La semana pasada notamos el cambio de estrategia comunicacional que tuvo el Presidente Gabriel Boric para liderar a sus 2 coaliciones y llevarlos al triunfo en septiembre. Sin embargo, el verdadero objetivo (aunque no se acepte) era instalar los acuerdos para que se formara una sola fuerza política que administrara las mieles de un éxito constitucional o asumiera con estoicismo la derrota. Se había entendido que la bigamia política del gobierno se terminaba y el objetivo era transformar las dos capillas en una sola Catedral.

Hasta ahí, sonaba fantástico. Incluso el presidente Boric les encomendó discutir y avanzar en las modificaciones que debería tener la nueva constitución para dar más fuerza al relato del "aprobar para reformar", si hasta el partido comunista se mostró dispuesto a estudiar la propuesta mostrando un poquito de apertura y sentido de realidad electoral. Por su parte, la cuestionada Cadem le daba vida al apruebo al mostrar un virtual empate en la medición orientada a la percepción de triunfo. El broche de oro, la aparición de Kast junto a Moreira alejando a más de un elector de la opción rechazo.

Todo bien hasta que el ministro de Hacienda es fotografiado comprando a un vendedor ambulante sin boleta en medio de una crisis económica. Una ministra del interior que necesita ser irrelevante para no equivocarse, sume al ministro de Economía y su particular percepción de la inflación.

Hasta aquí, avergonzantes errores no forzados sin mayor trascendencia en el futuro, pero faltaba más. Faltaba un error tan profundo que puede afectar el desarrollo del gobierno el resto de su periodo incluso ganando el apruebo. Las palabras del ministro Giorgio Jackson sinceraron lo que realmente piensan de sus predecesores concertacionistas varias facciones del Frente Amplio.

Pueden repartirse el animal, pactar por omisión, salir a marchar juntos, pero no respetan ni valoran su lugar en la historia. En rigor esto no debería sorprender a nadie, basta revisar la prensa para recordar que el relato político usado por el Frente Amplio para instalarse en el escenario electoral fue que: la izquierda es el camino pero sin los que se acomodaron al modelo. Incluso dejaron sin apoyo explícito a Guillier en segunda vuelta, no dieron opción ni siquiera al diálogo... evitaron "la cocina", pero entraron al horno sin vuelta.

En política todo es conversable, en ocasiones es mejor tener memoria corta y dejar pasar algunos oprobios, eso permitió que la nueva mayoría sin mayores demoras apoyara a Gabriel Boric y se integrara a un gobierno donde claramente no los quieren mucho.

Todos estos avances están en peligro ahora, incluso el resultado del plebiscito tendrá poca incidencia en esta relación dado que ambos caminos los llevan a encontrarse en el parlamento donde ya mostraron su incapacidad para llegar a acuerdos como en el quinto retiro, los estados de excepción y el tratamiento a los detenidos de octubre. Para colmo Giorgio Jackson al cometer la imprudencia anula su rol articulador en el congreso dejando al gobierno sin más opción que recurrir a los viejos modelos para cuadrar votos.

Si hace cinco semanas se hablaba de un posible cambio de gabinete, después del plebiscito y con cualquier resultado la reconfiguración será inevitable, los nombres se ven de lejos hace meses. A cuatro semanas de la elección más importante de la historia de Chile el gobierno repite los errores, pero a un precio mayor y no por la inflación.

Las condiciones en las que se encuentran las dependencias en las que se albergan el Museo y Archivo Regional son por todos conocidas. Son edificios patrimoniales, de hermosa arquitectura pero que están muy deteriorados por el paso del tiempo y al estar tan cerca de la costa sufren una mayor erosión, principalmente las estructuras de madera.

Esa es la actual realidad de la que se deben hacer cargo las autoridades regionales y de manera célere, porque cada día que pasa el deterioro de las invaluables colecciones es mayor, sin contar con la posibilidad de un terremoto y posterior tsunami que se pueda llevar el legado regional.

