La propuesta de Nueva Constitución que ya fue aprobada por al menos los 2/3 de los Constituyentes elegidos democráticamente por la ciudadanía, deberá ser refrendada o rechazada en los próximos días por todos los ciudadanos chilenos.

Ciertamente es una decisión compleja que debemos tomar para lo cual resaltare algunos componentes de esta propuesta que me parecen relevantes acorde a mi experiencia en temas públicos.

Esta propuesta de Constitución contiene entre otras innovaciones, como el definirnos como un Estado Social de Derecho, un significativo reforzamiento del concepto que el desarrollo de nuestro país debe comenzar con el accionar mancomunado desde abajo hacia arriba, es decir desde el esfuerzo que las comunidades locales apliquen en la resolución de sus problemas y necesidades. Para ello deja establecido que las competencias que se entregaran a las comunas y regiones en las futuras leyes que emanen de esta nueva constitución, se radicarán priorizando la entidad local sobre la regional y esta última sobre lo nacional (art. 196.1).

A su vez deja establecido que las comunas y/o regiones garantizan el derecho de sus habitantes a participar, individual o colectivamente en las decisiones públicas, comprendiendo en ella la formulación, la ejecución, la evaluación, la fiscalización y el control democrático de la función pública (art. 191.1). Con ello el Estado de Chile, es decir nuestra futura institucionalidad, asegura a todas las personas la equidad horizontal en el acceso a los bienes y servicios públicos, al empleo y a todas las prestaciones estatales, sin perjuicio del lugar que habiten en el territorio (art. 189.2).

Todo lo anterior en el reconocimiento explícito de la autonomía política, administrativa y financiera de las Comunas y Regiones para la realización de sus fines e intereses (art. 187.2). Sin embargo, también deja establecido que en ningún caso el ejercicio de la citada autonomía podrá atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile ni permitirá la secesión territorial (art. 187.4). Eso en cuanto a descentralización y regionalización.

Junto a estos elementos de juicio, también me parece pertinente resaltar que esta propuesta de Constitución deja establecido que para el ejercicio de estos derechos territoriales tanto como los derechos relativos a vivir en entornos seguros, a la ciudad, a la salud, a la vivienda, a la seguridad social, a la participación, etc., el derecho a la educación, la cual se define como un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, es indispensable para el ejercicio de todos los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país (art. 35.2)

La historia de Chile y de nuestra región tiene varios capítulos que nos recuerda lo vulnerables que somos ante la fuerza de la naturaleza y la obligación de estar siempre prevenidos. Si no cumplimos con esa premisa las posibilidades de lamentar desgracias se multiplican y sería una irresponsabilidad no prestar atención a la historia y a las tragedias que nos enlutaron.

Por ello es muy destacable que el municipio de Antofagasta haya recibido el mapa de evacuación en caso de aluviones y definir los puntos seguros. Son 18 quebradas a lo largo de la comuna, muchas de ellas intervenidas y en las que se prohibió la instalación de viviendas.

Algunas de esas quebradas atraviesan la ciudad en el área central y estuvieron habitadas durante décadas previo al aluvión de 1991, cuando el agua arrasó con construcciones y arrebató la vida a decenas de antofagastinos.

Lamentablemente, improvisadas viviendas se instalan en estas zonas prohibidas debido a la necesidad de contar con un lugar donde refugiarse.

El documento que recibió el municipio -y que fue preparado por un equipo de profesionales - detallas lugares y zonas de riesgo de las conocidas y otras nuevas. Y la obligación comunal y regional es visitar los lugares de peligro y ver si siguen ocupadas por modestas construcciones de familias. De ser así, lo único que resta es la erradicación y reubicación de esas personas que no tienen dónde vivir y con una casi nula posibilidad de acceder a la casa propia.

No es una tarea fácil, pero se tiene que abordar al igual que en otras comunas, como los que están en el borde de ríos que suelen ser pocos caudalosos pero que han tenido crecidas que terminaron con viviendas, espacios de cultivos y recreación. Calama, Toconao y San Pedro de Atacama son testigos de ellos. En parte de esos lugares ya se materializó la erradicación, porque la factibilidad existía, tema distinto es en la capital regional donde por cantidad y por falta de terrenos habilitados la misión no es tan sencilla.

Eso no quita que se deba hacer y lo antes posible, porque es conocido que el cambio climático prevé lluvias más copiosas para esta parte del continente. En tiempos cortos precipitará lo que se espera para un año y con ello los estragos se multiplican.

Se tiene definido el mapa de riesgo y lo que se debe hacer. Una evaluación rápida y erradicaciones controladas pueden ser la salida para evitar pérdidas de vidas humanas en esos sitios de algo riesgo y que están habitados.

El comercio ambulante crece y se va tomando crecientes espacios del centro de nuestra ciudad, lo que no puede ser tolerado. Genera focos de inseguridad, deteriora el espacio público y, por sobre todo, compite deslealmente con el comercio establecido, ya que no pagan por el suelo que ocupan, no pagan patentes ni impuestos, ni cumplen con regulación alguna. En esto último, además, los establecidos sufren la discriminación odiosa de ser blanco de todo tipo de fiscalizaciones, mientras que con los ambulantes se hace la vista gorda.

Quiero aprovechar esta tribuna para hacer una propuesta sobre esta materia, desde nuestra fundación Impulso Nortino.

Por un lado, la autoridad debe poner mano dura, manteniendo en forma sostenida una fuerte presencia policial en el centro, con fiscalizaciones, multas y decomisos, así como una implacable persecución a las mafias que abastecen al comercio ambulante. Sin el uso de la fuerza del Estado, no habrá orden en el casco histórico.

Pero junto a la mano dura, la Municipalidad debe entregar permisos, en forma ordenada y planificada, para poner puestos de venta en zonas que tengan atractivo comercial. Esto último es fundamental, ya que dar permisos donde nadie vive o circula, hará que éstos finalmente no se ocupen y los ambulantes vuelvan al centro. Un lugar disponible y con gran potencial es la explanada de la Plaza Bicentenario, en el corazón de la población Bonilla, donde el municipio podría instalar una feria permanente.

El lugar sería una alternativa para las de compras diarias de los más de 60.000 vecinos de la zona, en una plaza que cuenta con una comisaría, un consultorio y una escuela en su perímetro, además locomoción colectiva por avenidas Bonilla y Huamachuco. Estas condiciones generarían la afluencia de público necesaria para que quienes se instalen ahí, tengan buenas ventas.

Hoy la plaza se ocupa poco y fue escenario de duras protestas en el 18-O. Una feria implementada por la Municipalidad, apoyada por el gobierno regional o la empresa privada, con toldos ordenados, personal de aseo, guardias, baños públicos y presentaciones de artistas locales, mejoraría la calidad de vida de los vecinos de ese barrio emblemático, daría opción de trabajo a cientos de personas y descomprimiría el comercio ambulante del centro, así como de la feria Pantaleón Cortés. Serían tres pájaros de un tiro.