Los científicos están perfeccionando su comprensión de áreas como el cambio climático, el aumento de las tasas de consumo de recursos, las tendencias demográficas y la degradación ambiental. Los cambios en este y otros aspectos deben tenerse en cuenta al diseñar estrategias de desarrollo a largo plazo. Para establecer estas estrategias cimentadas en la ciencia debemos, como primer paso, comprender mejor al planeta, sus ciclos hidrológicos, de nutrientes y biogeoquímicos entre otros, los que forman parte del sistema de la Tierra, para determinar de manera más precisa la capacidad de carga de la región y su capacidad para resistir las limitaciones que le imponen las actividades humanas.

La ciencia puede explicar estos fenómenos a través de la investigación, sobre los procesos ecológicos fundamentales y mediante la aplicación de herramientas eficientes y rentables actualmente disponibles, incluidas las de detección remota y monitoreo automático, y capacidades computacionales y de modelado. La ciencia es vital a la hora de vincular la importancia de este sistema del planeta como un sistema de mantenimiento de la vida y estrategias de desarrollo adecuadas que se centren en su funcionamiento continuo. La ciencia debe proporcionar los implementos para lograr el uso más eficiente de los recursos y encontrar nuevos métodos y formas de desarrollo; aspirando a controlar el uso de los recursos y su utilización menos intensiva, y así reducir el consumo de energía en la industria, la agricultura y el transporte.

Lo anterior, es sólo la primera etapa de la contribución que la ciencia puede hacer al proceso de desarrollo sostenible. Los conocimientos adquiridos deben utilizarse para establecer valoraciones científicas de la situación actual o proyecciones sobre situaciones futuras.

Las actividades productivas a escala local y regional a menudo han contribuido a amenazar el medio ambiente, por ejemplo: el agotamiento de las especies marítimas. Por lo tanto, se deben realizar evaluaciones y proyecciones científicas a nivel local, estas deberían permitir elaborar un plan realista considerando la capacidad de nuestra región, desde el punto de vista del medio ambiente y de la situación económica y social haciendo uso de los conocimientos del medio ambiente local.

En un contexto económico local altamente dependiente de las actividades mineras, una fuerte dinámica sobre las nuevas experiencias se debe afianzar gradualmente en el territorio de Antofagasta, será fundamental en un futuro próximo en la cadena productiva, para ello no solo es suficiente tener autoridades comprometidas, sino un territorio comprometido.

Rubén Rojo Maturana

Director gerente de CICITEM

Chile está encaminando todos sus esfuerzos para que al 2050 seamos un país carbono neutral y que las energías limpias sean las fuentes que alimentan el sistema eléctrico nacional. La meta es ambiciosa pero el avance ha sido más veloz de lo que se esperaba y aunque el panorama es complejo las intenciones y propósitos están puestos en lograrlo en los plazos fijados.

En este desafío a la región le cabe un rol primordial -como se acostumbra- porque aquí operan y pronto estarán en funcionamiento plantas solares, termosolares, eólicas y geotérmicas. Para el 2023 concentra el 60% de la inversión nacional en el rubro con una producción de 12 GW.

Y no se puede olvidar el combustible del futuro que es el hidrógeno verde producido bajo estándares de nula contaminación.

Sin duda, lidera y seguirá liderando esa misión, pero en paralelo hay situaciones específicas que son dignas de destacar. Y estas tienen relación con los habitantes, con las comunidades y con su gente.

Sí, porque no es posible que en la ahora capital de las energías limpias haya lugares que no cuenten con un suministro estable durante las 24 horas. No son pocos y puede que no sean tan poblados como las grandes urbes. No por ello se debe dejar que sigan conviviendo con una precariedad que puede ser solucionada con facilidad.

Por esta razón es muy loable lo ocurrido en Quillagua, pequeño poblado agrícola donde el Loa desemboca su aguas, y que inauguró una planta híbrida que abastecerá al poblado las 24 horas.

Son ese tipo de concreciones que elevan el estándar de vida de las comunidades y que permite su desarrollo.

