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Detienen a novia del atacante de Cristina Fernández, mientras su Gobierno prepara "ley del odio"

ARGENTINA. La administración de Aníbal Fernández mantiene una fuerte polémica al buscar regular los "discursos de odio" en medios de comunicación y en la política.
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La polola del hombre acusado de intento de magnicidio contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, fue detenida y será indagada por la Justicia, según confirmaron ayer a la agencia Efe fuentes policiales. En paralelo, el Gobierno de Aníbal Fernández prepara una polémica ley para regular los "discursos de odio" en medios de comunicación.

La novia del acusado por intento de homicidio, Brenda Uliarte, de 23 años, fue detenida la noche del domingo y su teléfono celular fue incautado.

Fernando Sabag Montiel, de nacionalidad brasileña, padre chileno y de 35 años, fue detenido en la noche del jueves último tras apuntar con un arma a la vicepresidenta argentina y gatillar dos veces, sin que saliera el disparo, en momentos en que Cristina Fernández regresaba a su departamento y saludaba a sus seguidores que, desde el 22 de agosto instalaron una vigilia en su domicilio, en el barrio La Recoleta de Buenos Aires.

El detenido por atentar contra la vicepresidenta no cuenta con antecedentes penales en su país de origen, en tanto el arma incautada al sospechoso es una Bersa calibre 32 automática, que, en su base, posee numeración parcial 250, apta para el disparo, de acuerdo con el Ministerio de Seguridad.

Sabag Montiel se negó a prestar declaración el viernes pasado ante la jueza Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, a cargo de la investigación.

La magistrada titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 5 tomó declaración el viernes pasado a Cristina Fernández en la vivienda frente donde se intentó atacarla, luego de que también se tomara declaración a los testigos del ataque.

El ataque a Cristina Fernández se dio en un contexto de fuerte tensión política entre el oficialismo y la oposición, que ha crecido desde que el 22 de agosto, cuando un fiscal solicitara una condena de 12 años de prisión para la vicepresidenta en el marco del juicio oral al que es sometida por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas durante su Gobierno, proceso que se reanudó ayer (ver recuadro).

El proyecto

Mientras, el Gobierno argentino intensifica la idea de una ley que regule los "discursos del odio" que el Ejecutivo de Aníbal Fernández vincula con algunos medios de comunicación y la oposición política.

El senador kirchnerista José Mayans; la titular del Inadi, Victoria Donda; la vocera Gabriela Cerruti y el asesor presidencial Alejandro Grimson dijeron que un proyecto de ese tipo es una "necesidad" de esa nueva legislación, que tiene como precedente similar una polémica "ley del odio" impuesta por Nicolás Maduro en Venezuela.

La oposición argentina se opone tajantemente, pero la negativa no es total, pues hay quienes piden fijarse en otras experiencias, como Alemania o Francia, que tienen normas que regulan puntos específicos. En el caso alemán, la excanciller Angela Merkel propuso la ley "contra el discurso extremista" que pone límites a la libertad de expresión.

"Hay gente que se sienta en un programa de televisión, te estigmatiza y no hay forma de defensa", dijo Mayans a Radio 10.

"Hay periodistas con nombre y apellido que son partícipes necesarios muy centrales de la construcción del odio en Argentina y que hagan una autocrítica y que ese discurso que les genera uno o dos puntos más de rating tiene profundas consecuencias sociales, discursos que generan otros discursos de persecución, de expulsión y de exterminio", dijo al diario La Nación de Argentina Cerruti.

El Gobierno argentino ha lanzado la idea en medio de un convulso clima político en el país para su debate, y la oposición ya ha mencionado el peligro "para la democracia" que significaría limitar la libertad de expresión, especialmente en los medios de comunicación.

Castillo se exculpa, pero Fiscalía amplía investigaciones

PERÚ. Dos de sus ministros serán indagados por un caso en su contra.
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El presidente de Perú, Pedro Castillo, reiteró ayer su inocencia ante la fiscal que lo investiga por presunta corrupción, mientras crece la presión judicial a su Gobierno con la inclusión de su primer ministro y del responsable de Justicia en uno de los casos abiertos en su contra.

El jefe de Estado acudió ayer a la sede del Ministerio Público, en Lima, donde había sido citado por la fiscal general, Patricia Benavides, para responder por tres de los seis casos que tiene abiertos en su contra por presunto tráfico de influencias, encubrimiento personal y organización criminal.

