Poco más de $17 millones (23,9 UTA), es la suma que en total deberá pagar Jay Inversiones Spa, titular del pub-restorán Maldita Barra, tras completar dos procesos sancionatorios por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), a raíz de diversas denuncias en su contra originadas desde 2017, por ruidos molestos.

Según consta en el informe del la SMA, del 17 de mayo, tras diversas fiscalizaciones al local, entre el 2017 y 2019 (tras una serie de denuncias realizadas por los mismos vecinos del local en cuestión), Maldita Barra, no solo no cumpliría con la norma de emisión de ruidos (encontrándose excedentes de hasta 16 decibeles durante las fiscalizaciones), sino que además tampoco completaría el programa de cumplimiento, a fin de solucionar las observaciones realizadas por la superintendencia, tanto con el primer proceso sancionatorio de 2017, como con el segundo proceso de 2019.

Sumado a ello, durante el segundo proceso sancionatorio, iniciado en 2019, la abogada Alicia Brito, vocera de la ONG No Más Ruidos, entregó diversos informes a la SMA que daban cuenta de varios incumplimientos por parte del local en cuestión, respecto de la implementación del programa de cumplimiento otorgado por la superintendencia, logrando con ello, más todos los demás antecedentes previos, que la sanción interpuesta por la SMA durante este segundo proceso sancionatorio, alcanzara las 13.9 UTA (casi $10 millones), los que se suman a los poco más de $7 millones resultantes del primer proceso sancionatorio, de 2017. Ambas cifras deberán ser canceladas por el pub-restorán.

Para Sandra Cortéz, jefa de la oficina regional Antofagasta de la SMA, lo ocurrido con Maldita Barra, es un ejemplo para los otros locales del rubro.

"Siempre buscamos que los pub, que los locales, cumplan con la norma. No nos gusta como superintendencia de Medio Ambiente, tener que cursar sanciones, ya que lo único que logra es que los locales entreguen ese dinero a la Tesorería General de la República, pudiendo ellos seguir incumpliendo las normas, es mucho mejor que implementen un programa de cumplimiento, a fin de que puedan subsanar sus deficiencias", explicó.

"No obstante, continuó Cortéz, los otros locales deberían tomar este caso como ejemplo, ya que fue recién después de las multas (casi 17 millones de pesos), que esta empresa comenzó a cumplir con la norma. Hoy, si bien todavía tienen que pagar estas multas, podemos decir que desde un tiempo a esta parte, han aprendido a respetar la norma; que es algo que todos los locales debiesen cumplir al momento de instalarse en un sector con casa-habitaciones", comentó.

Factores

Consultada por cuántos procesos sancionatorios deben realizarse antes de llegar a la clausura del local, la profesional explicó que "para clausurar a un local, fuente emisora de ruidos molestos, hay que analizar varios factores, entre ellos la cantidad de personas afectadas, o qué tipos de problemas de salud ha generado en la población colindante, es todo un tema, no es llegar y cerrar un local.

Agregó que "todo esto es acumulativo, el local Maldita Barra, ya tiene dos infracciones, hay que ver el tipo de incidencia que tenga, si es baja podrían presentar un programa de cumplimento nuevamente, eso se evalúa ya que la idea de la superintendencia es que vuelvan al cumplimiento, ya que la sanción monetaria no elimina el problema".

Vecinos

Al respecto, el ingeniero comercial y vecino de Av. Croacia por más de siete años, Mauro Montenegro, manifestó que "me parece muy bien que se acaten las normas, uno no está pidiendo que hagan algo extraordinario, sino que se acaten las normas solamente, hay leyes que regulan el tema del ruido y no siempre se cumplen. Ahora el pub Maldita Barra se ha mantenido sin problemas, ha ido bajando el volumen, pero siguen habiendo otros locales más conflictivos, sobre todo cuando llega uno nuevo. Es bueno que quede un precedente de que se sanciona a aquellos locales que no cumplen con la norma", dijo.

Durante la mañana de ayer, diversos trabajadores del Centro de Internación Provisoria de Antofagasta (exsurgam) realizaron una manifestación con el fin de dar a conocer las diferentes situaciones de inseguridad que los aquejan al interior del recinto.

En una declaración pública, realizada durante la misma jornada, indicaron que la movilización se realiza en el marco de los cambios que se vienen para ese servicio con la nueva ley 20.084 de responsabilidad penal adolescente, acusando que dichos "cambios no se ajustan a la seguridad de nuestros funcionarios, quienes son expuestos a amenazas tanto psicológicas como físicas".

Asimismo, aseguraron que han recibido diversos ataques con armas blancas "hechizas", por parte de los usuarios que están con régimen cerrado.

"Algunas más graves que otras, como ya ha sucedido, sin una ley solvente que nos proteja y respalde frente a maltratos graves que en algunos casos ha llevado a renunciar a nuestro personal, que ya es escaso, por sentirse desprotegidos", continúa el documento subido a redes sociales

Además, en el texto aseguran que los trabajadores del CIP laboran las 24 horas y que la nueva generación de internos son mucho más agresivos en su actuar. "No disponemos de un respaldo legal ante eventuales agresiones como sí los tienen los fiscales, defensores penales, gendarmería, carabineros de chile y la PDI, establecidas en sus respectivas leyes orgánicas y en el código penal".