Un rechazo transversal entre los parlamentarios de la región, generó un proyecto de ley presentado durante el último año de la antigua administración presidencial, y que hoy se discute en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, el cual busca dotar al Ministerio de Bienes Nacionales de facultades exclusivas respecto a la transferencia de títulos de dominio de terrenos de playas fiscales, tanto a personas naturales, como jurídicas.

El proyecto que, a juicio de diferentes parlamentarios de la región, permitiría la proliferación de asentamientos y tomas (como la ex Toma VIP del sector El Huáscar), establece que los títulos de dominio que sean transferidos por Bienes Nacionales, durante el tiempo que se establece dicha ley (10 años), "estén situados dentro de una faja de tierra de 80 metros de ancho, medidos desde la línea de más alta marea de la costa del litoral, que estén situados en la regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama".

Asimismo, consigna que "las personas naturales y jurídicas chilenas que deseen acceder a la transferencia de dominio deberán ingresar una solicitud ante el Ministerio de Bienes Nacionales dentro del plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de la presente ley (...) por su parte, el Ministerio de Bienes Nacionales deberá dar inicio a procesos licitatorios que tengan por objeto la transferencia de dominio dentro del plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de la presente ley".

Para el senador Pedro Araya, el proyecto en cuestión es bastante peligroso. "A mi juicio es un incentivo a las tomas, ya que se establece que Bienes Nacionales podrá disponer del borde costero sin ningún requisito, pueden ser personas que se han tomado irregularmente sitios, o bien puede vendérselos a empresas sin ningún criterio. Podríamos llenar el borde costero de tomas, el proyecto no le coloca ningún límite a Bienes Nacionales, respecto de la transferencia y el dominio de título, cualquier persona puede ingresar una solicitud".

Sobre el punto, el senador Esteban Velásquez, explicó que hay que corregir el proyecto, involucrando a los gobiernos regionales y comunales, en la toma de decisiones, ya que "son ellos quien tiene que participar en la administración de los suelos del territorio en el que estamos viviendo, territorios de las regiones del norte".

Asimismo, fue crítico respecto de la labor y fiscalización que realiza Bienes Nacionales al respecto, considerando el alto número de este tipo de asentamientos y los pocos desalojos que se producen. "Lo que debe hacer Bienes Nacionales, así como hizo con la toma VIP, ya sea en borde costero o a orillas del Río Loa, donde tenemos en pleno oasis, diversas ocupaciones, es ordenar el desalojo y demoler aquellas tomas, que al igual que la Toma VIP, no son viviendas de primera necesidad, sino segundas viviendas".

Retiro

La senadora por Antofagasta, Paulina Núñez, y parte de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, explicó que la gran mayoría de los parlamentarios no están de acuerdo con el proyecto y que se pedirá que el gobierno lo retire. "Acá hay un proyecto de ley que efectivamente ingresó el gobierno anterior, y que nosotros no compartimos en la forma como está planteado, pero a propósito de este proyecto ley, lo que hemos hecho es ponerlo en tabla para que se inicie su discusión para que de una u otra forma, empujar al gobierno a que se pronuncie sobre el tema, que para nosotros es poder consolidar el dominio de aquellas personas que durante mucho tiempo, décadas, han pagado arriendos o han pagado concesiones o están de manera irregular, pero con una solicitud ingresada en el ministerio de Bienes Nacionales".

Acotó que "nadie está de acuerdo con el proyecto así como está, por eso queremos que el gobierno lo retire e ingrese uno que esté focalizado a las primeras cuatro regiones del país, con una perspectiva desde el norte (...) no estamos hablando de licitar paños para hoteles, y menos para personas que puedan llegar a estos lugares y se termine incentivando una toma de terrenos porque total se les va a regularizar igual el día de mañana, no, estamos hablando de personas que ya llevan un tiempo importante, décadas, y que después de haber pagado por tanto tiempo arriendos y concesiones, se les pueda reconocer por ley, se les pueda abrir por ley la posibilidad de consolidar su dominio".

Diputada

Sobre el punto, la diputada del PDG, Yovana Ahumada, explicó que "este proyecto pudo haber tenido una buena intención, pero lamentablemente no está debidamente limitado, para evitar que personas, que hacen las cosas con mala intención, como lo que pasó con la toma VIP y pasa en otras tomas que incluso están emplazadas en área protegidas. Hoy tenemos comunidades indígenas, como los Changos que utilizan estas costas y de aprobarse este proyecto como está, podría suceder que le estemos dando cabida a aprovechadores que pasen a llevar a estas comunidades", dijo.

Agregó que es bueno que estas iniciativas se discutan, ya que "durante mucho tiempo se legisló de manera unilateral, sin tomar en consideración a las personas afectadas e involucradas, resultando en que se presenten este tipo de proyectos de ley que terminan afectando el entorno".

Una condena de 10 años y un día de presidio efectivo recibió una mujer de 25 años, como autora de un homicidio perpetrado el 25 de julio del 2021 a un costado de la popular Feria de las Pulgas en calle Quetena, sentencia a la que llegó el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Calama tras el juicio oral en su contra.

"En un momento, la acusada comenzó una discusión con la víctima, extrajo desde sus vestimentas un cuchillo y le propinó un par de puñaladas en diferentes partes del cuerpo, generando una de ellas una lesión corto penetrante en región dorsal central, la segunda herida fue una lesión en el tórax, herida que generó un shock cardiogénico con hipovolemia por perforación aórtica torácica y hemotórax secundario a herida penetrante torácica por arma blanca, lo que trajo como consecuencia la muerte de la víctima. Tras lo anterior, la acusada huyó del lugar a bordo de un vehículo junto a terceras personas, siendo detenida de manera posterior", explicó a la sala del TOP, el fiscal jefe, Cristian Aliaga sobre la dinámica de los hechos.

Sentencia

El fiscal Aliaga comentó sobre la sentencia que "acogió gran parte de los planteamientos del Ministerio Público vertidos durante el juicio oral se impuso la condena solicitada por la Fiscalía para la acusada que era 10 años y 1 día de presidio efectivo. Asimismo, el TOP desestimó la tesis de la Defensa en orden de la necesidad de fallar con perspectiva de género, en especial, porque la acusada había sido violada por la víctima cuando era menor de edad".

El persecutor agregó que "da cuenta de que su conducta resultó más bien compatible con un ajuste de cuentas o una vindicación por hechos anteriores, tal como se pudo apreciar, por lo demás, en el video reproducido, donde la conducta de la acusada dista de un actuar temeroso o de estar siendo agredida".

Durante el juicio se presentó prueba testimonial, pericial, documental, fotográfica, evidencia material, que le permitió a la sala, dar por acreditados los hechos de la acusación que terminaron con la víctima tendida en la vía pública.

En el proceso además se expuso parte de la compleja vida que llevaba la victimaria, y que la mantenían en situación de vulnerabilidad e inestabilidad. Pese a ello no quedó eximida según el TOP de Calama en su responsabilidad en los hechos acreditados.