Después de la celebración de nuestras Fiestas Patrias debemos fortalecer el camino del diálogo y la unidad para que Chile pueda iniciar una nueva etapa en su desarrollo económico, social y político.

¿Qué rol nos corresponderá como industriales del norte? La reciente celebración nos ha permitido revisar el rol que ha jugado nuestra gente y nuestras actividades en la historia de Chile: sí, nuestra minería y su amplia red de encadenamientos industriales y de servicios han sido claves para la conformación de nuestra república, y continúan siendo el principal motor económico del país.

En nuestra región valoramos el rol histórico y presente de nuestra industria. Asimismo, estamos conscientes de las oportunidades que nos ofrece el futuro, de los estratégicos desafíos que tenemos pendientes y el rol que estamos llamados a jugar

Lamentamos que al centralismo capitalino le cueste tanto entender esto. En todas las instancias en que hemos expuesto nuestra realidad (Convención, comisiones del Congreso, etc.), muchas veces constatamos que no somos escuchados. Nuevamente pedimos que nuestro norte y sus oportunidades en torno a la industria minera sea considerada.

Durante las últimas dos décadas ha ido disminuyendo la participación de Chile como principal productor de cobre: si antes era el 36%, ahora solo es un 26%, debido a mayores costos, menores leyes de los yacimientos y porque el riesgo de invertir en Chile ha crecido. Si sumamos que los dos últimos años fueron durísimos, el proyecto de royalty presentado por el Gobierno resulta incomprensible: a la preocupante caída en la producción le sumamos la mayor carga impositiva del mundo, con tasas efectivas entre 55% y 65%. Una cosa es exigirle más a esta industria en términos impositivos; otra muy distinta es esperar que se hunda.

El Ministerio de Hacienda señaló que habrá ajustes y presentó una Propuesta Pro-Inversión. En el caso de la minería, se consideró rebajar la tasa ad valorem por cinco años para proyectos nuevos y de expansión. Si bien promover la inversión es indispensable, lo cierto es que para nuestro contexto productivo esto no se ajusta a la realidad.

¿Cuánto tarda un proyecto minero en desarrollarse y operar? Los nortinos conocemos a la minería y sabemos que esto puede tardar diez o más años. En este contexto, cinco años no es nada. Además, no se entiende no incorporar incentivos para promover inversiones en innovación y nuevas tecnologías.

Con respeto solicitamos no distraernos en aspectos no relevantes. Pedimos corregir el verdadero fondo (y error) de la propuesta: esto es, hacer razonables las tasas efectivas y descartar la modalidad ad valorem. Solo así podremos mantener la competitividad de nuestra industria y todo su aporte a la creación de valor económico y social.

Marko Razmilic

Presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta

Este mes se cumplen dos años desde que comenzó un fenómeno migratorio irregular por las fronteras de la Región del Tarapacá, cuando tras las trabas puestas en Chacalluta en la Región de Arica y Parinacota, miles de migrantes vieron en el sector de Colchane una forma más fácil de llegar al país.

El contexto es importante, pues recientemente se habían aumentado las exigencias para los ciudadanos venezolanos que quisieran llegar a Chile a través de visas de turismo, lo que sumado a la situación de pandemia y fronteras cerradas significó una creciente oleada migratoria.

Al mismo tiempo, septiembre marca la fecha de un desalojo de los espacios públicos y la realización de una marcha, donde la violencia contra los foráneos se fue de las manos. De a poco comenzó un trabajo para poder dar respuesta a una problemática que se fue intensificando con el tiempo.

Tras el llamado Plan Colchane se lograron instalar dispositivos de respuesta a esta crisis, como también reforzar el trabajo de control fronterizo para evitar la instalación de nuevos campamentos, que comenzaron a dar mayor tranquilidad a las personas.

Pero aunque se realizaron esfuerzos, la ciudadanía nunca dejó de estar tranquila, sobre todo cuando se han sumado problemas de inseguridad, que en ocasiones también han tenido relación con el ingreso irregular de personas con antecedentes policiales.

Hoy el Gobierno pretende hacer más cambios y tomará el control de los albergues en conjunto con las agrupaciones de ayuda humanitaria, lo que permitiría en el papel ofrecer mejores condiciones a las familias que llegan al país enfocándose principalmente en la reunificación familiar.

