El 57% de los hogares chilenos tiene alguna deuda, según la Encuesta Financiera de Hogares 2021 dada a conocer ayer por el Banco Central, lo que representa un importante descenso respecto de 2017, cuando el 66% de los hogares tenía deudas, y mayor caída ante 2014, cuando la cifra era de 73%.

De acuerdo a la medición, que se aplicó en 4.400 hogares de las principales ciudades del país, el consumo de las familias representa 61% del PIB nacional.

"Se observa una mayor inclusión financiera, lo que se refleja en el aumento de la proporción de hogares con algún tipo de activos financieros o bien de medios de pago", destacó la presidenta del instituto emisor Rosanna Costa.

Uno de los principales resultados es que el 57,4% de los hogares tiene alguna deuda. De ellos, el 42,5% tiene deudas de consumo; el 19,4% mantiene deudas hipotecarias; el 12,5% en educación; el 5,4% otras deudas y el 4,3% deuda automotriz.

Este porcentaje de hogares con deuda se redujo en comparación a 2017, tendencia a la baja que ya se marcó en 2014, con la reducción de tenencia de deudas no hipotecarias.

En promedio en los últimos cinco años, el ahorro de los hogares ascendió al 32% del ahorro nacional bruto, mientras que la deuda llega al 49% del PIB.

"La principal motivación de los hogares para ahorrar es para hacer frente a gastos inesperados", explicó Costa.

En el Estrato 1, que contempla al 50% de los hogares chilenos, señalaron contar con ingresos de hasta 1.138.860, mientras que el Estrato 2, que abarca al 30% de los hogares, los consultados indicaron contar con salarios de 1.138.861 a 2.204.255, y el Estrato 3 (20%) los ingresos se consideran desde 2.204.255.

En comparación con 2017, los ingresos medianos de los hogares crecieron 13% en términos reales, sin considerar los retiros de fondos de pensiones.

Activos y pasivos

En cuanto a los activos de los hogares, el 91% de los hogares cuentan con ellos, y en el desglose 81% son reales versus el 37% que son financieros. Según el Banco Central, la proporción de hogares con algún tipo de activo financiero creció por la mayor tenencia de cuentas de ahorro.

En cuanto a los pasivos, el monto mediano de deudas no hipotecarias se mantuvo en términos reales, en tanto que para deudas hipotecarias el monto mediano ha ido en alza desde 2014. Con respecto a las motivaciones de endeudamiento, financiar gastos educacionales sigue siendo la principal, mientras que cancelar otras deudas disminuyó su importancia.

"De alguna manera, ya sea por covid o por los excesos de liquidez de los hogares, ellos pagaron parte de su deuda y ahorraron parte, una parte en cuentas corrientes y otra en cuentas de ahorro", indicó Costa.

En ese sentido, señaló que "se observa claramente en la encuesta que los hogares pagaron deuda y más aún, pagaron la deuda más cara, tasas comerciales y rotativos".

En el detalle de los créditos, el promedio nacional de deuda hipotecaria, de acuerdo con el estudio, es de $39.884.804; el de deuda automotriz es de $3.864.528 y el de deuda en educación alcanza los $3.827.087.

Capítulo aparte merecen las deudas por créditos de consumo, que se dividen en varios tipos de acuerdo a la entidad financiera que los presta. En ello llama la atención que uno de los más altos es el de préstamos o avances en efectivo de casas comerciales (los que tienen mayores intereses) que en promedio alcanzan 1.086.265 pesos.

Polémica ha generado la publicación en la página web de la Cámara de Diputados de los llamados "gastos de traslación" de los parlamentarios, que en algunos casos alcanzan casi cuatro millones de pesos mensuales.

De acuerdo a lo informado por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, los gastos de traslación corresponden a gastos asociados a combustible, peajes (incluidas vías concesionadas), TAG y televías de vehículos que sean propiedad del respectivo parlamentario o parlamentaria o de su personal de apoyo con contrato vigente. Estos contemplan desplazamientos al interior de la circunscripción o distrito, desplazamientos entre la circunscripción o distrito y las sedes del Congreso Nacional y desplazamientos a otros puntos del territorio nacional.

En ese contexto, se reveló que en el mes de mayo, último periodo disponible en la página de la Cámara, 27 parlamentarios rindieron gastos de traslación superiores a $2,5 millones.

Mayores gastos

El diputado que registra el mayor gasto durante ese mes es Víctor Pino (PDG), representante de la Región de Coquimbo que reportó un total de 3.930.186 pesos en este ítem.

