Claudio Cerda Santander

La Región de Antofagasta evidencia un sostenido aumento de delitos de mayor connotación social, reflejado además en la alta violencia ejercida contra las víctimas, según reconocen autoridades y residentes de distintos sectores de esta zona del país. A fines del mes pasado el homicidio de un menor de edad (16) de nacionalidad boliviana, tras un ataque en que habría participado un grupo de venezolanos, conmocionó a la ciudad. Un crimen al que se agregó esta semana el robo de $700 millones en oro en una mina en Taltal, dos homicidios y otra muerte que se investiga su causa, además de un asalto frustrado a un camión con cargamento de cobre y posterior baleo a un bus de transporte urbano reportado el viernes pasado en el peaje de la Ruta 1.

En medio de este escenario, el gobernador regional de Antofagasta (Ind.), Ricardo Díaz, en conversación con El Mercurio de Antofagasta expresa la urgencia con la que se requieren medidas eficaces por parte del gobierno para enfrentar el aumento delictual.

"Hoy estamos frente a la constatación del crimen organizado. Estas no son acciones que corresponden a un crimen habitual. No son acciones que se pudieran evaluar que están dentro de las estadísticas, en cuanto a la cantidad de atracos que hay, sino que ya tenemos que empezar a adoptar una forma de actuar que sea distinta, que sea acertada y coordinada con todos los actores de la región. Esto ya no permite que se sigan dilatando decisiones a partir de visiones que quizás son ideológicas. Hay que asumir que hay una acción de algunas personas que están confabuladas, que ejercen alto nivel de violencia y cuentan con alto nivel de preparación y que no temen, por ejemplo, disparar a un bus con personas para provocar terror".

"Creo que hay acciones que son inmediatas: poner protección en las carreteras, este estado de excepción en las carreteras, fortalecer las capacidades de nuestras policías, de Carabineros. Pero además hay otras acciones que deben ser a mediano plazo. Necesitamos esta ley de infraestructura crítica, también una ley que le dé más poder a los fiscales y una ley que otorgue mayores garantías sobre lo que se va a entender como tráfico o microtráfico. Además aumento de sanciones, como en el caso de robo de metales. Ya basta de discusiones; acá lo que necesitamos son acciones concretas".

Hasta el momento el gobierno no ha resuelto adoptar un estado de excepción para la Macrozona Norte. Además, existen diferencias en el oficialismo sobre la pertinencia de implementar el proyecto de ley de infraestructura crítica. ¿Cree que podrían adoptarse estas medidas?

-Espero que toda esta discusión de seguridad no se centre solamente en el estado de excepción, porque claramente cuando uno ve lo que pasa en La Araucanía, no es la solución. Esta es una situación compleja, estamos enfrentando una problemática de múltiples dimensiones y que por lo mismo se debe abordar desde distintas perspectivas. El estado de excepción lo que permite es generar mayor presencia y mayor sensación de seguridad con la presencia de militares, por ejemplo, en las carreteras. Pero no nos engañemos, eso no basta. Aquí se debe dotar a los fiscales de mayores facultades para perseguir los delitos. Tienes que dotar de mayor infraestructura y capacidad a las policías para que puedan enfrentarse con mejores condiciones a este crimen organizado. Hay que generar inversiones, por ejemplo, en cámaras de reconocimiento facial en toda la región para agilizar los trámites de investigación.

Hay que dejar la discusión ideológica y empezar a pensar esto con la urgencia que corresponde, porque cuando una persona va en un bus a su casa y entra un tipo y dispara dentro del bus para amenazar, ese es un terror que solo vive esa persona. Y eso es lo que están viviendo los antofagastinos.

Usted alude que por decisiones ideológicas no debiera dilatarse esta medida, ¿cuáles serían esos factores que impedirían adoptar mayores medidas de seguridad?

-Lo que ocurre es que tenemos una alta tasa de crimen organizado, con bandas que se están armando y cuentan con alto poder de fuego, que demuestran la capacidad de organizarse y actuar coordinadamente. Frente a esto, debe cambiar la respuesta de nosotros como Estado para poder enfrentarlo. Cuando hablamos de delincuencia hoy en Antofagasta, estamos hablando de individuos que no temen causar terror en las personas. Frente a ese tipo de individuos debemos actuar con fuerza y con decisión, y brindar seguridad a la comunidad. Ahí es donde debemos dejar los temores, que a veces desde el sector de la izquierda tenemos. Por ejemplo, con respecto al actuar de las policías o de la presencia de efectivos militares en distintas zonas en que sea necesario.

¿Considera que las autoridades que forman parte del oficialismo han abrazado como causa común estos requerimientos que usted manifiesta o falta que parlamentarios se pronuncien de igual forma para requerir mayores medidas de seguridad en la Macrozona Norte y Antofagasta?

-Lo que espero es que el trabajo del gobierno del nivel central tome en cuenta lo que estamos viviendo los que habitamos el territorio. Aquí, hay una diferencia muy grande de aquellos parlamentarios que viven en la región, que ven los que estamos viviendo continuamente, de aquellos que solamente trabajan en la región. Ahí hay una diferencia muy grande. Los que vivimos acá, estamos viendo cómo constantemente en la gente aumenta el temor de salir a las calles, cómo constantemente sienten que no pueden acceder a los espacios públicos, cómo se siente temor de mirar al otro como alguien que pudiera amenazar. Y se está acudiendo a la violencia y al miedo para poder actuar. Un grupo de personas en Tocopilla agredió fuertemente a otra, para intentar hacer justicia por sus manos.

No podemos llegar a ese nivel de descontrol, tenemos que lograr que la institucionalidad funcione, pero para que funciones se tiene se tiene que escuchar la voz de los territorios, y hay parlamentarios que han planteado con fuerza esa situación. La delegada presidencial ha estado trabajando en operativos, pero se necesitan claramente mayores facultades de toma de decisión acá en la región. O sea, no puede ser que para querellarse por un delito se tenga que pedir permiso a Santiago, porque esas son decisiones que se deben tomar acá; tampoco puede ser que el director de Migraciones Regional tenga que pedir autorización para ver si puede hacer una reconducción y concretar una expulsión. Esas son decisiones, que debieran tomarse acá.

"Hoy estamos frente a la constatación del crimen organizado. Estas no son acciones que corresponden a un crimen habitual".

Ricardo Díaz, Gobernador regional