Redacción

El periodista Simón Boric, jefe de gabinete de Rectoría de la Universidad de Chile y hermano del Presidente Gabriel Boric, sufrió una golpiza por parte de un grupo de personas que causaban desórdenes en las cercanías de la Casa Central de la institución educacional, ubicada en el corazón de la Alameda de Santiago.

Según se observa en un video captado desde la vereda del frente de la principal arteria capitalina, Boric se vio rodeado por una turba que lo encaró, entre ellos un joven que tenía en las manos una bolsa plástica. En intentar defenderse, Boric recibió golpes y cuando respondió, todos los demás se le fueron encima para agredirlo.

A través de una declaración pública difundida por la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, la casa de estudios señaló que "hoy al mediodía, un grupo de personas golpeó y violentó a cuatro integrantes de nuestra comunidad: Simón Boric, jefe de gabinete de Rectoría; Francisca Palma, coordinadora de comunicaciones; Jorge Baeza y Raúl Roa, ambos funcionarios de Casa Central".

"Los hechos ocurrieron en las afueras de este edificio de la Universidad de Chile, luego de que uno de ellos los increpara a propósito de un intento de saqueo a un local cercano, viéndose involucrados las otras tres personas que salieron en su defensa", indicó el comunicado.

Otra versión

Sin embargo, el general de Carabineros Carlos González Gallegos, jefe de la Zona Santiago Oeste de la Región Metropolitana, entregó una versión diferente de lo ocurrido.

El oficial contó que un grupo de los violentistas se desplazó desde Ricardo Cumming con Alameda por esta avenida hacia el oriente y al llegar a la esquina de San Diego "se produce una situación con una persona a la cual le sustraen el teléfono celular. Se produce un conato con estas personas, siguen avanzando y este conato termina frente a la Casa Central de la Universidad de Chile".

En ese lugar, añadió el jefe policial, "agreden violentamente a esta persona que había sido víctima del delito de robo y posteriormente es sacada por personas civiles que lo ayudan y lo ingresan a las dependencias de la Universidad de Chile".

"Posteriormente fuimos informados de que esta persona que había sido víctima de un delito es el hermano del Presidente de la República", añadió el general González.

Cuatro detenidos

El mismo oficial reveló que "a este momento (cerca de las 18:00 horas de ayer) hay cuatro personas detenidas por su responsabilidad directa en las lesiones que mantiene el hermano del Presidente de la República, quien fue trasladado al Hospital Clínico de la Universidad de Chile".

Todos los detenidos, tras el trabajo de los policías que revisaron cámaras e imágenes de drones, son hombres mayores de edad y González dijo que "tienen antecedentes por diversos delitos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público y estamos a la espera de que se resuelva su situación procesal".

Según antecedentes publicados por diversos medios de prensa, los arrestados son Benjamín Fernández, quien tiene 20 años y dos arrestos anteriores, uno de ellos como imputado en el incendio de un bus en Estación Central. El otro con un arresto es Francisco Díaz, de 33 años, quien presenta un arresto por infringir las normas sanitarias, mientras que los otros dos no tienen detenciones previas: Jesús Flor (23 años) y Esteban Muñoz (18 años).

La detención previa de Fernández por quemar un bus ocurrió en 2019, cuando se encontraron en su poder guantes de látex y un overol blanco de los que suelen usar quienes causan estos hechos violentos.

Repudio transversal

Conocido el hecho, el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, repudió la agresión y aseveró que "nos enteramos de esta situación que encontramos gravísima".

Luego se sumaron voces de todos los sectores. El diputado Eric Aedo, jefe de bancada de la DC, señaló que "esto no es aceptable, no es la forma en que convivimos las personas. No es la forma de resolver las diferencias ni de decirle a otro que se está en desacuerdo".

Andrés Celis (RN) lamentó "el clima de violencia de últimos días" e hizo un llamado al diálogo. "Presidente Gabriel Boric, espero que su hermano se encuentre bien y se aclare lo ocurrido", señaló.

La diputada Emilia Schneider (Comunes) expresó que "no podemos tolerar esta violencia ni ninguna otra. Las diferencias se resuelven conversando y por la vía de la democracia".