En segundo lugar se encuentra otro legislador del PDG: Rubén Oyarzo, quien fue elegido en la RM y rindió gastos por $3.537.833.

El legislador publicó una imagen en la que revela que sus gastos operacionales corresponden a $5.141.593 e indicó: "Comparto información que transparenta gastos operacionales y que destaca mi diputación como la más austera del distrito 8".

Tras ellos aparece el diputado Miguel Ángel Becker (RN por La Araucanía), quien ha reportado gastos de traslación por un total de $3.471.386. En cuarto lugar está el representante de la Región de Coquimbo, Ricardo Cifuentes (DC), con $3.451.053; y quinto está el diputado del Partido Republicano por la Región del Biobío, Cristóbal Urruticoechea, que tuvo un gasto de traslación de $3.378.328 pesos.

En el extremo opuesto, la diputada que menos gastó fue Mónica Arce (independiente en cupo Humanista de la Región Metropolitana), quien solo rindió $8.600. La segunda con menos gastos fue Camila Rojas (Comunes por San Antonio) con $183.764, y tercero aparece Luis Cuello (PC por Valparaíso) con 381.092 pesos.

Es sabido que la obesidad es una problemática que se arrastra a nivel de política sanitaria hace muchos años y en Chile ha sido una preocupación desde el punto de vista de la prevención con programas como Elige Vivir Sano o la Ley de Etiquetados. Sin embargo, con las cifras emitidas por la Junaeb y su Mapa Nutricional 2021 nos queda claro que hemos perdido la batalla.

Según el estudio, el 31% de los niños chilenos tiene obesidad, 10,8% posee obesidad severa y tan solo 34,3% alcanza el peso normal. En regiones la situación más grave se vive en el Maule (33,9%) y la Araucanía (33,75), con cifras nunca antes vistas y donde lo más preocupante es que si el panorama continúa así, el próximo año los menores con sobrepeso superarán a los que tiene peso normal.

Pero estas cifras además nos revelan otra realidad: la obesidad es el reflejo de las profundas diferencias culturales, sociales y educacionales que existen en nuestro país. Un ejemplo de esto es que comunas de la Región Metropolitana más vulnerables son las que presentan mayores prevalencias de obesidad, como Lo Espejo (35,9%), El Bosque (34%) y Pudahuel (33,8%). En la otra vereda, Providencia (16,6%), Vitacura (20,2%) y Las Condes (20,5%) son las que tienen menor índices de obesidad.

No es fácil ser un niño o niña con obesidad en Chile, menos de una localidad de escasos recursos porque el sistema de salud al no reconocer a la obesidad como una enfermedad crónica no garantiza diagnóstico, ni tratamiento, ni menos un equipo multidisciplinario de atención. Debemos impulsar, como muchos médicos lo hemos venido haciendo, que la obesidad sea declarada enfermedad, ese es el primer paso para democratizar la atención y que muchos menores que hoy engloban la cifra de la Junaeb puedan acceder a tratamiento oportuno. Recordemos que, en la mayoría de los casos y precisamente por tratarse de una patología crónica; un niño con obesidad, es un adulto con obesidad.

Estudios como The Economist han calculado que para Chile el costo estimado de la población con obesidad fue de 3.600 millones de dólares sólo en 2020, lo que representa un 1,49% del PIB nominal y el 16,13% del gasto sanitario nacional. Esto, debido al tratamiento de las principales comorbilidades asociadas: diabetes, hipertensión, cáncer colorrectal, infarto y enfermedades coronarias crónicas.

Hay un proyecto de ley dormido en la Cámara de Diputados y numerosos proyectos de acuerdo que interpelan desde el poder legislativo a la autoridad sobre esta materia. A eso se suman innumerables iniciativas ciudadanas, de asociaciones de médicos y de pacientes, que vienen luchando porque la obesidad sea declarada una enfermedad.

Hoy son nuestros niños los más vulnerables y están sufriendo no sólo con una enfermedad física y del alma, sino que además deben lidiar con el estigma de la obesidad y la crueldad propia de la edad, que rechaza todo canon fuera de la norma. Vivir con obesidad en Chile es cargar con una mochila para toda la vida, que ni el sistema, ni la sociedad, ni nadie puede hoy sostener. Por eso, para construir una sociedad más empática, donde nuestros niños puedan ser felices con la garantía que serán atendidos y tratados por un sistema que los acoge, declaremos a la obesidad como la enfermedad crónica que es.

*Médico cirujano Universidad de Chile, especialidad en obesidad y síndrome metabólico