Así como Quillagua, son varias otras pequeñas comunidades que están en condiciones similares, incluso San Pedro de Atacama también sufre por la inestabilidad en el suministro energético y esfuerzos similares serían de gran apoyo para energizar esos sectores con fuentes limpias.

Es muy necesario que este tipo de esfuerzos que se realizan en el tema energético lleguen a los habitantes de nuestra región para que no sigan viendo pasar la modernidad y el desarrollo ante sus ojos.

Atravesamos un momento complejo en materia económica. El aumento inflacionario en nuestro país y el mundo ha generado que los costos de producción suban paulatinamente impactando directamente en los bolsillos de las personas. Lo mismo está pasando en la industria de la construcción a raíz del alza de los materiales utilizados, a causa de quiebres de stock a nivel mundial, estrechez en la cadena logística, puntualmente marítima, poniendo en riesgo la ejecución de futuros proyectos de infraestructura.

Esto ocurre porque los contratos con organismos públicos no pueden ser reajustados por la autoridad bajo la normativa actual, debiendo las empresas absorber el alza de costos y llevándolas en muchos casos a la insolvencia e irremediable quiebra. Esta situación afecta a obras encomendadas por el MOP, Minvu, Ministerio de Educación, Salud, Municipalidad y Gobierno Regional. Esto ha impactado a más de 50 empresas constructoras a lo largo del país, de las cuales el 80% son totalmente regionales.

El escenario es complejo considerando la importancia que tiene el desarrollo y ejecución de obras de infraestructura pública en el área de salud, educación, vivienda, que en definitiva aportan a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Los últimos 12 meses los precios de los materiales de construcción han aumentado aproximadamente 30%, lo que como consecuencia ha puesto en peligro la continuidad de 370 obras de infraestructura pública, la mayoría de las cuales están a cargo de empresas medianas y pequeñas de regiones, incluyendo obras de gran impacto para las comunidades locales.

Para evitar que esta situación genere la paralización de proyectos tanto de vivienda como de infraestructura pública, resulta necesario un diálogo abierto con las autoridades. En el caso del Ministerio de Obras Públicas, es necesario hacer extensivo a todos los proyectos el reajuste polinómico y revisar caso a caso para encontrar soluciones. Ejemplo de esto es la paralización de los trabajos de mejoramiento del Teatro Pedro de la Barra, mismo destino que corrió la construcción del nuevo cuartel de la PDI en Tocopilla.

Preocupa también el alza del dólar que, pese a la intervención del Banco Central en julio, sigue subiendo a un ritmo acelerado. Según el último informe de cuentas nacionales del Banco Central, el crecimiento interanual del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 5,4% en el segundo trimestre, siendo una cifra menor a la esperada por expertos, y que entrega señales de estancamiento de cara al segundo semestre. Otro dato de la entidad estima que, por cada 1.000 millones de dólares invertidos en infraestructura, se crean 40 mil empleos anuales. Por lo tanto, una caída entre 10% y 20% en infraestructura podría implicar la pérdida de hasta 63 mil puestos de trabajo directos e indirectos.

De acuerdo al Observatorio Laboral, solo en la región nuestro rubro genera empleo para más de 24 mil personas actualmente. Dicho esto, es que enfatizamos en la necesidad de abordar el aumento de costos en la actividad de la construcción con urgencia, especialmente la situación de los contratos con el Estado vigentes. Al ser una circunstancia excepcional y única, creemos que requiere de una medida igual de única y excepcional recurriendo a una vía legal. Casos similares existen en España, Italia, Francia, Grecia, Irlanda, Inglaterra y Alemania. Confiamos en que una idea de este tipo pueda ser considerada como forma de evitar la pérdida de empleos, capacidad productiva y de ejecutar el presupuesto de las distintas entidades estatales involucradas. También como una forma de evitar generar una limitación adicional a la capacidad de recuperación de nuestra economía en el corto plazo.

Marcela Torres Moraga

Presidenta (CChC) Antofagasta