Claudio Cerda Santander

La apuesta del Gobierno de reactivar el proyecto de ley sobre infraestructura que abarque a zonas fronterizas, en momentos en que se proyecta una eventual reactivación de los flujos migratorios por la temporada estival, surge como una medida que evalúan con distintos matices parlamentarios de la región.

A mediados de mes, en una visita a la Región de Arica y Parinacota la ministra del Interior, Carolina Tohá, reveló avances de esta iniciativa. Uno de los temas en los que se registran acercamientos en el marco del acuerdo transversal por la seguridad, que consiste en aprobar la legislación de infraestructura crítica que no prosperó en este período legislativo. "Ya encontramos una manera en que podríamos destrabarlo (proyecto de ley) incorporando dentro de la infraestructura crítica, que el presidente puede pedir a las FF.AA. para que ayuden a proteger las zonas fronterizas y las rutas", dijo

"De esta forma, el Presidente de la República podrá solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas para cuidar infraestructura de distinto tipo, entre otras, las fronteras. Eso tiene una gran virtud respecto del estado de emergencia, porque no significa restringir ninguna libertad constitucional de las personas, ni que las Fuerzas Armadas tomen el control del territorio en su conjunto, sino que se aboquen a proteger las áreas en que tenemos la emergencia, en este caso las zonas fronterizas, donde claramente hay una necesidad de dotación de personal adicional", agregó Tohá, quien junto a esta iniciativa anunciaba la implementación de un comité interministerial para mejorar la articulación de las políticas públicas en las regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, incluyendo las vinculadas a materias de seguridad.

Según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, correspondientes al tercer trimestre de este año sobre Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS), la Macrozona Norte se mantiene en los primeros lugares de este registro. De acuerdo a este indicador, la Región de Arica y Parinacota registra una tasa de 809,4 casos policiales por DMCS cada 100 mil habitantes, que corresponde a la tasa más alta del país. Luego siguen la Región de Tarapacá (779,4), la Región de Antofagasta (768,4) y la Región de Atacama (688,4).

Para el diputado Jaime Araya (ind-PPD), quien ha encabezado las demandas por estado de excepción en la Macrozona Norte, la propuesta del gobierno sobre infraestructura crítica debe extender la labor de apoyo de militares en control en control de carreteras. "A nosotros nos parece fundamental que haya no solamente presencia de militares en las fronteras y en las rutas, sino que haya una verdadera coordinación de todas las instituciones del Estado para controlar el grave fenómeno de migración irregular que asola a la Macrozona Norte y las consecuencias que esto ha tenido, y naturalmente como a través de este fenómeno de migración irregular se ha ido instalando el crimen organizado en la Macrozona Norte".

"A mí me parece que puede ser una buena solución. Nosotros le manifestamos a la ministra (Tohá) que era la última vez que votamos a favor del estado de excepción constitucional del sur, mientras no se resuelva el problema del norte. Ella se comprometió a que va ingresar el proyecto sí o sí. Me parece que es un primer paso importante para resolver el tema de una manera que debiera ser una herramienta muy útil para desplegar militares en estas labores de control fronterizo y también en rutas (…) Hay que hacerse cargo que el fenómeno de la migración irregular está absolutamente desplegado en el territorio de la zona norte, por lo tanto, las rutas son un parte fundamental que necesitan custodia. Hemos señalado reiteradamente que el estado de excepción constitucional que solicitamos consiste en militares en la frontera, haciendo labores de control, y también en dos check point: uno es en Quillagua y el otro en la Aduana de El Loa, porque ahí transita mucha gente de manera irregular. Además es indispensable que la Dirección Nacional de Migraciones se haga presente en la macrozona norte y tome decisiones. Ellos están obligados a acelerar los procesos de expulsión administrativa. A mí en lo particular me parece que es grave e impresentable la respuesta que da, que frente a 50 mil o 60 mil ingresos irregulares, solamente se hayan podido expulsar 25 personas. Creo que realmente es una chacota, y a mí me gustaría que se tomara muy en serio este tema. Yo veo mucha voluntad y determinación de la ministra del Interior en esto, y espero que todos los partidos de la alianza de gobierno estemos disponibles a respaldar la creación de esta institucionalidad", añade Araya.

Idealización de migración

Para el también diputado por la Región de Antofagasta, José Miguel Castro (RN), resulta indispensable la puesta en marcha de un estado de excepción en las regiones del norte del país.

"El problema que tenemos con Infraestructura crítica es que este gobierno -desde su ideología- desplazará a las FF.AA. únicamente en las fronteras, y sabemos que el grave problema que tenemos con la delincuencia se ha concentrado en la ciudad, necesitamos un Estado de Excepción Constitucional sin letra chica, donde las FF.AA. ayuden a dar un golpe y una señal política fuerte en contra de la delincuencia y la migración ilegal en las ciudades".

"Está claro que toda ayuda siempre suma, pero con las señales erráticas de este gobierno y su ideología de un continente sin fronteras, difícilmente será de ayuda. Hoy la invitación del director de Migraciones es a ingresar a Chile y regularizarse, y por tanto, no habrá medida que sea de utilidad mientras no se deje de lado esa mirada romántica de la migración y el director no dé un paso al costado", agrega.

"A nosotros nos parece fundamental que haya no solamente presencia de militares en las fronteras y en las rutas, sino que haya una verdadera coordinación de todas las instituciones del Estado".

Jaime Araya, Diputado

Una serie de deficiencias de carácter sanitario motivaron el inicio de un sumario y la prohibición de funcionamiento al minimercado y panadería Fragus's, ubicado en el sector norte de Antofagasta.

La seremi de Salud Jéssica Bravo contó que funcionarias de la Unidad de Alimentos de esta repartición gubernamental llegaron el lunes hasta las dependencias del mencionado local para constatar una denuncia ciudadana ingresada a través de la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (Oirs).

Durante la inspección se detectaron varias irregularidades. "Había una filtración de aguas domésticas en el área productiva y presencia de insectos (polillas) en varios sectores. Las latas de los hornos estaban en muy mala condición no aptas para su uso seguro ya que tenían desprendimiento de partículas", detalló Bravo.

Productos vencidos

De la misma forma, la autoridad aseguró que las funcionarias constataron que el lavamanos estaba bloqueado y el lavadero presentaba filtración de agua servida.

"Una situación que consideramos riesgosa es que había productos vencidos (principalmente aditivos de uso regular en las panaderías) del año 2021 y junio-noviembre 2022", advirtió.

Finalmente, el acta de fiscalización dejó constancia que las paredes en sector de expendio de los productos son de piedras con aberturas en uniones sin sellos y con poca facilidad para una adecuada limpieza y de malas prácticas del personal en los procesos con peligro de provocar contaminación cruzada.

La empresa -que según Código Sanitario arriesga multa entre 1 décimo y 1.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM)- podrá hacer sus descargos durante el proceso sumarial.