Acuerdo constitucional: luces y sombras
"Otra debilidad del acuerdo es que tampoco establece qué ocurrirá en caso de resultar triunfadora la opción "rechazo" en el plebiscito de salida". Alberto Torres Belma, Sociólogo y Académico de la UA
El denominado "Acuerdo por Chile", evacuado a la opinión pública hace algunos días por los partidos políticos que participaron de las negociaciones por un nuevo proceso constituyente, sin duda es un buen augurio en el sentido de intentar cerrar un proceso aún inconcluso, considerando que más bien la ciudadanía rechazó abrumadoramente el deficiente borrador elaborado por la extinta convención constitucional; no así la necesidad de contar con una nueva Carta Magna, como reflejan diversas encuestas de opinión.
En cuanto a las sombras del acuerdo, es legítimo interpelar si realmente era necesario destinar onerosos recursos a la conformación de una nueva convención constitucional - ahora, llamada "Consejo Constitucional"- con el riesgo que sean electas personas que no posean las competencias y habilidades sociales mínimas para discutir un tema de gran envergadura como la hoja de ruta de nuestro país por las próximas décadas; y con la probabilidad de polarizar la discusión en caso de obtener una alta representación aquellas colectividades que representan extremos tanto en la izquierda como derecha política, redactándose un eventual proyecto acomodado a las reivindicaciones ideológicas de determinados sectores.
El planteamiento de la conformación de un comité de expertos sin duda es positivo, ya que es de esperar que el nuevo texto constitucional sea elaborado por personas que posean pergaminos mínimos en la materia. Sin embargo surge la legítima pregunta: ¿Por qué se hace necesaria una nueva convención si dicho comité de expertos, que deberá instalarse en enero de 2023, elaborará un anteproyecto de constitución que, a su vez, será entregado a la nueva convención electa? Dicha convención, por cierto, deberá deliberar y redactar la nueva constitución tomando como base el proyecto del comité de expertos, pero ¿no hubiese sido mejor conformar un comité de expertos - definiendo claramente qué se entiende por "experto"- y que éstos elaborarán la propuesta, fuese discutida y ajustada en el Congreso Nacional, y luego ratificada o rechazada por la ciudadanía a través de un plebiscito de salida? Sería un camino más breve y evitaría un gasto de recursos que cubrirían las remuneraciones de los nuevos convencionales. Además, tampoco se vería afectado el espíritu democrático del proceso, ya que existiría un referéndum con voto obligatorio.
Otra debilidad del acuerdo es que tampoco establece qué ocurrirá en caso de resultar triunfadora la opción "rechazo" en el plebiscito de salida. De ser así, ¿se configurará un eterno proceso constituyente? ¿O definitivamente deberemos reformar la Constitución existente? Parece haber más claridad, por cierto, qué ocurrirá en caso de ganar la opción apruebo.
A modo de conclusión: como "luces" del acuerdo podemos rescatar la buena intención de los sectores políticos por dotar al país de una Constitución que responda a los nuevos tiempos. Las sociedades son cíclicas, como también los pactos sociales que las unifican: no existen realidades no modificables. Quien lo sostenga, es que definitivamente no entiende la dinámica de las sociedades. Por otra parte, tenemos la definición de bases constitucionales para la redacción del nuevo texto, lo que en cierta medida haría un tanto innecesaria la elección de una nueva convención por ésta y las razones expuestas anteriormente.
Como "sombras" del acuerdo encontramos la poca precisión en definir qué se entenderá por "expertos" (aunque es una buena idea contar con un comité de esa índole); qué ocurrirá si gana la opción "rechazo" en el plebiscito de salida; y una posible fatiga de la ciudadanía en caso que la discusión sobre el nuevo texto constitucional no sea encauzada.