A pocos días del plebiscito del 4 de septiembre, surge la necesidad de hacer un balance sobre el contenido del proyecto de Constitución que será votado este domingo. La Convención constituyente comenzó su tarea de elaborar una propuesta constitucional con un amplio apoyo en las urnas. Sin embargo, el resultado de su trabajo pareciera estar lejos de los anhelos y legítimas aspiraciones de los ciudadanos. El texto que votaremos refleja un ánimo refundacional y maximalista, que ha sido calificado por el Presidente Ricardo Lagos como "partisano", en el que se cuestionan las raíces de la identidad nacional y de nuestra tradición constitucional y democrática.

Por eso, antes de votar, debemos preguntarnos ¿Es esta una buena propuesta? Debemos recordar que la Constitución es un acuerdo en lo fundamental que limita el poder por medio del Derecho, para proteger los derechos y libertades inherentes al ser humano, sin distinción, en un sistema político de frenos y contrapesos, en el que el Estado está al servicio de las personas.

Sin embargo, en esta propuesta sólo se protege a las personas que nacen (artículo 4) y se entiende a la muerte como un derecho (artículo 68). Asimismo, la propuesta ya no consagra a la familia como núcleo esencial de la sociedad, y la extiende a tal punto que la desvincula de los tradicionales vínculos filiativos o consanguíneos (artículo 10). Este concepto deberá ser revisado por los sistemas de justicia, pues todas las materias relativas a herencias, divorcios, pensiones de alimentos, etc. deberían ser reformulados si el texto de la propuesta es aprobado. La propuesta también relativiza el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos no sólo porque no lo reconoce expresamente, sino además porque la educación estará sujeta a una serie de principios, entre ellos, la ideología de género (artículos 35 y 41).

En consonancia con lo anterior, la propuesta constitucional avanza con coherencia y vehemencia en la distinción de las personas como titulares de derechos debido a su etnia, raza y género. Así, el artículo 18 entrega especial titularidad a los pueblos originarios, distinguiéndolos de las demás personas para reconocer a estas naciones derechos individuales y colectivos especiales, acordes con la consagración de Chile como Estado Plurinacional. Esa visión se termina de consolidar en los sistemas de justicia, que implican tribunales especiales en atención a la raza de la persona. En el mismo sentido, en todos los órganos constitucionales se contemplan cupos reservados para miembros de estos pueblos indígenas.

Por otra parte, la prestación de derechos sociales queda reservada al Estado a través de los tres sistemas estatales que se proponen en materia de salud, pensiones y educación. La Cámara de las Regiones y el Presidente de la República deberán desarrollar estos sistemas únicos de prestación social a partir de las leyes de acuerdo regional (artículo 268 letra f). El financiamiento de las prestaciones requerirá de las leyes de concurrencia presidencial necesaria (artículo 266). El problema de este modelo, inexistente en ninguna otra Constitución es que, si el presidente no concurre a la ley, la o las prestaciones quedarán sin financiamiento, y por ende el o los correspondientes derechos sociales, ineficaces. (artículo 265).

El sistema político se aparta de las mejores prácticas sobre frenos y contrapesos, al diseñar un Congreso con un modelo bicameral asimétrico, y un poder judicial gestionado por un Consejo de la Justicia, organismo que estaría compuesto por una mayoría de miembros que no serían jueces. A ello se agrega un Presidente de la República debilitado en sus atribuciones, que, por ejemplo, no podrá declarar el estado de emergencia para aplacar hechos de violencia como los de la macro zona sur, porque simplemente la propuesta eliminó este estado de excepción, sin sustituirlo por otro.

Si bien esta Constitución podría reformarse en caso de que se aprobase y entrase en vigor, lo cierto es que el proceso de reforma es sumamente rígido. Hasta 2026 requerirá un quórum de 4/7 de los miembros del Congreso en ejercicio, además de plebiscito y de consulta indígena. Y si la reforma afecta los derechos e intereses de los pueblos indígenas, se requerirá además su consentimiento.

"Si bien esta Constitución podría reformarse en caso de que se aprobase y entrase en vigor, lo cierto es que el proceso de reforma es sumamente rígido".

*Profesora de Derecho Constitucional e Investigadora de POLIS, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes.