"El Estado tiene que velar por los derechos humanos y aquí está incumpliendo eso"
En su visita a la ciudad, para constatar directamente las afectaciones que sufren los vecinos del sector norte, producto de las constantes quemas de residuos domiciliarios y de la construcción, tanto fuera como dentro del exvertedero municipal, la directora nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), María Consuelo Contreras Largo, conversó con El Mercurio de Antofagasta para hablar sobre las acciones que realizará el organismo, tanto en el corto como mediano plazo, respecto al conflicto.
Tras su visita al exvertedero municipal ¿Qué piensa de la problemática ambiental que vive Antofagasta? en el lugar había una quema.
-Estuvimos en el lugar en compañía de los bomberos, recorrimos el vertedero en esta oportunidad y la verdad es que la situación es gravísima, ya que abarca mucho más que el vertedero. El vertedero está con un cierre perimetral en algunos lugares en buenas condiciones, en otros no, pero el basural se extiende mucho más allá de espacio del ex vertedero y muchas de las quemas están ocurriendo hoy fuera del vertedero. Es un verdadero basural el que se ha generado en torno. Es un basural ilegal y muchas de las quemas son en ese sector, y que llegan hasta el límite donde están las construcciones de las viviendas sociales. Es muy grande la afectación que hay aquí.
Usted solicitó una serie de documentos e informaciones al municipio, como detalles del plan de remediación, conservación del cierre perimetral, plan de vigilancia, incluso de las emergencias sanitarias de los últimos tres años. ¿Por qué es importante para el INDH conocer estos detalles?
-Porque después de esta visita queremos evacuar un pequeño informe para ver cuál es el estado de situación que afecta gravemente los derechos humanos de quienes viven en este sector, queremos ver cuál es el radio afectación, qué acciones se han tomado, cuáles de esas acciones se han cumplido y cuáles faltan por cumplir. Eso nos ayudará a realizar recomendaciones a los distintos órganos del Estado, a los gobiernos locales, regionales y nacionales, con el fin de poder poner término en el mediano plazo, a esta situación tan grave que se vive en la zona.
Compromiso
Respecto de la visita a mediados de diciembre del grupo de avanzada del Instituto, se comprometió realizar un plan de trabajo para resolver la problemática de convivir con un ex vertedero. En ese sentido ¿Cuál será el rol del INDH en esta nueva mesa de trabajo con el Gore, la DPR y el Municipio?
-En esta mesa de trabajo que se creó, lo que pretendemos es poder observar los trabajos que se realizan en torno a solucionar esta problemática, con el fin que se mantenga esta articulación porque este es un problema que no lo resuelve un solo estamento del gobierno, local o regional, sino que necesita la articulación de los distintos estamentos, seremis involucradas y por supuesto la del municipio. Aquí hay una afectación de muchos derechos como la seguridad, la salud, el derecho a la vivienda digna, a la educación, a vivir en un ambiente libre de contaminación, a la integridad personal, porque aquí las personas pueden estar sufriendo enfermedades o situaciones de afectación hacia su seguridad que son gravísimas.
Un catastro realizado recientemente por el Gore en conjunto con el Hospital Clínico de la UA, determinó que 200 vecinos de dos condominios colindantes al exvertedero municipal (Desierto Florido y Nogales), tenían una prevalencia mayor a desarrollar cuadros respiratorios crónicos o agudos. Actualmente son 1.300 familias las que viven en el sector y según el Plan Urbano Habitacional donde se pretenden construir 9.500 viviendas en total. Si la problemática del ex vertedero no se logra subsanar durante esta administración ¿debería seguir construyéndose en el sector?
-Creo que es muy peligroso que sigan los procesos de construcción, en la medida que no se ejecute el proyecto de remediación por un lado y también un programa de urbanización de toda la zona, estableciendo áreas verdes, zonas de servicio. Esto no es solo trae a la gente de menores ingresos a un sector donde se le entregue una vivienda; esa vivienda requiere además de otras condiciones para cumplir satisfactoriamente con el derecho a la vida digna, requiere de escuelas, servicios, un medioambiente libre de contaminación. No se puede seguir construyendo en medio de un basural donde hoy las familias se les está afectando su salud. El cálculo que se tiene es que son cerca de 40 mil personas las afectadas por esta situación y si uno instala 8 mil viviendas más, entendiendo que eso hay que hacerlo porque el problema habitacional es grave y se requieren viviendas, pero generando condiciones adecuadas para ello.
¿Cree que es importante supervigilar las acciones del municipio en esta materia? ¿Por qué?
-Sin lugar a dudas, hay que supervigilar las acciones que debe realizar el municipio. Lo que tiene que ver con el cierre de seguridad y remediación de lo que fue el vertedero La Chimba, pero también se requieren instancias y aportes de otras entidades de gobierno, porque, por ejemplo, todas las viviendas sociales que se están construyendo alrededor de este sector, requieren de urbanización y la urbanización debe realizarse en sectores que se han trasformado en un basural ilegal, hay que terminar con este basural ilegal y si no articulamos a otras instituciones, el problema no se va a resolver.
Tras esta visita ¿Cuáles serán las primeras acciones del INDH en esta materia?
-Vamos a proceder a trabajar el informe de salida de nuestra visita en terreno, elaborar algunas recomendaciones, y una vez que tengamos esas recomendaciones vamos a proceder a gestionar esas recomendaciones realizando las tareas y acciones administrativas y si es necesario acciones judiciales para que el problema se resuelva. El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de las personas y aquí, evidentemente está incumpliendo con esa tarea.