Región lidera ocupaciones de terrenos fiscales en el país
BBNN. Un total de 8.613 tomas irregulares registra Bienes Nacionales en la Región de Antofagasta.
La ocupaciones ilegales que se han extendido con fuerza en distintas zonas del país, una realidad que inquieta a distintos sectores por las cada vez más frecuente "tomas" irregulares en terrenos públicos y privados, hoy mantiene en la Región de Antofagasta a la cabeza del registro de uso ilegal en propiedades de tipo fiscal.
Según datos del Ministerio de Bienes Nacionales, hasta el 30 de junio pasado, a 19.670 se empinaba el número de ocupaciones ilegales o irregulares en propiedad fiscal en el país. "Hay algunas que responden a una necesidad habitacional real, otras a segundas viviendas y a loteos irregulares, donde a veces, incluso, operan mafias que han estafado a personas. Cada uno de estos casos, requiere de una solución adecuada", dijo recientemente la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro.
"En el norte es donde se concentra la mayor cantidad de terreno fiscal y, por lo mismo, es donde hay más ocupaciones irregulares; específicamente, en las regiones de Atacama y Antofagasta, las que en su conjunto concentran cerca del 70% de este fenómeno a nivel nacional", añadió.
Según registros de BBNN, el número de ocupaciones ilegales e irregulares en propiedad fiscal lo encabeza la Región de Antofagasta (8.613). Luego sigue la Región de Atacama (5.108), mientras que más distantes en este registro figuran regiones como la Metropolitana (972), Biobío (877), Coquimbo (786), Arica y Parinacota (710) y Los Ríos (619).
Medidas
En la Región la ocupación irregular de terrenos ha incluido casos de segundas viviendas con alto estándar en infraestructura. Como muestra de esta tendencia, autoridades han desplegado una serie de operativos para restituir terrenos fiscales, como en el caso de las denominadas "Tomas Vip". Uno de estos operativos ocurrió en agosto pasado con la demolición de una vivienda de dos pisos, con pasillos en especies de terrazas, jardín con césped y amplios espacios en el sector El Huáscar, en el sector costero sur de la ciudad. Otro caso similar ocurrió el mes pasado en un terreno fiscal ocupado de manera ilegal en la caleta Lagarto de Mejillones. En este lugar la ocupación irregular abarcaba 663.902 mt2 y una superficie edificada de 1.600 mt2, según reportó en la ocasión la Delegación Presidencial Regional (DPR). En el lugar se constató unos 90 cierres perimetrales, de los cuales 30 disponían de construcciones de tipo cabañas de veraneo y además un domo.
Otros procedimientos del mismo tipo han desplegado autoridades locales en sectores de campamento en la comuna de Antofagasta. El mes pasado la DPR en un período de 10 días informaba haber erradicado tres veces una toma incipiente en el sector El Ancla. Un área de terrenos fiscales en el borde cerro de la ciudad, donde grupos de personas han insistido en instalar viviendas. Desde la Seremi de Bienes Nacionales incluso reportaron denuncias de violencia y amenazas provenientes de los ocupantes irregulares de este sector.
Crecen CAMPAMENTOS
Según datos de la DPR, como parte de la labor de control para evitar la instalación de nuevos campamentos en la provincia de Antofagasta, desde enero hasta el 4 de noviembre pasado la entidad reportaba 58 notificaciones de desalojos, 38 de estos procedimientos ejecutados y ocho restituciones de terrenos fiscales.
La seremi de Bienes Nacionales, Angelique Araya, reconoció el incremento de las "tomas" en esta zona del país. "En el caso específico de nuestra región han influido eventos que tuvieron un impacto significativo sobre los ingresos de las familias, como lo fue el estallido social de octubre del año 2019 y la pandemia. De manera paralela, también afecta en la proliferación de estos asentamientos la falta de trabajo intersectorial para abordar el tema de la planificación territorial, considerando que este es un elemento clave para que nuestras ciudades crezcan y se desarrollen armónicamente. También influye el déficit en la fiscalización de Bienes Nacionales, que sólo cuenta con cuatro fiscalizadores para toda la región, sino también de otros organismos del Estado".
"Podemos señalar que se trata de un fenómeno que se arrastra hace décadas y que bajo esta administración, hemos priorizado las fiscalizaciones como una herramienta para frenar tomas de terrenos incipientes, evitando que situaciones como las ocurridas por ejemplo en el sector El Huáscar o caleta El Lagarto sigan avanzando (…) El procedimiento a seguir es una vez ingresada una denuncia, coordinamos con nuestros fiscalizadores para que acudan al lugar a verificar la situación, en el caso de ser válida la denuncia y de constatarse de que son suelos fiscales oficiamos a la Delegación respectiva para que ellos dicten la resolución que dé pie al desalojo. Una vez restituido, en el caso de que el uso de suelo lo permita, y de que esté considerado dentro del plan de emergencia habitacional, se entrega a Serviu para que ellos puedan dar soluciones habitacionales a la gente que más lo necesita" añadió Araya.