¿Qué viene ahora?, se preguntarán muchos. Tal como lo anticiparon sostenidamente la mayoría de las encuestas, ayer se impuso el Rechazo por un amplio margen, por lo que el proyecto de Nueva Constitución redactado por la Convención Constitucional quedará archivado y pasará a la historia como un texto que no logró satisfacer la demanda ciudadana que por tan amplia mayoría manifestó su deseo de tener una nueva Carta Magna en el plebiscito de entrada.

Asoma ahora la duda de qué camino definirá el mundo político para cumplir con esta demanda. En lo práctico, el resultado expresado en las urnas mantiene la vigencia de la Constitución de 1980, reformada en 2005 bajo el mandato del Presidente Ricardo Lagos Escobar. Ni los firmantes del Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución de noviembre de 2019, ni los legisladores en la reforma constitucional que dio el marco al proceso constituyente, se pusieron en el caso de que el proyecto constitucional no fuera aprobado por la ciudadanía. El escenario entonces está abierto.

Jaime Arancibia, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, investigador de POLIS, el Observatorio Constitucional de la misma casa de estudios, y doctor en Derecho de la Universidad de Cambridge, cree que "a partir de septiembre, las fuerzas políticas deberían definir un itinerario de término verdadero del proceso constitucional que recoja las experiencias buenas y malas de los intentos anteriores. Los compromisos recientes de sectores de derecha e izquierda de avanzar hacia posiciones más 'centradas' dan cuenta de un cierto consenso en torno al procedimiento y contenidos de una Carta Magna fiel a la conciencia jurídica de Chile".

Ya en el segundo gobierno de Michelle Bachelet se inició un proceso constituyente en el que participaron más de 200 mil personas y cuyas conclusiones e itinerario no tuvieron continuidad en la administración de Sebastián Piñera. El insumo tampoco fue considerado por el proceso constituyente actual, pero hay quienes han propuesto rescatarlo y sumarlo a todo el trabajo de la Convención Constitucional y al debate público que generaron sus propuestas.

El Presidente Gabriel Boric ya había fijado la posición del Gobierno ante el triunfo del Rechazo. "El pueblo de Chile ya tomó una decisión. Repetir ese plebiscito (de entrada) me parecería redundante", dijo el Mandatario. La discusión que está abierta es si el nuevo proceso contaría con las mismas reglas que el anterior. Desde Apruebo Dignidad ya han advertido que la paridad no se discute, pero sí podría negociarse la composición de los escaños reservados (fueron 17 para 11 pueblos originarios) y cómo se incorporarían los independientes.

Arancibia cree que "el nuevo texto sería confiado a una Convención integrada por representantes elegidos en todo el país, sin listas de independientes, voto obligatorio y aporte de expertos de trayectoria. La propuesta sería elaborada en menos tiempo y sometida a un plebiscito ratificatorio. Seguramente habrá una elección de convencionales por región, similar a la del Senado, a partir de la cual los votos obtenidos servirán también para elegir personas que integren listas nacionales por partido o pacto. Esto último favorecería la integración de expertos o personas de trayectoria que colaboren con su experiencia y conocimiento".

La incorporación de expertos en Derecho Constitucional es algo que está sumando adeptos e incluso se concretó, a juzgar por los dichos de ayer, tras sus respectivas votaciones, del ministro Giorgio Jackson y del propio Gabriel Boric. El mismo PPD propuso una convención de sólo 100 miembros, sin independientes, pero con 24 expertos. Ahora, ¿cómo y quién elige esos expertos? Ese es otro tema para discutir.

Ya hay una iniciativa en el Congreso para que el Mandatario presente en el plazo máximo de 15 días un proyecto que abra un nuevo camino, de tal modo que en un plazo máximo de un mes ya se conozcan las reglas y plazos del mismo.

Los plazos son otro tema. La mayoría de los partidos políticos se han manifestado con sentido de urgencia, indicando que debiera comenzar de inmediato a conversarse el nuevo proceso. En todo caso, el presidente del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, anticipó que no puede haber otra elección antes de 125 días, porque es necesario depurar el padrón electoral. Es decir, antes de enero sería imposible.

100 miembros, sin independientes y con 24 expertos propone el PPD para una nueva Convención.

A pesar de haberse rechazado el proyecto, el camino recorrido por la Convención Constitucional logró ciertos consensos transversales que podrían considerarse en una futura Carta Maga. "En el plano sustantivo, el texto constituiría un Estado social de derecho que asegure el acceso a agua potable, salud, vivienda digna propia, educación y seguridad social a través de prestadores públicos y privados. Además, ampararía la cultura de los pueblos indígenas, la protección eficaz de la naturaleza, los derechos asociativos, económicos y laborales, la equidad de hombres y mujeres y la valoración del mérito en los mecanismos de selección y elección para cargos y funciones públicas. Sumemos el fortalecimiento de la democracia representativa y de la gobernabilidad mediante partidos políticos sometidos a requisitos exigentes de democracia interna, probidad, transparencia y participación parlamentaria", dice Jaime Arancibia, quien agrega que "la descentralización sería otro eje fundamental de la propuesta, pero no mediante la segregación o burocratización de los territorios sino a través de mecanismos de incentivo eficaz a la inversión privada en las regiones, de autonomía en las decisiones administrativas y de inversión pública, y de mayor representatividad local en el Poder Legislativo".

En otras palabras, el nuevo proceso constituyente que se abrirá en los próximos días ya no será desde una hoja en blanco. El apoyo transversal a la idea de que es necesaria una nueva Constitución no se ahogará por el triunfo del Rechazo, sino que es una segunda oportunidad para que el país firme un nuevo pacto social.