Dueña de vivienda en "toma VIP" presenta recurso de protección en contra de Delegación
DEMANDA. La acción judicial, ingresada por Jacqueline Santander (PS) solicita dejar sin efecto la resolución que ordenó la restitución del terreno fiscal, además del inicio de un proceso administrativo sancionatorio en contra de las autoridades que dictaron el decreto.
La ex candidata a senadora y militante del Partido Socialista, Jacqueline Santander, quien tenía una propiedad en el sector de la "toma vip", presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones en contra la Delegación Presidencial de Antofagasta tras el desalojo y posterior destrucción del inmueble ubicado en el El Huáscar.
El abogado que la representa, el ex seremi de Bienes Nacionales en la administración del Presidente Ricardo Lagos y ex presidente del Primer Tribunal Ambiental, Daniel Guevara, dijo que tomó este caso porque "los abogados tenemos una responsabilidad ética como auxiliares de la administración de justicia, y la situación vivida por Jacqueline Santander, mi colega y ex contendiente en la elección senatorial, y sus vecinos, fue en un escenario realmente angustioso, por una demolición que por mi experiencia y formación profesional a todas luces era atentatorio contra el Estado de Derecho al ser dispuesto sin orden judicial".
El jurista agregó que como lo ha indicado recientemente la Tercera Sala de la Corte Suprema, conociendo recursos de protección, "esta nueva institución de la DPR no tiene atribuciones legales para desalojo de bienes fiscales (que están inscritos a mayor cabida a nombre del Fisco), sino solamente de bienes nacionales de uso público, como plazas o calles. En ningún caso la DPR tiene atribuciones de demolición. Para ordenar desalojos y demolición sobre bienes fiscales y más aún cuando se ha construido en esos terrenos, las atribuciones corresponden al Poder Judicial vía acciones posesorias".
El abogado también dijo que las autoridades tienen el deber de actuar según sus competencias legales, y no puede una DPR sustituirse a las que corresponden al Poder Judicial, ni interpretar extensivamente sus atribuciones, pues todo lo que se actúa excediendo, es inválido y por ende, a su juicio, genera una sumatoria de "irregularidades".
Por último manifestó que este desalojo se trataría de un "ajustes de cuentas políticas". "Más por experiencia en el tiempo y según lo leído, llama significativamente la atención esta "demolición express", me trajo a la memoria las palabras de un político que invocaba la retroexcavadora contra la oposición. Más allá del PS pienso que es clave se restablezca el Estado de Derecho y también la necesaria amistad cívica que está vinculada".
Petitorio
En cuanto a lo expuesto en el recurso legal, la demandante solicita al tribunal dejar sin efecto la "Resolución Exenta Nº 660-2022 (restitución administrativa de la propiedad de raíz fiscal) del 13 de julio de 2022 de la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta".
Junto con ello, la recurrente exige se ordene sancionar o se sirva a disponer el inicio de los procedimientos sancionatorios "en contra las autoridades de la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta".
Además, en la acción judicial se pide que se condene al recurrido en costas del recurso.
Delegación
En tanto, la delegada presidencial de Antofagasta, Karen Behrens, se refirió al recurso de protección que interpuso en su contra la militante de PS, Jacqueline Santander.
Sobre esto, Behrens dijo a SoyAntofagasta.cl "al respecto es dable hacer presente que en Chile como en cualquier estado democrático, se encuentra garantizado el derecho a accionar ante los tribunales de justicia. En efecto, las personas que refiere el señor Guevara están en su legítimo derecho a presentar las acciones judiciales pertinentes para que se reconozca su pretensión".
La autoridad agregó que "en este orden de ideas, como Gobierno nosotros estamos enfocados en la recuperación de los espacios públicos a fin de que ellos sean efectivamente utilizados por la comunidad, tanto en la construcción de vivienda que ha sido anhelada por tantos años, así como equipamiento comunitario y áreas verdes que tanta falta hacen en la ciudad".
La delegada manifestó que "esta administración continuará con su gestión de recuperación de espacios públicos que se encuentra con ocupaciones ilegales, de manera conjunta y coordinada con la secretaría regional ministerial de Bienes Nacionales y para ello, reiteramos que nadie tendrá privilegios ni será tolerado el uso ilegal de predios fiscales".