El presidente de Bolivia, Luis Arce, destacó ayer el crecimiento económico del 4,1% y la inflación más baja de la región como los principales logros en los dos años de su gestión, en momentos en que su Gobierno enfrenta un conflicto por la realización del censo y cuestionamientos y fricciones al interior del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).

Arce presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional un informe de sus dos años de Gobierno centrado en la gestión económica en el que resaltó que con el modelo económico social comunitario productivo se ha privilegiado "la justicia social".

"Han pasado dos años e incansablemente trabajamos por la reconstrucción de nuestro Estado no solo con los efectos económicos y sociales que dejó la pandemia, sino también con las nefastas consecuencias de la interrupción del orden democrático y constitucional suscitado en noviembre de 2019", dijo Arce al iniciar la presentación, que duró casi dos horas y media.

Arce citó varias datos entre los que mencionó que "Bolivia a pesar del contexto internacional adverso" ha logrado mostrar "un crecimiento sostenido" porque "se ha puesto especial énfasis en el área productiva" y en el rol de la demanda interna "como motor principal del dinamismo" económico.

"En la gestión 2021 con la recuperación de la democracia y producto de las políticas de reconstrucción económica y productiva, el crecimiento fue de 6,1%, al segundo trimestre de 2022 es de 4,1%", agregó y sobre la reactivación productiva dijo que se han invertido unos 367 millones de dólares.

"El sector hidrocarburos muestra datos alentadores, a agosto se alcanzaron 1.450 millones de dólares por renta petrolera" y el "volumen de exportaciones por gas natural en el mismo mes alcanzó 7.206 millones de metros cúbicos", dijo.

Asimismo, señaló que el sector de la minería fue uno de los que más aportó al producto interno bruto en el segundo trimestre con 8,1%.

Mencionó que de "enero a septiembre el saldo comercial refleja un superávit de 560 millones de dólares explicado por el incremento de las exportaciones que superaron los 10.600 millones de dólares".

Arengas por el censo

Desde que el Gobierno aplazó la realización del censo, Arce ha tenido que enfrentar varios conflictos como un paro indefinido desde hace 18 días en Santa Cruz, motor económico del país, del que no se refirió en su informe, pero que sí fue recordado por legisladores opositores.

A lo largo de la sesión se escucharon por un lado vítores a favor de "Lucho, hermano, el pueblo está contigo", y por otro coros de "censo, censo, censo", al tiempo que los opositores alzaban carteles con mensajes "censo 2023 ya", "Arce deja de masacrar al pueblo" y "para erradicar votantes fantasmas".

Además, cuando Arce ingresó al Parlamento, la diputada del partido opositor Creemos, María René Álvarez, le puso en frente un cartel que decía "nos pueden golpear, nos pueden cercar, nos pueden matar, pero nunca podrán doblegar a Santa Cruz. Viva la tierra de valientes".

"Nos costó mucho retomar la senda de la estabilidad y debemos cuidarla como patrimonio del pueblo, pues en tiempos de crisis siempre los pobres son los que terminan perdiendo más", afirmó el mandatario.

Y sin referirse al paro y otras medidas de presión dijo: "Hoy estamos pasando momentos en los cuales algunos grupos quieren volver a desestabilizarnos, pero estoy seguro que la organización, movilización y conciencia de un pueblo que avanza, que quiere trabajar y que quiere seguir creciendo, vencerá todo este tipo de adversidades".

El Partido Liberal (PL), del mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, aseguró que encabezará una "dura oposición" al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quien asumirá el 1 de enero de 2023 tras ser elegido el pasado 30 de octubre.

El presidente del PL, Valdemar Costa Neto, dijo que esa formación, que tendrá las primeras minorías en las cámaras legislativas, se enfrentará a los "valores comunistas y socialistas" que pueda promover el Gobierno de Lula.

Aún así, aclaró que todos aquellos proyectos que puedan ser "beneficiosos para el país" serán evaluados por el PL, que no será una oposición "ciega" ni ajena a los "intereses de los brasileños".

Costa Neto no puso en duda los resultados de las elecciones del pasado 30 de octubre, en las que Lula se impuso con una diferencia de 1,8 puntos porcentuales a Bolsonaro. Sin embargo, evitó criticar las manifestaciones que grupos bolsonaristas hicieron en las puertas de los cuarteles del Ejército para pedir un golpe que impida la investidura de Lula.

En la oposición, la diputada Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), consideró que "no es normal" que persistan en Brasil focos de protestas bolsonaristas que piden un "golpe militar".

"No es normal que haya gente en la puerta de los cuarteles" y que "se pida una intervención militar" para impedir que Lula asuma el poder.

La presidenta del PT se refirió a pequeños grupos de ultraderecha que apoyan a Bolsonaro y que ayer aún permanecían acampados a las puertas de algunos cuarteles.

Según Hoffmann, esos grupos "tienen derecho a hacer oposición" una vez que Lula asuma la Presidencia, pero "no tienen derecho a pedir un golpe", pues "hubo unas elecciones y hay unos resultados" que dieron la victoria al líder progresista.

La presidenta del PT consideró además que, en caso de que esas manifestaciones persistan, "las instituciones deberán actuar de una manera firme".

La vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, llamó ayer a los "congresistas demócratas" a la "reflexión" para trabajar "de forma unida" y así frenar la crisis política que vive el país y que considera que está llegando al "extremo".

La vicepresidenta señaló tras participar en la XV Conferencia Anual de Municipalidades Urbanas y Rurales que la denuncia por traición a la patria que estudia el Congreso contra el presidente Pedro Castillo no tiene "los fundamentos jurídicos constitucionales".

"Desde el Congreso no se puede forzar que una acusación como traición a la patria se deba calzar sí o sí en el artículo 117 (de la Constitución) cuando sabemos que no tiene los fundamentos jurídicos constitucionales", declaró ante los medios.

El delito de traición a la patria esta recogido dentro del artículo 117 de la Constitución peruana como una de las cuatro causas por las que el Presidente de la República puede ser acusado durante su mandato.

En la actualidad, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú evalúa la denuncia constitucional presentada contra Castillo por presunta traición a la patria tras abrir la puerta a un posible acceso al océano Pacífico para Bolivia.

"No estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia. Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera", explicó Castillo en una entrevista concedida a CNN en enero de este año a raíz de unas declaraciones suyas ofrecidas en un evento de profesores en La Paz en 2018.

Si el informe que estudia la subcomisión es aprobado a lo largo de esta semana, la Comisión Permanente debatirá si procede su debate en el pleno general del Congreso.

Bolivia perdió su acceso al mar tras la Guerra del Pacífico (1879-1883) y fue ratificado en 2013 cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya desestimó que nuestro país estuviera obligado a negocia una salida marítima para Bolivia.

El juez Abdulqawi Ahmed Yusuf, encargado de leer el fallo de la CIJ en 2013, detalló que la corte, por 12 votos contra 3, "concluye que la República de Chile no contrajo la obligación de negociar un acceso soberano al mar para el Estado Plurinacional de Bolivia".

Aún así, el tribunal no descartó una negociación de buena fe que facilite la salida soberana del país altiplánico al Pacífico.