Esta semana se conoció una carta del historiador José Bengoa a la CAM. En ella le solicitaba una "tregua con el pueblo de Chile" a fin de no perjudicar la opción por el Apruebo.
La respuesta de Llaitul fue terminante. El profesor Bengoa poseía, dijo, la típica posición del colonizador hablándole al colonizado. El pueblo mapuche, en opinión de Llaitul, habría sido arrinconado en la historia, despojándolo de su riqueza comunitaria. Y la tarea entonces de ese pueblo, y de la CAM, sería la recuperación territorial y la "reconstrucción cultural". Concluye Llaitul declarando a su movimiento como enemigo político y militar de los sectores del Rechazo, y opuesto a un sistema que considera "colonial y capitalista".
Hay que reconocer en Llaitul una claridad de ideas y de propósitos: oponerse política y militarmente al estado chileno para así recuperar el territorio arrebatado y llevar adelante lo que llama "una reconstrucción cultural".
Para advertir lo grave (grave en el sentido de importante y alarmante) de esas palabras, es necesario detenerse en lo que significa el estado, por una parte, y la cultura moderna, por la otra.
El estado moderno (un tipo de institución que se generalizó recién hacia el siglo XVII) equivale a una forma institucional cuya característica específica es que reclama para sí, con éxito, el monopolio de la fuerza en un determinado territorio. De ahí entonces que la "recuperación territorial" que se propone Llaitul es un flagrante desafío al estado. Y ello quiere decir una disputa del monopolio de la fuerza en un sector del territorio. Por eso su declaración de constituir una fuerza militar no es (como lo saben cotidianamente los habitantes del sur y la Araucanía) un exceso retórico sino una fidedigna descripción de lo que constituye a la CAM. Esto plantea un problema de gran envergadura puesto que el estado no puede consentir que se le dispute el monopolio de la fuerza sin que, al hacerlo, renuncie a si mismo.
Es difícil saber si el presidente Gabriel Boric está consciente del desafío y del deber que pesa sobre él. Hasta ahora parece pensar, o preferir pensar, que se trata de palabras o de simples amenazas que pueden ser enfrentadas mediante querellas e investigaciones del ministerio público. No es eso, desde luego, lo que cree Llaitul: él no se piensa como un infractor de la ley, ni un opositor político. Él se piensa -y ha tenido la honestidad de decirlo en la respuesta al profesor Bengoa- un opositor al estado y por tanto un opositor militar.
Si el presidente Boric sigue sosteniendo que en este caso la resolución del problema es política o judicial, bastarán estas palabras de Llaitul para desmentirlo y recordarle el problema que tiene por delante.
Y ese no es el único propósito de Llaitul que alarma. El otro es el de la reconstrucción cultural.
Vargas Llosa, en su ensayo sobre José María Arguedas, llamó "utopía arcaica" al indigenismo, a la idea que los pueblos originarios poseen una cultura escondida, que ha sobrevivido el tráfago de los siglos sin dejarse contaminar por la sociedad moderna. Y que entonces desde el poder sería posible sacudir la pátina del mestizaje para que entonces refulja la cultura originaria o al menos parte de ella y así reconstruirla en la educación de las nuevas generaciones.
Si la amenaza al estado era grave, esta otra es aún peor, porque de tener éxito significaría ahogar la autonomía de los miembros del pueblo mapuche quienes, de tener éxito la CAM, debieran ser disciplinados para que así la cultura prístina u originaria que los siglos habrían escondido -en la aculturación y el mestizaje- pudiera florecer. Esto pone de relieve una dimensión del problema que la CAM plantea que se ha subrayado poco: que ella es una amenaza para cada integrante del propio pueblo mapuche que tiene desde luego el derecho a proteger su cultura pero también, si así lo decide, a abandonarla. Amagar ese derecho equivaldría a sacrificar los derechos fundamentales de los miembros de ese pueblo.
Así entonces si el desafío al estado hasta ahora no ha logrado alarmar al presidente, es de esperar que este otro aspecto del problema -la protección del individuo y sus derechos- si lo despierte.