Lo que se viene aún es incierto, con una legislación que no ha permitido ordenar la migración, pero sin luces cercanas de cambios que permitan hacerlo.

La crisis migratoria sin dudas va a continuar, sin embargo, lo importante es que esto vaya reduciendo sus efectos y no lo contrario, sobre todo en una época del año en que los ingresos comienzan a incrementarse debido al mejor clima. El desafío es grande.

Cabe destacar también lo que sucederá mañana en los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander que conectan el estado Táchira en Venezuela con el Departamento del Norte de Santander en Colombia. Este hecho podría significar un alivio en la migración hacia nuestro país.

El 26 de octubre de 2021 en la ruta B25 se detuvo a un funcionario que en un vehículo con logo del Gobierno transportaba 23 kilogramos de marihuana y dos armas con municiones, resultó que el funcionario en cuestión era el encargado de un novedoso programa de drones creado para apoyar el combate de la acción del crimen organizado. Estos hechos, que pudieron habérsele ocurrido a algún guionista de películas de acción de Hollywood, lamentablemente ocurrieron en nuestra región durante la administración del expresidente Sebastián Piñera quienes nombraron a un delincuente y lo pusieron a cargo de nada menos que un programa con acceso a información privilegiada que buscaba controlar el crimen organizado. Como diría un viejo amigo, el gato cuidando la carnicería.

Esta situación debe llevar a todos los que ostentamos algún nivel de representación política a una reflexión profunda sobre cómo evitar caer en los errores que se cometieron en la administración anterior y que nos dejaron vulnerables ante la presencia criminales en el poder.

En primer lugar, hay que entender que la batalla contra la delincuencia exige legitimidad ante la ciudadanía, lo que debe tener como consecuencia asumir las responsabilidades políticas cuando no se actúa con la debida diligencia y se deja a las personas en una situación de vulnerabilidad, dado que el funcionario encargado de protegernos ante el narcotráfico fue precisamente quien participaba activamente de este tipo de ilícitos, lo que atenta contra la confianza básica ante las instituciones. Recordemos que "el gobierno de los mejores" prometió poner un candado a la delincuencia y, por el contrario, en nuestra región entraron por la puerta ancha.

En segundo lugar, se requiere que las acciones sean persistentes en el tiempo. Por lo mismo causa extrañeza que las ostentosas declaraciones de diputados de RN o de las directiva regional y nacional del mismo partido, anunciando querellas contra ese funcionario no se hayan mantenido hasta el final del proceso jurídico. Lamentablemente con fecha 6 de julio del 2022 vimos con sorpresa que las autoridades de ese partido se desistieron de las acciones judiciales que llevaban. El alto estándar de probidad exige que haya coherencia y persistencia en las acciones y no solo publicaciones grandilocuentes para campaña.

El gobierno regional no tiene atribuciones para abordar directamente la seguridad de la región, recordemos que esa función sigue en manos de la Delegación presidencial, sin embargo, desde que asumí el cargo, estamos aportando decididamente en esta materia, por lo que nos hemos puesto al servicio, apoyando con financiamiento a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, dado que son las instituciones que cuentan con la legitimidad para actuar contra el crimen, paralelamente estamos trabajando coordinadamente con la Delegación Presidencial, sumándonos a los operativos de seguridad y financiando los proyectos que van en la línea de avanzar en las soluciones que la ciudadanía demanda.

Por último, debemos alcanzar un gran acuerdo político para actuar en conjunto en contra de la delincuencia. No podemos ni debemos dejarle ningún espacio de incidencia. Por ello organizamos un encuentro con la asociación de alcaldes de la región, con parlamentarios y con la delegación presidencial con el fin de actuar coordinados en acciones de apoyo a las necesidades de la fiscalía y de nuestras policías. Uno de los frutos de este encuentro fue la propuesta de ley que parlamentarios de nuestra región presentaron la semana pasada para dotar de mayores atribuciones a las fiscalías, cumpliendo con ello el compromiso asumido con la región.

El episodio del narcofuncionario debe llamar la atención de todos y todas, pero no para hacer el punto político sino que, para aprender de lo ocurrido y en conjunto, de manera transversal, darnos luces de los compromisos que hemos de tener para recuperar la seguridad en la región.