La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), a través de su presidente, Juan Jaime Díaz, respondió a través de la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, a la invitación del Gobierno para integrar una mesa de trabajo sobre los medios. La siguiente es la carta de respuesta.

"Por medio de la presente, y en relación a la materia de la referencia, queremos agradecer la invitación que nos ha hecho llegar, para participar en la mesa de trabajo sobre el futuro de los medios de comunicación denominada 'Más amplitud, más voces, más democracia'.

Desde hace más de 70 años, la Asociación Nacional de la Prensa ha sostenido un profundo e irrestricto compromiso con el fortalecimiento de la libertad de prensa en nuestro país. Son muchos los avances logrados en esta materia durante las últimas décadas, y así lo han reconocido los rankings internacionales que colocan a Chile en un lugar destacado en materias de libertad de expresión, al tiempo que reconocen el papel que juegan los medios de comunicación como espacio de debate público y en la fiscalización de las autoridades.

Sin embargo, hay numerosos desafíos pendientes y nuevas amenazas que se plantean al ejercicio de esta libertad fundamental, tanto desde el ámbito regulatorio como de fenómenos sociales que se han potenciado con las nuevas tecnologías de la comunicación.

Por de pronto, en el contexto de la crisis de octubre de 2019, diversos medios sufrieron ataques y atentados que destruyeron parcial o totalmente sus instalaciones. Y en estos tres años la labor periodística se ha visto afectada por un inédito clima de crispación, con amenazas y hostigamiento a profesionales de la prensa. Asimismo, la violencia imperante en la llamada macrozona sur del país ha golpeado con particular dureza la actividad periodística destinada a informar de ella, lamentándose amenazas y lesiones sufridas por colaboradores de los medios de comunicación.

En otro plano, tras una década de vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de innegable relevancia para el ejercicio de la actividad periodística, se ha hecho evidente la necesidad de actualizarla recogiendo la experiencia y recomendaciones del Consejo para la Transparencia y el consenso técnico de los expertos.

Preocupa también la escasa promoción de los mecanismos de financiamiento al desarrollo de los medios regionales y a los estudios sobre pluralismo en el sistema informativo que establece la Ley de Prensa. Eso impide que esta normativa, largamente tramitada en el Congreso, cumpla sus fines, generando una comprensible frustración.

Estas materias, entre varias otras, nos parecen de la mayor importancia para el fortalecimiento y la profundización de la libertad de prensa en nuestro país.

La iniciativa promovida y coordinada por el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) y tres universidades del Estado para elaborar, en un plazo de seis meses, un informe público sobre los derechos asociados a la comunicación e información, y del ecosistema medial chileno, no nos parece el camino apropiado para abordar los temas señalados anteriormente y, por el contrario, conlleva potenciales riesgos para la libertad de prensa.

Desde luego, si el objetivo es promover un debate académico respecto de estas temáticas, y del sistema de medios actual, caracterizado en una multiplicidad de voces que se han podido generar gracias a la presencia digital y multimedial, no se entiende el protagonismo del Ministerio Segegob, su realización en dependencias gubernamentales y el criterio de selección de instituciones académicas exclusivamente estatales encargadas de su realización.

Asimismo, la mesa de trabajo conformada por el Ministerio Segegob para elaborar el referido informe público -para cuya ejecución compromete usar "sus plataformas comunicacionales" y 'financiar los gastos de transporte'-, es ajena a los estándares y prácticas internacionales en materia de libertad de información. Hay que recordar que las señales como estas suelen anteceder a lesiones a la libertad de prensa, según se puede ver en la experiencia de otros países.

Inevitable es que emerja una duda respecto de si esta iniciativa podría derivar en la definición de políticas públicas o incluso en la presentación de propuestas legales que introduzcan nuevas regulaciones para el funcionamiento de los medios.

En cualquier contexto democrático fundado en una sociedad libre, los medios de comunicación tienen un rol de control del ejercicio del poder y de promoción del debate público sobre las principales inquietudes de la sociedad. Para el cumplimiento de este mandato, cimiento de la libertad de prensa, es clave la independencia para poder desplegar sus respectivos proyectos editoriales.