Durante la diligencia, que se extendió por unas tres horas, Castillo no respondió a las preguntas que le hizo la fiscal y solo prestó su versión voluntaria.

De ese modo, replicó la estrategia que ya había usado en los anteriores interrogatorios por los casos relacionados con presuntas irregularidades en ascensos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El mandatario, según señaló a los medios, se limitó a negar y rechazar "tajantemente las imputaciones" y se comprometió a declarar nuevamente una vez la fiscal haya acopiado toda la información.

"Vamos a seguir dando la cara, iremos, acá, donde nos llamen. Estamos tranquilos y vamos a seguir trabajando", dijo desde las puertas del Palacio de Gobierno.

Su abogado más mediático, Benji Espinoza, aseguró que Castillo "es completamente inocente de todos los cargos que falsamente se le atribuyen".

El gobernante está siendo investigado preliminarmente por la salida del exministro del Interior Mariano González, por presuntas irregularidades en la compra de biodiésel y por ser líder de una supuesta organización criminal en el Ejecutivo.

Según la tesis fiscal, esta presunta red corrupta tenía como objetivo, supuestamente, posicionar a personas de confianza del entorno presidencial en puestos clave para después otorgar fraudulentas licitaciones de obras públicas.

En esta organización, siempre según la misma versión, estaba presuntamente implicado el círculo más íntimo del mandatario, incluida su esposa, Lilia Paredes, y su cuñada Yenifer Paredes, quien cumple una orden judicial de 30 meses de prisión preventiva en un penal de mujeres de Lima.

Desde hoy, por este caso también están siendo investigados preliminarmente el primer ministro, Aníbal Torres, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero.

Justicia de EE.UU. decide que un perito revise documentos de Trump

CASO. Exmandatario tuvo su primer triunfo en tribunales tras allanarse su mansión en Florida. Reiteró críticas al FBI.
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Una jueza estadounidense aceptó ayer que un perito independiente revise los documentos oficiales recuperados en la residencia floridana del expresidente Donald Trump (2017-2021), quien afirmó que se necesitan "agallas" para luchar contra un Departamento de Justicia y un FBI "totalmente corruptos".

La magistrada Aileen Cannon, del distrito Sur de Florida, ordenó que el perito, aún por designar, se encargue de revisar los bienes incautados, gestionar las afirmaciones de privilegio invocadas al respecto, hacer recomendaciones y evaluar las solicitudes de devolución.

Cannon está a cargo de la demanda planteada por Trump contra el Departamento de Justicia de EE.UU. por el registro de que fue objeto Mar-a-Lago, su residencia en Palm Beach (Florida), el pasado 8 de agosto en busca de documentos oficiales que se llevó consigo cuando dejó la Casa Blanca.

Trump, cuyos abogados habían pedido a la jueza Cannon la designación del "special master", como se denomina en inglés esta figura, publicó un comunicado tras conocerse la decisión judicial y, sin mencionar a Cannon ni al perito, indicó que el poder judicial y la policía de investigaciones (FBI) "están siendo empujados a hacer lo incorrecto por muchas fuentes externas siniestras".

"Hasta que no muestren imparcialidad, sabiduría, justicia y coraje, nuestro país nunca podrá regresar o recuperarse, ¡será reducido a ser una nación del Tercer Mundo!", agregó.

Los abogados defensores de Trump alegaron el pasado jueves en una audiencia que la designación del perito independiente brindaría "confianza" a la investigación sobre los documentos oficiales que mantenía el exmandatario en su mansión de Palm Beach.

Los letrados habían reclamado un "special master" no solo para supervisar qué documentos han sido clasificados como cubiertos por el privilegio abogado-cliente y, por ende, separados de la investigación, sino también para revisar el inventario de lo requisado.

A su vez, los abogados del Departamento de Justicia habían señalado en esa audiencia ante la jueza Cannon que la designación de un perito era "innecesaria" y dilataría las pesquisas.

En el registro realizado por el FBI en Mar-a-Lago se encontraron documentos clasificados y secretos que el expresidente republicano presuntamente se llevó consigo cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021, además de 90 carpetas vacías con etiquetas de "calificado" y "devolver a la secretaria del personal/asistente militrar".