El próximo miércoles, el Presidente Gabriel Boric vendrá por primera vez a Antofagasta, en una visita que se extenderá hasta el viernes. Ese mismo día, llegaría también la ministra del Interior, Carolina Tohá, todo en un contexto en que la inmigración descontrolada y una profunda crisis de seguridad ciudadana ya rebasan todos los límites de lo aceptable.

En febrero pasado, cuando me reuní con el entonces Presidente electo Gabriel Boric, le retraté con la mayor fuerza posible este dolor de Antofagasta, y puse a disposición mi trabajo en el Congreso para la búsqueda de acuerdos transversales y soluciones integrales. Por eso, me parece que esta visita y los anuncios que se harían, en torno a la presentación de una modificación a la Ley de Migración y Extranjería para facilitar las expulsiones administrativas, y un nuevo proyecto que habilitará la expulsión de extranjeros condenados por la Ley de Drogas, son una señal correcta, más allá de la tardanza con que se presentan.

Sin embargo, están muy lejos de ser suficientes. Será necesario que el Ejecutivo los acompañe de acciones concretas, recursos humanos, financieros y administrativos, que le entreguen a nuestras policías y autoridades herramientas adecuadas para el combate de las mafias, asociaciones ilícitas y grupos criminales que se esconden detrás de la inmigración. Será ineludible, también, sumar a la mesa de trabajo al Ministerio Público, Jueces y Cancillería, para lograr, de una vez por todas, la ansiada coordinación de todos los actores involucrados. Un paso adicional será que La Moneda considere una adecuación de la partida presupuestaria contemplada para el combate de la inmigración irregular y las bandas delictivas organizadas, especialmente en el norte del país, para que esté acorde a la magnitud del desafío.

Finalmente, es fundamental que existan metas concretas, indicadores transparentes y públicos, así como plazos que pongan a los compromisos en la arena del accountabilty social, en que las personas puedan participar, evaluar y exigir respuestas, porque todos los anuncios y planes del Gobierno serán bien evaluados por la ciudadanía sólo en la medida que produzcan una disminución en la delincuencia y un mayor orden público.

Un tema que ha concentrado la atención en las últimas semanas es el relacionado con gestiones municipales anteriores y que extienden los problemas a las actuales administraciones. Una situación que se repite en el país y que la región también vive en dimensiones y proporciones distintas, pero igualmente preocupantes.

El alcalde de Antofagasta en más de una entrevista a medios nacionales, con los que se relaciona, ha criticado la mala gestión de sus antecesores, por ejemplo, de obras no ejecutadas en Educación por 1.800 millones de pesos. Situación que derivó en la salida del director ejecutivo de la CMDS, quien antes de su partida corrigió la denuncia edilicia y explicó que los fondos no alcanzaron a ser entregados.

Una situación similar es la que presentó el alcalde de Calama Eliecer Chamorro y el director de la Comdes, Humberto Arraya. El primero de ellos tiene relación con la demanda del Servicio de Salud por el mal uso de fondos para atención de usuarios de Atención Primaria y que fueron destinados a la adquisición de un inmueble para desarrollar una clínica dental.

Proyecto que nunca se materializó y en el que se gastaron 190 millones de pesos.

Chamorro hace algunos días dijo que la Comdes no está en condiciones de reembolsar esa cantidad y que existe una acción legal para determinar responsabilidades. A la vez, cuestionó que el SSA no hiciera antes esa reclamación, sabiendo que Contraloría evacuó en mayo de 2019 esa resolución. Según el jefe comunal calameño, hubo tiempo pero no voluntad para exigir la restitución en el mandato de Daniel Agusto, quien luego fue delegado presidencial regional.

En ambos municipios sus actuales autoridades han dejado en mano de la justicia lo ocurrido antes de sus llegadas, pero exigencias como las definidas por Contraloría complican su gestión porque deben distraer fondos a saldar cuentas o errores heredados.

La legislación y es lo que resuelve Contraloría, más allá que esta misma entidad envié su trabajo investigativo a la Fiscalía para detectar delitos, el municipio y su representante ya sea alcalde o alcaldesa deben responder a sus dictámenes, aunque no hayan estado dentro de su administración.

Es muy lógico, pero la Justicia debiera actuar con la misma velocidad que Contraloría y perseguir a los verdaderos responsables, porque municipios que tienen pocos recursos se van obligados a pagar por errores o despilfarros anteriores.