Creemos que remover los obstáculos legales y enfrentar la violencia que amenaza la labor periodística deben ser los focos de atención de las autoridades interesadas en fortalecer la libertad de prensa en nuestro país. Como ANP estamos plenamente disponibles para contribuir a su identificación y análisis con las autoridades públicas responsables. Por el contrario, para resguardar la libertad editorial de los medios de comunicación, pensamos que la reflexión sobre los medios y las dimensiones de interculturalidad, género, ética, educación, derecho a la comunicación y otros -que se listan en la tabla que impulsa el Ministerio Segegob para su mesa de trabajo del viernes 26 de agosto- se debe abordar desde la sociedad civil, sin intervención de las autoridades gubernamentales.

De este modo en esta ocasión nos excusamos de formar parte de la mesa del Gobierno porque lamentablemente, las condiciones en que está hoy planteada esta iniciativa hacen imposible nuestra participación, pero seguimos disponibles para dialogar con todas las entidades que sea necesario sobre los asuntos planteados".

En general, las disposiciones transitorias de una Constitución se definen como aquellas reglas que ayudan a "transitar" desde una Constitución antigua a una nueva. De manera que estas normas permiten entender la instalación de la propuesta constitucional y cómo impacta en los poderes del Estado.

Por eso, es muy importante saber con qué Constitución gobernará el presidente de la República en caso de ganar el rechazo o el apruebo. Para aclarar esto, debemos recordar que el texto constitucional propone que el período presidencial iniciado en marzo de 2022 debe terminar el 11 de marzo de 2026 (decimotercera transitoria).

Dicho de otro modo, la disposición quinta numeral segundo advierte: "La o el presidente de la República elegido para el período 2022-2026 no podrá presentarse a la reelección para el período siguiente y continuará en el cargo con las atribuciones constitucionales para las cuales fue elegido". Eso significa que más allá del resultado del plebiscito, la regla transitoria asegura para el presidente todas las atribuciones que hoy posee. Esto es, iniciativa exclusiva en materias de gasto público para fijar salario mínimo, pensiones, educación, salud, etc.

Por lo tanto, si el texto es aprobado es el próximo presidente de la República será quien comienza su período el 11 de marzo de 2026, el que tendrá todas las atribuciones que se contemplan en la propuesta constitucional. Esto, es importante, porque no se podría entender que un gobierno tenga más atribuciones o que pueda usar indistintamente cualquier Constitución.

Sin embargo, si el texto se aprobara existen disposiciones transitorias complejas, que deberían ser materia de ley ya que entregarían atribuciones "nuevas" al primer mandatario y lo convertirían en un poder único e ilimitado. Así, la disposición vigesimoséptima establece la obligación para el presidente de presentar proyectos de ley que tengan por objeto la creación, adecuación e implementación de los sistemas de salud, seguridad social, en el plazo de 24 meses.

También, vía disposición transitoria se faculta al presidente para presentar proyectos de ley en materia de protección de la infancia, nombramientos en el sistema plurinacional de justicia, creación de la Agencia Nacional del agua, Defensoría del pueblo, Defensoría de la Naturaleza y tribunales administrativos, al menos.

Con todo lo anterior, parece existir una contradicción entre las mismas disposiciones transitorias del texto propuesto. Una disposición que advierte que sólo tiene las facultades por las que fue elegido y, otras, varias en que se le faculta a enviar cuantos proyectos de ley sean necesarios para poner en marcha el texto que se propone. Un Presidente con dos Constituciones no parece razonable, si se piensa que el constitucionalismo nace para limitar el poder de los monarcas absolutos. No parece lógico, tener un gobierno con dos almas si al final del día, el mismo texto asegura que sólo tendrá las atribuciones de la Constitución vigente.

*Profesora de Derecho Constitucional e Investigadora de POLIS, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes.