Nunca antes la política regional estuvo imbuida en una crisis que vinculara directamente la función pública con casos de narcotráfico. En octubre del 2021 la detención de un ex funcionario de la Subsecretaría de la Prevención del Delito (SPD) que trabajaba en la Delegación Presidencial Regional, en una investigación por tráfico de drogas, desató una crisis pocas veces vista.

Hoy, casi un año desde ocurrido el hecho, la justicia ha determinado la veracidad de los hechos y la culpabilidad del grupo de imputados que participó en los ilícitos, entre ellos, el ex funcionario público que arriesga hasta 13 años de cárcel.

En particular, uno de los aspectos más debatidos en el juicio fue precisamente la calidad de funcionario público que ostentaba el acusado. Para la defensa la calidad contractual de la que gozaba el acusado, no permitía calificarlo con las responsabilidades propias de un trabajador del Estado, para el ente persecutor, sin embargo, la calidad de funcionario, en materia penal, se adscribe a las función pública que realizaba (en este caso la supervisión de un programa de televigilancia) más que al tipo de contrato que lo ligaba al Estado.

Y es que la comisión de un delito grave como el tráfico de drogas se ve agravaba con la calidad -o no- de trabajador del Estado. Y hoy, tras la vorágine del plebiscito constitucional, vale la pena subrayar.

La función pública implica derechos y deberes para con la comunidad que muchas veces se dan por sentado y que parecen invisibles. Y es que la probidad de la función pública es parte esencial de la confianza en que las y los chilenos descansan en sus instituciones. Solo esa confianza en el respeto a la función pública hace que el Servel sea uno de esos orgullos silenciosos que exhibe el país en cada elección. Por eso, cuando esa función se ve trastocada por actos de corrupción, o abuso de confianzas, el repudio suele ser transversal e unívoco.

Quienes están en la toma de decisiones en la administración pública tienen el deber de preservar esa confianza y respeto a la instituciones, maximizando los controles y subrayando la probidad de su accionar.

La crisis habitacional que estamos viviendo en nuestro país da cuenta de una verdadera emergencia nacional y para enfrentarla, es imprescindible un trabajo articulado y colaborativo, que requiere de mucha voluntad y disposición. En ese sentido, a la hora de buscar soluciones entre diversos actores, resulta imperante considerar la experiencia de miles de familias que hoy viven en campamentos, esto permitiría alcanzar proyectos de calidad: integrales y sostenibles en el tiempo. Es decir, tenemos que entender a la participación comunitaria como el pilar fundamental para responder a los desafíos actuales de nuestro país.

En otros países hay experiencia en este tipo de participación. En Tailandia existe un organismo llamado CODI, que se encarga de rescatar recursos del sector informal y llegar a través de la experiencia a construir programas públicos y funcionales para toda la ciudad. Entonces, si hay modelos que funcionan, ¿por qué nos hemos tardado tanto en crear políticas públicas que recojan el conocimiento y la experiencia territorial?

Ahora bien, muchas veces el foco de las intervenciones en comunidades vulnerables se queda en el asistencialismo permanente, ese que muchas veces impide que las personas se sientan valoradas al momento de tomar decisiones, como también, incapaces de exponer sus puntos de vista. Una histórica acción que tiene como consecuencia que las familias sean solo un receptor de un beneficio y no el protagonista de un trabajo en común. Ese asistencialismo nos ha llenado de dependencias, limitaciones de las capacidades y otros rasgos que impiden el crecimiento comunitario. Por lo mismo, quizás ya es hora de transitar del asistencialismo al desarrollo comunitario.

Como organizaciones de la sociedad civil tenemos la responsabilidad de transmitir la importancia de la participación, articulación y empoderamiento desde la experiencia territorial, entendiendo como parte clave de la solución el intercambio de aprendizajes con el territorio.

En pocas palabras, como dijo Joan MacDonald, "tenemos que dejar de ver a los campamentos como un problema de precariedad que deberíamos eliminar, minimizar o absorber. Y deberíamos empezar a leer que hay un habitar que es distinto, que merece estudiarse un poco más y ver la tremenda potencialidad que tiene ese grupo de personas".

Es clave empezar a considerar la organización comunitaria como el primer paso hacia el derecho a la vivienda y la construcción de sociedades sostenibles, cohesionadas e inclusivas.

Es la participación social, consciente e informada en los distintos territorios la que permitirá la construcción de toma de decisiones apropiadas para cada realidad. Es la única forma para que las comunidades se involucren en los procesos que tendrán repercusiones en sus vidas. A pesar de que quizás, no será la ruta más rápida, seguramente nos permitirá alcanzar transformaciones reales, que nos permitan avanzar del asistencialismo al desarrollo comunitario.