Están conscientes de ello y por esta razón trabajan en lo que será un pronto traslado de ambas dependencias. Complica que el lugar no esté definido totalmente y los dos que tienen las mayores opciones de albergar las colecciones no existe seguridad que estarán pronto a disposición de las organizaciones culturales.

El primero de ellos es el edificio de la exMolinera de calle Lima, que tiene un valor patrimonial y que se podría acondicionar como un moderno museo. El incoveniente es que ese inmueble sigue en propiedad de los privados y aún no se logra la adquisición para esos fines y si es así ocurriera tendría que pasar el filtro del Serviu que ha puesto algunas objeciones a esa iniciativa.

La segunda opción es esperar la concreción del proyecto cultural Estación Valdivia que lidera la empresa FCAB y que busca convertir la otrora estación en un espacio de encuentro ciudadano y que reciba al museo regional. El avance de esta iniciativa se encontró con la declaratoria de monumento nacional del inmueble de la estación y que podría ampliarse a zona típica hacia el sector de Las Cocheras.

Esa declaratoria retrasa los planes por las exigencias del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) para intervenir los sitios patrimoniales. De hecho, los ejecutivos del Ferrocarril no ven que pueda iniciarse antes de 5 o incluso más años.

En consecuencia las alternativas que se manejan son lejanas y la necesidad es urgente. Por ende, es necesario que se analicen otras posibilidades mucho más a corto plazo, que cumplan con los estándares necesarios de los actuales museos y que no sólo sirvan para exhibir sino también para resguardar la historia local. Debe existir algo mucho más rápido para concretar el traslado del museo.

Apuntando a una temática clave incorporada dentro del texto constitucional que será sometido el 4 de septiembre a plebiscito ciudadano, los Derechos Fundamentales reconocidos por este documento (109 de 388 artículos incorporan los "Derechos Fundamentales y Garantías") representan la materia de mayor regulación, al menos desde una perspectiva cuantitativa. Al efectuar un examen detallado de las normas que involucran esta esfera, y sin pretender tomar una posición a favor o en contra de los contenidos propuestos, es posible identificar una serie de asuntos que, desde una u otra opinión, generan un mayor grado de debate. Estos temas transcurren desde otorgamiento a la naturaleza de la titularidad de Derechos Fundamentales, pasando por la temporalidad en que los derechos de carácter iusfundamental se podrían concretar, el impacto para las víctimas de violaciones de derechos humanos, la posibilidad de reconocimiento territorial de los pueblos y naciones indígenas (tema que, dada su importancia, revisaré en otra columna), los efectos en el ámbito de la educación, el rol de los privados en la esfera del "derecho a la salud y al bienestar integral", el impacto en materia sindical, el tratamiento de los derechos sexuales y reproductivos, el "derecho a una muerte digna", y el acceso a la justicia con una perspectiva intercultural. Veamos algunas reflexiones que surgen al respecto.

No obstante, la regla de la titularidad ha sido reconocida como un atributo que gozan las personas naturales, su otorgamiento a la naturaleza respecto de los Derechos Fundamentales es algo ya reconocido por ordenamiento comparado de forma explícita (Constitución de Ecuador) o implícita (Constitución de Bolivia), y supone un cambio desde una mirada antropocéntrica hacia una mirada biocéntrica, que comprende al ser humano como parte de la naturaleza y promueve una relación armónica entre ambos. Con relación a cuándo y cómo se puede alcanzar la plena satisfacción de los derechos de carácter iusfundamental, el texto acude al realismo constitucional al establecer la "progresividad", tanto en lo que respecta a la forma (adopción de medidas) como al financiamiento de las prestaciones estatales vinculadas al ejercicio de los derechos. En lo que concierne al ámbito de la educación, la propuesta, sin matices, de no "discriminación en el acceso" a las instituciones de educación, omitiendo el tenor de discriminación "arbitraria" (reconocido actualmente en la propia Ley N° 20.845 de inclusión escolar), podría generar un escenario en que estas instituciones de formación se vieran imposibilitadas de seleccionar estudiantes con mejor rendimiento académico.

El debate sigue abierto y, desde el mundo académico, debemos seguir presentando los insumos necesarios para generar un marco de opinión informada y responsable.