer presente, mediante una reunión urgente, porque es un tema que va a empezar a crecer en el verano y Bolivia tiene que entender esta situación (…) Son ya cerca de 55 mil los extranjeros que han ingresado al país de manera irregular, y buena parte de ellos lo hace provenientes de Bolivia. Me parece inaceptable ese nivel de desidia que tiene el gobierno boliviano en esta materia", añade Araya.

Una opinión en la que coincide la también diputada por la Región de Antofagasta Yovana Ahumada (exPDG). "Hace falta un trabajo de Cancillería, y una conversación con Bolivia por el tema de la reconducción. Porque todos tenemos que hacernos cargo de lo que está ocurriendo con la migración. Sobre todo cuando no hay capacidad en nuestro país para dar solución y respuesta a todas las necesidades de esos migrantes que están recorriendo la región. Es impresentable darse cuenta, de que hasta el día de hoy no hay nada resuelto ni concreto en esta línea", afirma.

"Mientras tanto nosotros seguimos recibiendo una migración irregular, en que lamentablemente hoy día no solo llegan migrantes, sino también bandas organizadas que se están apoderando de nuestras regiones", asevera Ahumada.

El Tribunal Electoral Regional (TER) de Antofagasta notificó la presentación del requerimiento de suspensión e inhabilidad realizado por el alcalde de Mejillones, Marcelino Carvajal en contra de la concejala María Sebastiana Brevis Navarrete por un proceso judicial pendiente, el cual no había sido informado al Tribunal Electoral Regional.

En esta información el TER detalló que el requerimiento presentado en diciembre fue realizado por el abogado Javier Maldonado en representación de la municipalidad de la comuna y a su vez por el jefe comunal.

De acuerdo a los antecedentes expuestos en el requerimiento, "según consta la causa RIT ORDINARIA-449-2019, RUC 1901188919-3 del Juzgado de Garantía de Mejillones la requerida doña María Sebastiana Brevis Navarrete, fue acusada en audiencia de fecha 6 de octubre de 2022 por los delitos de Desórdenes Públicos - prescrito en el artículo 269 del Código Penal, y art. 6 letra A y D de la Ley 12.927 - y obstrucción de la vía férrea, a raíz de los hechos sucedidos el día 05 de noviembre 2019 (en contexto de estallido social), aproximadamente a las 06:35 horas, donde la referida en compañía de un grupo de personas habría encendido neumáticos tanto en la vía pública como en la línea férrea, impidiendo el libre acceso vehicular al lugar, como la libre circulación de ferrocarriles".

Inhabilidad

Respecto a la inhabilidad del cargo como edil, en el documento presentado por la municipalidad se apela a los deberes, derechos y a la responsabilidad administrativa que al efecto disponen las Leyes Nºs. 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado; 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y 18.883 de Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales. "Dentro de la normativa mencionada, aplicable a la concejal requerida, encontramos lo prescrito en el artículo 16 de la Constitución Política de la República sobre que el derecho de sufragio se puede suspender si la persona está acusada por un delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista o también por haber sido sancionado por el Tribunal Constitucional en conformidad al inciso séptimo del número 15º del artículo 19 de esta Constitución.

"Del mismo modo encontramos el artículo 61 de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, la que determina clara y precisamente que el alcalde o concejal cuyo derecho a sufragio se suspenda por alguna de las causales previstas en el artículo 16 de la Constitución Política de la República, se entenderá temporalmente incapacitado para el desempeño de su cargo, debiendo ser reemplazado, mientras dure su incapacidad, de conformidad a lo establecido en los artículos 62 y 78", añaden en la presentación.